Aumenta la presión sobre Alcoa tras frenar la Justicia el cierre de San Cibrao

La Xunta, el Ministerio de Industria, sindicatos y trabajadores de Alcoa suspiran de alivio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha aumentado la presión sobre la multinacional estadounidense al aceptar algunas de las medidas cautelares solicitadas por las centrales para evitar temporalmente el cierre de la fábrica de aluminio de San Cibrao y 524 despidos. Literalmente, el TSXG ordena a la empresa «abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas» de electrolisis, en las que fabrica el aluminio primario, en tanto no se dicte una sentencia firme en la demanda contra el despido colectivo.

Sin embargo, aunque pueda sonar contradictorio, el TSXG no paraliza los despidos y tampoco la obliga a seguir produciendo, al considerar desproporcionadas ambas medidas. Sí le ordena que, si ejecuta el apagado de las cubas, debe hacerlo de modo que garantice que podrá retomar la fabricación de aluminio y readmitir a los despedidos si la demanda principal finaliza con una declaración de nulidad del ERE. Para llevar a cabo esa parada ordenada, la compañía necesita a los operarios.

Tanto los sindicatos como las Administraciones interpretan que, en la práctica, se paraliza el ERE y el cierre de la fábrica. Justo lo que esperaban para que la presión sobre Alcoa sea máxima y acepte retomar las negociaciones para vender la planta. La ministra de Industria, Reyes Maroto, calificó el fallo del TSXG como un «éxito sin precedentes» para los trabajadores, «que permite mantener activa la planta y preservar los puestos». Maroto expresó que, desde el Gobierno de España, siempre se ha trabajado por el acuerdo «y seguimos tendiendo la mano a Alcoa para buscar soluciones para la planta de San Cibrao».

La Xunta considera que «esta decisión de impedir á empresa a paralización das cubas dá a razón tanto aos traballadores como ás Administracións, que levamos semanas demandando a Alcoa que volva á senda do diálogo: a mellor saída para todas as partes é que acepte a venda da planta de aluminio primario».

Víctor Ledo, secretario general de Industria de CC.OO. en Galicia, se mostró contento con la sentencia, pues interpreta que cierran la puerta a los despidos porque, si los hay, las cubas de electrolisis no se pueden apagar de la forma que permita retomar la producción, como ordena el TSXG. Ledo confía en que Alcoa reflexione y que decida volver a sentarse en la mesa de diálogo. Si no lo hace, Ledo cree que la fábrica debe ser expropiada, de modo que la propiedad pase temporalmente a la SEPI para vendérsela al grupo británico Liberty.

Para la Federación de Industria de UGT, el fallo «supone un serio revés para Alcoa» y espera que regrese a la senda del diálogo. La central defiende que la operación de venta debe afectar a todo el complejo industrial de San Cibrao, o sea, también a la planta de alúmina, como exigía Liberty, uno de los argumentos esgrimidos por la multinacional estadounidense para no firmar el trato.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, consideró «muy satisfactorio» el fallo, e invitó a la dirección a «sentarse a negociar la venta». Según sus cálculos, Alcoa podría empezar a despedir a trabajadores no imprescindibles para el apagado reversible de las cubas, pero «serían una parte mínima», porque se precisa el 90 % de la plantilla.

Mientras, el grupo dirigido en España por Álvaro Dorado no desvela qué hará. Solo que «acata la decisión del Tribunal» y que está analizando el auto.

Intervención, no

Los sindicatos pedían también que el TSXG decidiese la intervención judicial de la planta a favor de la SEPI. Los jueces han rechazado tal medida, copiando en parte la tesis del abogado del Estado, que, durante la audiencia celebrada hace una semana, consideró que se trataba de una opción «desproporcionada».

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