Alcoa afronta pérdidas de un millón a la semana por mantener activa la fábrica de aluminio

La plantilla confía en que el ahogo económico obligue a la multinacional a aceptar la venta


La Voz

Alcoa no ha movido ni una ceja todavía —al menos, públicamente— tras conocer el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le ordena «abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas» de electrolisis de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo). Teóricamente, la empresa podría empezar a despedir a algunos de los 524 trabajadores incluidos en el expediente de despido colectivo que no considere imprescindibles para continuar con la actividad. El presidente del comité, José Antonio Zan, estimó que son necesarios el 90 % de los operarios, así que la multinacional podría tocar al 10 % restante. Pero, ¿lo hará? La compañía no lo aclara. Fuentes próximas a los sindicatos indican que si da ese paso será todo un desafío tanto a los jueces como a las Administraciones.

De momento, Alcoa deberá mantener activas las cubas como medida cautelar en tanto el TSXG no se pronuncie sobre la demanda contra el despido colectivo. Los sindicatos CC.OO., UGT y CIG tienen previsto presentarla este mismo viernes. La Xunta y el Ministerio de Industria concurren al proceso como partes interesadas.

La presión sobre la empresa es máxima. La sentencia del TSXG ha hecho suspirar de alivio a las Administraciones, a los trabajadores y a los sindicatos, que así ganan tiempo para doblegar la voluntad de la empresa para que acceda a regresar a la mesa de negociación para vender la fábrica.

La sangría de las cubas

De momento, la multinacional se enfrenta a un momento de ahogo económico. Las cubas de electrolisis son el origen de las pérdidas y deben permanecer activas por orden judicial durante varios meses, hasta que llegue el fallo sobre la demanda principal. Durante la audiencia celebrada hace unos días para decidir sobre las cautelares, el abogado de Alcoa calculó que una sentencia firme puede tardar en producirse 18 meses y que, durante ese tiempo, la planta dejaría un roto de 86 millones en las cuentas de Aluminio Español, a razón de un millón de euros a la semana. El abogado amenazó con pedir responsabilidades a los denunciantes si finalmente la demanda no prospera.

Esas pérdidas se sumarían a las anotadas en el 2018, de 50 millones; 61 millones en el 2019; y, en principio, 58 al cierre de este 2020, que probablemente serán más. Todas estas cifras no tienen en cuenta las consecuencias de la huelga indefinida que arrancó el 4 de octubre. Zan calculó que la empresa pierde «entre 38 y 40 millones» al mes porque la fábrica funciona, pero no sale producto. A ese ahogo económico contribuirán también los 50 millones en ayudas que le reclama el Ministerio de Industria.

El Gobierno presiona a Alcoa exigiéndole que devuelva 50 millones en ayudas del CO2

f. fernández

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A falta de una solución más contundente que evite el cierre de la última fábrica de aluminio primario de España, los Gobiernos central y autónomo siguen ejerciendo presión para forzar a Alcoa a que dé su brazo a torcer y retome las negociaciones para vender la planta gallega de San Cibrao (Cervo) al grupo británico Liberty. Así, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció en televisión que, tras lanzar varias amenazas, el ministerio ya ha requerido formalmente a la multinacional del aluminio que devuelva 50 millones de euros en concepto de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2. Es una de las ayudas que recibe la industria electrointensiva para enfriar sus costes eléctricos y equipararlos con los de los demás países. Maroto destacó que es una responsabilidad reclamarle a la multinacional las subvenciones recibidas porque «los ciudadanos no entienden que una empresa que ha recibido tantas ayudas públicas hoy esté cerrando y dejando sin empleo a una comarca entera». Añadió que confía en que «tanto los requerimientos del Ministerio de Industria como los requerimientos que esta semana espero salgan también de la Xunta, pongan a Alcoa en la tesitura de devolver el dineros».

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