Presión máxima sobre Alcoa: la Justicia frena el cierre de San Cibrao

F. Fernández LA VOZ

ECONOMÍA

XAIME RAMALLAL

Xunta, Gobierno y sindicatos esperan que el grupo acepte vender la planta

04 nov 2020 . Actualizado a las 20:16 h.

La Xunta, el Ministerio de Industria, sindicatos y trabajadores de Alcoa suspiran de alivio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha aumentado la presión sobre la multinacional estadounidense al aceptar algunas de las medidas cautelares solicitadas por las centrales para evitar temporalmente el cierre de la fábrica de aluminio de San Cibrao y 524 despidos. Literalmente, el TSXG dicta que «se ordena a la empresa abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas» de electrolisis, en las que fabrica el aluminio primario, en tanto no se dicte una sentencia firme en la demanda contra el despido colectivo.

Se ordena a la empresa abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas

Sin embargo, aunque pueda sonar contradictorio, el TSXG no paraliza los despidos y tampoco la obliga a seguir produciendo, al considerar desproporcionadas ambas medidas. Pero sí le ordena que, si ejecuta el apagado de las cubas, debe hacerlo de modo que garantice que podrá retomar la fabricación de aluminio y readmitir a los despedidos si la demanda principal finaliza con una declaración de nulidad del ERE. Para llevar a cabo esa parada ordenada, la compañía necesita a los operarios.

Tanto los sindicatos como las Administraciones interpretan que, en la práctica, se paraliza el ERE y el cierre de la fábrica. Justo lo que esperaban para que la presión sobre Alcoa sea máxima y acepte retomar las negociaciones para vender la planta de aluminio. La ministra de Industria, Reyes Maroto, calificó el fallo del TSXG como un «éxito sin precedentes» para los trabajadores, «que permite mantener activa la planta y preservar los puestos». Maroto expresó que «desde el Gobierno de España siempre hemos trabajado por el acuerdo y seguimos tendiendo la mano a Alcoa para buscar soluciones para la planta de San Cibrao».

La Xunta valoró que «esta decisión de impedir á empresa a paralización das cubas dá a razón tanto aos traballadores como ás administracións, que levamos semanas demandando a Alcoa que volva á senda do diálogo: a mellor saída para todas as partes é que Alcoa acepte a venda da planta de aluminio primario».

Víctor Ledo, secretario general de Industria de CC.OO. en Galicia, se confesó «contento» con la sentencia de los jueces gallegos, pues interpreta que cierran la puerta a los despidos porque, si los hay, las cubas de electrolisis no se pueden apagarse de la forma ordenada que permita retomar la producción, como ordena el TSXG. Ledo confía en que Alcoa reflexione y que decida volver a sentarse en la mesa de diálogo. Si no lo hace, Ledo defiende que la fábrica debe ser expropiada por el Estado, de modo que la propiedad pase temporalmente a la SEPI para que la venda al grupo británico Liberty.

Para la Federación de Industria de UGT, el fallo «supone un serio revés para Alcoa» y aguarda que regrese a la senda del diálogo. La central defiende que la operación de venta debe afectar a todo el complejo industrial de San Cibrao, o sea, también a la planta de alúmina, como exigía Liberty, y que fue uno de los argumentos esgrimidos por la multinacional estadounidense para no firmar el trato.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, consideró «muy satisfactorio» el fallo, e invitó a la dirección de la empresa a «sentarse a negociar la venta». Según sus cálculos, Alcoa podría empezar a despedir a trabajadores no imprescindibles para el apagado reversible de las cubas, pero «serían una parte mínima», porque es precisa el 90 % de la plantilla.

Mientras, el grupo dirigido en España por Álvaro Dorado, no desvela qué hará. Solo que «acata la decisión del Tribunal» y que está analizando el auto en profundidad.

Intervención, no

Los sindicatos pedían también que el TSXG decidiese la intervención judicial de la planta a favor de la SEPI. Los jueces han rechazado tal medida, copiando en parte la tesis del abogado del Estado, que, durante la audiencia celebrada hace una semana, consideró que se trataba de una opción «desproporcionada».

Evitar a toda costa repetir el fiasco de A Coruña y Avilés

El gran empeño de los sindicatos era que las cubas de electrolisis no se pararan. Porque representan el corazón de la fábrica de aluminio primario. Y si este deja de latir... Es la muerte. Los trabajadores de San Cibrao tienen grabado a fuego lo que está ocurriendo con sus antiguos compañeros de las plantas de A Coruña y Avilés. Antes de venderlas, hace un año, Alcoa decidió hibernar las cubas, pero de forma que pudieran volver a encenderse para seguir produciendo si el nuevo dueño así lo decidía. Los actuales propietarios de las fábricas, el grupo industrial Riesgo, no parece tener intención de rearrancarlas, pero si las tuviera, probablemente no podría hacerlo dado el tiempo transcurrido desde el apagado. Además, el comité de A Coruña denunció estos días que Riesgo se está llevando material necesario para ese rearranque y ha pedido la intervención de Alcoa, pues para nada está pasando lo que les prometió.

La hibernación ordenada de las cubas de electrolisis es un proceso delicado: los recipientes deben quedar limpios por dentro y a una temperatura constante que los mantenga adormecidos, pero vivos.

En San Cibrao, los trabajadores temen que ese esmero no sea tal y que las cubas queden inutilizadas. De ahí su empeño en que se mantengan operativas.

Durante la audiencia celebrada la pasada semana en A Coruña, Joaquín Fernández, jefe de tecnología de operación de electrolisis de Alcoa, aseguró que las cubas se pueden rearrancar en todos los casos, y que solo dependía de cuestiones económicas. Según explicó, reactivar las de San Cibrao costaría entre 35 y 40 millones de dólares y las tareas durarían entre cinco y siete meses. Si la parada fuese más abrupta, el coste del rearranque sumaría casi seis millones de dólares más. Los abogados de los sindicatos pusieron en duda esos cálculos económicos.

La última fábrica de aluminio primario de España cuenta con 512 cubas, 43 de ellas paradas. De estas últimas, 36 por decisión de la compañía para reducir producción el año pasado; las demás murieron de vejez.