Trabajo aumentará las sanciones en materia laboral para hacer más caja

Las cuantías están obsoletas porque no se actualizan con el IPC desde el 2008


redacción / la voz

En tiempos de crisis cada céntimo cuenta. El ingente gasto público que afronta España a causa de la pandemia -solo en el 2021 el Gobierno tiene la intención de endeudarse otros 112.000 millones de euros para mantener el empleo y compensar las pérdidas económicas de empresas y familias- ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a escudriñar todos los rincones y rendijas por donde se cuela el dinero que tanta falta le hará a las arcas públicas.

El Ministerio de Trabajo y Economía social, capitaneado por Yolanda Díaz, ha encontrado un resquicio desde el que canalizar más fondos hacia la caja. Según confirman fuentes del ministerio, su equipo trabaja en la actualización de las sanciones que se imponen a los empresarios que incumplen la legislación en materia laboral. La Ley que recoge el rango de multas que ha de aplicarse a cada caso será modificada para aumentar las cuantías. No se trata de una medida arbitraria. Se da una circunstancia atípica desde el 2008 y es que las multas no se han actualizado con la evolución de los precios (IPC). No solo se ha perdido parte del carácter disuasorio que tienen las sanciones -que tratan de encarecer el coste de infringir la ley-, también se ha perdido dinero público.

El ministerio que dirige Díaz quiere poner las cuentas al día. Para eso deberá aplicar un alza acumulada del 14,3 % del IPC (desde el 2008) a todas las categorías de multas, desde las más leves a las más graves. Por seguridad jurídica, no se podrán exigir pagos con retroactividad, pero las empresas o trabajadores por cuenta propia que cometan infracciones desde que se apruebe el real decreto tendrán que ajustarse a las nuevas tarifas.

Multas más duras

El ajuste de las sanciones al IPC dará como resultado un cuadro de multas más duro que el vigente. Tener empleados a cargo sin haberlos dado de alta en la Seguridad Social se considera una falta grave que puede ser castigada con un mínimo de 626 euros y un máximo de 10.000 euros, dependiendo de las circunstancias. Ahora esas cuantía podrían elevarse a los 716 euros y los 11.430 euros respectivamente por empleado trabajando en negro, al margen de las obligaciones a las que tuviera que hacer frente por cotizaciones atrasadas. Los mismo ocurre para los autónomos que no se hayan dado de alta o quienes tengan como empleados a personas que estén recibiendo el paro o se beneficien de una pensión pública. En este caso, si además no lo notifican a la Seguridad Social, la multa pasará de rango a muy grave y el empresario deberá abonar una cantidad que oscila entre los 10.001 (11.430 euros actualizados al IPC) y los 187.515 euros (214.330 euros).

Las sanciones en el ámbito de la seguridad laboral también experimentarán un alza. De actualizarse las cuantías, una empresa podría verse obligada a pagar hasta un máximo de 819.780 euros por infracciones graves como la de exponer a sus trabajadores a niveles excesivos de agentes nocivos que entrañen riesgos para la salud, sin haber previsto medidas adecuadas ante riesgos «graves e inminentes». Lo mismo para quienes no respeten las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores durante los períodos de embarazo y de lactancia.

El Ministerio también estudia actualizar las sanciones que se aplican a quienes incumplen las leyes en materia de trabajo con mano de obra extranjera. Aquellos empresarios que se vean tentados a contratar a trabajadores sin papeles deberán saber que hacen frente a una multa de hasta 68.580 euros por empleado en situación irregular. El traslado de extranjeros asciende a los 6.858 por trabajador o un mínimo de 571.500 euros a tanto alzado si se trata de un grupo grande.

Economía «en B»

Las modificaciones del reglamento también pretenden encarecer el coste del trabajo en negro y desenraizarlo de la economía. En España la actividad sumergida sigue siendo un problema estructural. Mueve el equivalente al 25 % del PIB anual, según los cálculos de los Técnicos de Hacienda. Si aflorase todo ese dinero (300.000 millones de euros), el Estado podría contar con un colchón adicional de al menos 70.000 millones de euros cada año tras recaudar impuestos y cotizaciones, según un informe de Funcas del 2018.

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