El Gobierno arrincona a Galicia en el reparto de las ayudas europeas

Prima por partida doble a comunidades autónomas más despilfarradoras


redacción / la voz

La inversión del Estado en Galicia caerá el próximo año un 11 % con respecto a las últimas cuentas -las del 2018-, si prosperan los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esa es la intención del Gobierno que, a la hora de detallar las cifras, desvela que también ha decidido arrinconar a Galicia en el reparto de las ayudas europeas para el 2021.

Según consta en el documento presupuestario presentado el pasado miércoles, de los 5.373 millones de euros preasignados a las comunidades autónomas -que procederán del sobre regional de 18.793 millones del Next Generation EU-, solo 250 millones de euros (el 4,65 %) recalarán en territorio gallego el próximo año. Al menos 169 para proyectos medioambientales y otros 81 millones para políticas de vivienda.

No es una cifra menor, ni mucho menos, si se tiene en cuenta que la inversión prevista del Estado en la comunidad es de 832,24 millones, pero queda eclipsada cuando se compara con lo que recibirán Andalucía (703 millones), Cataluña (596 millones), Madrid (461 millones), Comunidad Valenciana (414 millones) e incluso una región menos poblada como Castilla y León (293 millones). Galicia es sexta entre las agraciadas. Al menos de momento, porque quedan dos partidas por repartir: unos 5.420 millones de euros que flotan bajo el epígrafe de «otras políticas» y 8.000 millones en ayudas que se fusionarán con los fondos europeos ordinarios que las comunidades reciben año a año a medida que ejecutan sus planes operativos.

¿Qué suponen para Galicia estos 250 millones de euros? Con este dinero -virtual, porque es un adelanto presupuestario y ni siquiera está aprobado- se podría sufragar la mitad de la factura de uno de los proyectos tractores de la Xunta: el centro de economía circular, que exigirá movilizar 525 millones de euros. Aún así, el Gobierno gallego calcula que necesitará 9.400 millones de euros para sufragar el coste de 108 proyectos que ha propuesto inicialmente para relanzar la economía.

Premio al derroche

Bajo el pretexto del impacto económico de la pandemia -que ciertamente ha sido mayor en las zonas más dependientes del sector turístico-, el Gobierno ha optado por concentrar las ayudas europeas regionalizadas en comunidades más despilfarradoras. Galicia cerró el 2019 con un déficit del 0,41 % (263 millones de euros). El agujero en Cataluña ascendió al 0,56 % (1.329 millones de euros), por detrás de Castilla y León (0,72 %) y la Comunidad Valenciana, que despidió el año con un roto enorme en sus finanzas de 2.194 millones de euros (1,91 %), según datos del Gobierno.

A pesar de ser menos disciplinadas con el gasto, las tres concentran el 58,2 % de las ayudas europeas en las cuentas que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este trato diferenciado sigue un patrón similar al de las inversiones del Estado, que también han premiado a estas comunidades, tanto en partidas de infraestructuras como en gasto social. Son más grandes, albergan más empleo e industria, sí, pero también disponen de más riqueza. Los ciudadanos de Madrid y Cataluña superan la media de la UE. Otra cosa es cómo la repartan. Y ahí están los precedentes: el Ejecutivo catalán gastó 27 millones de euros entre el 2011 y el 2017 en sus «embajadas» fuera de España, según el Tribunal de Cuentas. En Madrid el ojo está puesto en su marco fiscal, catalogado de «desleal» por otros Gobiernos regionales.

Aumento de disparidades

Si se consolidan estos números, con los fondos que están por repartir, Galicia correría el riesgo de apalancarse en la eterna senda de la convergencia con las regiones más prósperas. Bruselas advirtió en sus últimas recomendaciones a España de que «existe un riesgo sustancial de que aumenten las disparidades en el país» no solo entre rentas, también entre regiones. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia «probablemente se distribuirán de forma desigual entre las distintas comunidades autónomas», señala antes de solicitar que los Presupuestos incluyan «políticas específicas» para limitar las brechas internas.

El BCE no ve los brotes verdes que reflejan los Presupuestos del Ejecutivo español

La solidez de las cuentas presentadas por el Gobierno dependen en buena medida de que se cumplan sus optimistas previsiones macroeconómicas, especialmente la del crecimiento rápido y sostenido del PIB. Sin una recuperación veloz y vigorosa será difícil cuadrar las expectativas de ingresos y gastos del Gobierno. Aunque el Ejecutivo español se aferra a los brotes verdes del verano y a las ayudas europeas para sostener los números, lo cierto es que se multiplican las señales de alarma que ponen en cuarentena los Presupuestos.

La última llegó ayer procedente del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, admitió que la recuperación entró en declive en septiembre y que hay «perspectivas muy claras de deterioro a corto plazo» a causa de los rebrotes y las nuevas restricciones impuestas para frenar los contagios. La cúpula del organismo estudia la posibilidad de acudir en auxilio de las economías del euro en diciembre si se certifican los malos augurios. ¿Cómo? «Recalibrando» las que se pusieron en marcha en la primera ola. Lagarde abrió la puerta a nuevas compras masivas de deuda para apoyar las finanzas de los países más ahogados, como España.

«Quedan meses difíciles»

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insistió ayer en que la reactivación de la economía española es «notable» aunque no escondió que a España le «quedan meses difíciles» por delante. Las cuentas penden de un hilo. Si la segunda ola arrecia, al Gobierno no le quedará otro remedio que enmendarlas.

El Informe de Estabilidad Financiera de otoño del Banco de España apunta en esa dirección. Las señales de alarma replican las del BCE: las restricciones podrían lastrar la recuperación, que está siendo más lenta de lo esperado. «El agravamiento de la pandemia parece haber tenido ya un impacto negativo sobre la actividad económica. Una recuperación más lenta de lo esperado implicaría que los ingresos de las empresas y hogares fueran más modestos y que su vulnerabilidad financiera fuera mayor, dilatándose la reactivación del empleo y el gasto en consumo e inversión», sostiene el documento.

En otras palabras: los pilares sobre los que se asientan las cuentas del Gobierno para el 2021 se tambalean. El viento de cola de las ayudas europeas no será suficiente.

Las cuentas de España con la UE salen a devolver en el 2021

La pandemia ha trastocado todos los planes, también los presupuestarios en las Unión Europea. Las necesidades de auxilio financiero de países como España han obligado a reconfigurar las prioridades de gasto de las cuentas comunitarias a siete años (2021-2027).

Según recogen los Presupuestos españoles, la UE desembolsará en el 2021 hasta 22.318 millones de euros en fondos estructurales, agrícolas y de cohesión social. Una cifra que contrasta con los 12.394 del año en curso. Ahora bien, a esa cuantía hay que restar la contribución de España a la hucha comunitaria (16.543 millones de euros). Aunque el Gobierno tendrá que sacar la chequera, la cuenta saldrá a devolver 5.775 millones de euros por primera vez en los últimos cinco años, un período de tiempo en el que España hizo un desembolso neto de 5.810 millones de euros a los presupuestos europeos. ¿A qué se debe esta circunstancia tan extraordinaria? A la pandemia. Las transferencias de la UE han engordado con ayudas del fondo de recuperación Next Generation EU, que deberán invertirse en amortiguar los efectos de la crisis y en proyectos que ayuden a relanzar la economía. España dejará de ser contribuyente neto para ser perceptor neto de nuevo.

Cambios

¿En qué se traducirá este raudal de fondos? Las partidas estructurales (Feder y FSE) crecerán en España casi un 40 % y un 134 %, respectivamente, con sendos sobres de 4.553 millones de euros y 2.817 millones. Los cambios se notarán menos en las políticas agrarias, que contarán con una partida de 7.063 millones de euros, solo 12 millones más que en este ejercicio. El Gobierno pinta el mismo escenario para la política marítima y pesquera, que ingresará en el 2021 transferencias por 162 millones de euros, frente a los 151 del 2020.

A diferencia de otras ocasiones, la UE quiere prestar especial atención a la ejecución del dinero -histórica- que tendrá que acometer España, a la que la Comisión Europea acusó en el pasado de derrochar el dinero: «Otros no han sido tan inteligentes en la utilización de estos recursos, y España se encuentra en esta categoría», llegó a deslizar el excomisario de Empleo, Laszlo Andor.

Los presupuestos recogen una subida de un 1,8 % para el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas

Gabriel Lemos / Ana Balseiro

El incremento supondrá unos cien euros más al año en la prestación ordinaria. Pedro Sánchez deja las cuentas públicas en manos de la mayoría de la investidura

La nómina de los 450.000 españoles que viven de una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez crecerá el año que viene un 1,8 %, el doble que la de los más de 8,86 millones que cotizaron el tiempo suficiente para cobrar una prestación ordinaria, que recibirán un aumento del 0,9 %, en línea con la inflación prevista. Una medida que, defendió el presidente Sánchez, demuestra que «este Gobierno es especialmente sensible con las personas con menos recursos», que podrán no solo mantener el poder adquisitivo sino incrementarlo.

En concreto, en el caso de la pensión no contributiva íntegra, que en este 2020 se sitúa en los 5.538,4 euros anuales, la subida será de cien euros en todo el ejercicio. O, si se prorratea, de siete euros en cada una de las catorce pagas en las que se divide la prestación (que se elevarían a 402,7 euros, frente a los 395,6 euros actuales).

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