Los jueces de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deberán analizar un dosier monumental para acordar si paran el despido de 524 trabajadores
30 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Nueve mil folios. Los jueces de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tienen lectura para rato antes de decidir el futuro inmediato de los 524 trabajadores de la fábrica de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao (Cervo) que viven con la amenaza del despido. Los sindicatos reclaman un fallo favorable a adoptar medidas cautelares que frenen la ejecución del despido colectivo hasta que haya sentencia sobre si ese expediente es nulo o no. Tanto la Xunta como el Ministerio de Industria cruzan también los dedos para que el fallo finalmente sea favorable. La resolución podría producirse dentro de unas dos semanas.
Esos nueve mil folios relatan con fruición la historia de una negociación fallida, contada por dos partes enfrentadas. De un lado, Alcoa; de otro, los tres principales sindicatos (UGT, CC. OO. y CIG), respaldados por la Xunta y por el Gobierno central.
La interminable audiencia celebrada el miércoles en el TSXG, en A Coruña, que duró ocho horas, se convirtió en todo un juicio contra la multinacional del aluminio. La empresa trató de mantener el tipo defendiendo que los despidos y la parada de las cubas de electrolisis (por tanto, de la producción) era imprescindible para taponar el río de pérdidas en el que lleva años incurriendo la planta; y que durante el período de negociaciones había hecho lo imposible por alcanzar un acuerdo, primero con los sindicatos sobre el ERE de extinción; y después con la empresa Liberty para intentar vender las instalaciones, como le exigían las Administraciones.
Si las cubas se apagan es el fin
Pero los representantes de los sindicatos, de la Xunta y del ministerio se afanaron en demostrar que Alcoa nunca quiso vender nada y que incurrió en numerosas irregularidades en las negociaciones, que fundamentaron en la decena de requerimientos enviados en ese sentido por la autoridad laboral autonómica. También trataron de poner de manifiesto que el apagado de las cubas que Alcoa dice reversible, no lo es en realidad, y cerraría la puerta a cualquier opción de continuar con la fabricación de aluminio primario. Que sería el fin de un negocio estratégico en España.
Durante la audiencia, cada parte presentó sus testigos. Entre ellos, Iván Iglesias, un trabajador de la planta de San Cibrao que opera las líneas de electrolisis, un oficio que requiere mucha formación. Hay 512 cubas en total, de las cuales, 43 están ya paradas. 36 porque lo decidió la compañía el año pasado para reducir producción y el resto, porque su vida útil expiró. Iglesias reveló que hace unos meses recibieron la orden de «cuba que se para, no se vuelve a arrancar».
Alcoa llevó a Joaquín Fernández, jefe de tecnología de operación de electrolisis, quien defendió que las cubas pueden volver a la vida una vez apagadas: «No conozco ningún caso en que no se pudiera rearrancar ninguna planta». Cifró el coste de acometer esa reactivación en entre 35 y 40 millones de dólares y fijó un plazo para completar la operación de entre cinco y siete meses.
Entre los reproches que le llovieron a la compañía resaltó la ocultación de información. Como que a lo largo de las conversaciones se negó a aportar el contrato que firmó en 1998 con la SEPI cuando adquirió la empresa pública Inespal, para desvelar así las condiciones. La planta de San Cibrao es el penúltimo de esos activos. Queda operativa la fábrica de alúmina, también en Cervo.
Alcoa podría empezar a despedir ya si quisiera, aunque previsiblemente esperará al dictamen del TSXG para mostrar buena fe.
