Los presupuestos recogen una subida de un 1,8 % para el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas

El incremento supondrá unos cien euros más al año en la prestación ordinaria. Pedro Sánchez deja las cuentas públicas en manos de la mayoría de la investidura

La nómina de los 450.000 españoles que viven de una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez crecerá el año que viene un 1,8 %, el doble que la de los más de 8,86 millones que cotizaron el tiempo suficiente para cobrar una prestación ordinaria, que recibirán un aumento del 0,9 %, en línea con la inflación prevista. Una medida que, defendió el presidente Sánchez, demuestra que «este Gobierno es especialmente sensible con las personas con menos recursos», que podrán no solo mantener el poder adquisitivo sino incrementarlo.

En concreto, en el caso de la pensión no contributiva íntegra, que en este 2020 se sitúa en los 5.538,4 euros anuales, la subida será de cien euros en todo el ejercicio. O, si se prorratea, de siete euros en cada una de las catorce pagas en las que se divide la prestación (que se elevarían a 402,7 euros, frente a los 395,6 euros actuales).

En Galicia, la medida beneficiará a unas 38.000 personas, de las cuales 24.000 tienen una pensión no contributiva de jubilación y las otras 14.000, de invalidez. La cuantía media en ambos casos es de 389,82 y de 430,47 euros en cada paga, respectivamente, por lo que la subida prevista para el próximo año será de 7,01 y 7,74 euros.

Hay que tener en cuenta, además, que la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas es la referencia con la que se fijó en su día el importe del ingreso mínimo vital (que parte de los 5.538,4 euros anuales para las personas que viven solas y se va incrementando en función del número de miembros del hogar). En este sentido, fuentes del Ministerio de Seguridad Social confirmaron ayer que el Ejecutivo actualizará las rentas garantizadas un 1,8 % el próximo ejercicio.

No es el único cambio previsto en la ayuda estrella de esta legislatura. Y es que el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, uno de los impulsores de la medida junto al ministro Escrivá, reconoció que «ha habido cosas que no se han hecho bien» y que han generado un «cuello de botella» en la tramitación de la renta mínima.

Para agilizar la concesión de las prestaciones y no dejar fuera a ninguna persona en situación de vulnerabilidad, Iglesias anunció cambios en la regulación. Entre esas modificaciones está la reducción del período de vida independiente que se exige a los jóvenes emancipados para poder acceder al ingreso mínimo, que pasará de tres a dos años.

Además, se permitirá que haya más de dos titulares del IMV en un mismo domicilio y se facultará a los servicios sociales para acreditar que un solicitante cumple los requisitos de acceso, algo clave, explicó Iglesias, en el caso de los sintecho, que no necesitarán pedir un certificado de empadronamiento.

En cuanto a las condiciones de renta y patrimonio, que hasta ahora han motivado la mayor parte de las resoluciones negativas, el vicepresidente anunció que se hará permanente la posibilidad de solicitar el IMV con los ingresos del año en curso. Algo que inicialmente solo se había previsto para este 2020, por la pandemia, pero que el Gobierno entiende que es preciso mantener para dar cobertura a todos aquellos ciudadanos que sufran una brusca caída de ingresos por cualquier motivo.

Un tercio del presupuesto

Las cifras avanzadas ayer por la ministra de Hacienda muestran, un año más, cómo las pensiones son la principal partida de los Presupuestos. De los más de 456.000 millones de euros que desembolsará el próximo año el Estado, casi 163.300 se dedicarán al pago de estas prestaciones, lo que supone un incremento de casi 5.000 millones (3,2 %) respecto a la previsión para este ejercicio.

Una cifra que representa más de un tercio del gasto total, incluidos los cerca de 27.000 millones de la primera partida de los fondos europeos.

Hacienda prorroga un año los módulos de los autónomos y sube el impuesto de los seguros

Los autónomos que en la actualidad tributan por módulos podrán seguir haciéndolo sin cambio alguno en el 2021, ya que Hacienda ha decidido prorrogar, un año más, el método de estimación objetiva del IRPF. Un sistema muy cuestionado por inspectores y técnicos de Hacienda, que ven en él un nido de fraude fiscal, al permitir que ciertos profesionales tributen no por sus ingresos reales, sino por una estimación de rendimiento económico que tiene en cuenta variables como el tamaño del local, el número de empleados o la potencia eléctrica contratada.

De hecho, la reforma fiscal aprobada en el 2015 siendo ministro Cristóbal Montoro pretendía rebajar de 250.000 a 150.000 euros el tope de facturación para poder tributar por módulos. Pero cinco años después, su sucesora ha aprobado una nueva prórroga para mantener el umbral previo a esa reforma que el Gobierno se resiste a aplicar, ahora con la pandemia como excusa. Y es que, según Montero, es necesario «mostrar sensibilidad con los autónomos en un momento de crisis».

En la actualidad, son unos 400.000 los trabajadores por cuenta propia que siguen tributando por módulos, 20.000 en Galicia.

En el terreno fiscal, la ministra de Hacienda anunció además una subida del impuesto sobre primas de seguros, que subirá por primera vez desde 1998. Así, el tipo del gravamen se elevará del 6 al 8 %, encareciendo ciertas pólizas, como las de auto u hogar, ya que no se aplica a otros seguros, como los de salud.

Montero reconoce que solo reserva fondos para un mes de ERTE: «Sería imposible hacer un presupuesto en base a hipótesis»

La partida para abonar las prestaciones por desempleo es una de las que más crecen en las cuentas públicas del 2021: casi 4.200 millones de euros, al pasar de los 20.820 de este ejercicio a los 25.012 que se reservan para el año que viene. Claro que esta cifra se refiere solo a las nóminas del paro ordinario y no incluye el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo, que este año elevarán la factura total del desempleo posiblemente por encima de los 40.000 millones.

Frente a esta realidad, Hacienda ha decidido reservar apenas 718,5 millones para el pago de los ERTE el año que viene, como anunció hace dos semanas en el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea. Una cifra que solo permitiría cubrir una mensualidad de estas ayudas, en concreto la de enero, cuando vence la actual prórroga de los ERTE, pese a que tanto la ministra de Trabajo como el de Seguridad Social han dado por hecho que el sistema se mantendrá mientras sea necesario.

La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer la decisión de no presupuestar los fondos necesarios argumentando que «sería imposible hacer un presupuesto en base a hipótesis sin datos que permitan aventurarlas» y que solo se recogen partidas que «responden a proyectos reales». Pero garantizó que si es necesario prolongar los ERTE más allá de enero «encontraremos la financiación adecuada para hacerlo».

El IPREM se incrementa un 5 % y facilita el acceso a becas o a viviendas de protección oficial

Los Presupuestos para el próximo año recogen también una actualización del IPREM, el indicador público de renta a efectos múltiples, que tras cuatro años congelado se incrementará en un 5 %, la mayor subida desde la creación en el 2004 de este índice, que pasará de los 537,84 euros mensuales actuales a 564,7.

¿Por qué es importante el IPREM y su cuantía? Porque este indicador se creó para sustituir al salario mínimo como baremo de ingreso en la concesión de ayudas y prestaciones públicas, entre ellas becas, subsidios de desempleo o incluso viviendas de protección oficial. Y, a diferencia del SMI, que en los últimos años se ha elevado de forma sustancial (entre el 2016 y el 2020 se ha incrementado en más de 250 euros mensuales, un 46,5 %), el IPREM apenas ha crecido en cinco euros en el último decenio, lo que ha restringido cada vez más el acceso a las ayudas que emplean este indicador como referencia.

Luz verde a una subida fiscal en plena crisis para enjugar un gasto histórico

Patrimonio, sociedades o el IRPF para las rentas altas son algunas de las alzas

ana balseiro

Tras un pulso de semanas, con la subida de impuestos o el límite al alquiler como últimos y mayores escollos, el Gobierno de coalición presentó este martes el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Las cuentas, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará hoy al Congreso para una tramitación exprés, son las más expansivas y las de mayor gasto social de la historia. Para sufragarlo incluyen -tras los mensajes contradictorios de los últimos días y la falta de concreción en el borrador remitido a Bruselas- una batería de incrementos tributarios, pese a la profunda crisis económica. Montero apeló a la «justicia fiscal» y a que aporten más quienes más tienen, subrayando que las de estos Presupuestos son solo subidas «puntuales», avaladas por organismos nacionales e internacionales, y que el objetivo del Gobierno es llevar a cabo una reforma fiscal estructural cuando pase la pandemia. Ya ha creado un comité de expertos para ello. A continuación, los impuestos que suben y con los que se pretende conseguir 1.862 millones de recaudación adicional:

IRPF

Solo a las rentas altas. Pese a que el jueves el ministro Ábalos descartaba que se fuera a elevar el IRPF, argumentando que se haría cuando el país estuviera preparado, el ala morada del Gobierno ha ganado el pulso al PSOE y las cuentas incluyen una subida de dos puntos en el IRPF para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros (el tipo pasa del 45 % al 47 %) y de tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros (se situará en el 26 % desde el 23 % actual). Montero subrayó que el objetivo es dotar al impuesto de mayor progresividad y destacó que la medida, con la que se pretende recaudar 490 millones hasta el 2022 (144 en el 2021), afectará a un número muy reducido de contribuyentes: 36.194 personas, el 0,17 % del total.

patrimonio

Prórroga indefinida y un 1 % más. El gravamen, que recuperó Zapatero en el 2011 de forma temporal y que se prorrogaba año a año, pasa ahora a ser permanente. Asimismo, se eleva un 1 % (pasa del 2,5 % al 3,5 %) el tipo aplicable a los patrimonios superiores a diez millones de euros. El Ejecutivo ha anunciado también que quiere «armonizar» el impuesto en todas las comunidades autónomas -son las que tienen competencias sobre él, lo que desactiva su impacto recaudatorio- para evitar la competencia fiscal desleal.

SOCIEDADES

Se rebajan las exenciones. En lo que respecta al impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas, el Gobierno ha aparcado su idea de fijar un tipo mínimo del 15 % (del 18 % para bancos y energéticas) y solo ha aprobado limitar al 95 % la exención sobre dividendos y plusvalías que las grandes empresas tienen sobre filiales (hoy la bonificación es del 100 %). El impacto recaudatorio estimado es de 1.520 millones en dos años (473 en el 2021) y afectará, según Montero, a 1.739 empresas, el 0,12 % del más de millón y medio que hay. Destacó también que la medida se toma «protegiendo a las pymes», ya que durante tres años, las compañías con facturación inferior a 40 millones podrán seguir aplicándose el 100 % de la exención.

planes de pensiones

Recorte a los individuales. El Ejecutivo pretende impulsar los planes de pensiones de empleo, es decir, los que se suscriben en las empresas. Para ello, eleva su aportación máxima con derecho a deducción de 8.000 a 10.000 euros anuales, mientras que rebaja el atractivo fiscal de los planes individuales, que pasan a una aportación límite de 2.000. La patronal del sector ha criticado la medida, alertando de que hay más de 7,5 millones de partícipes de planes individuales. El Gobierno tendrá que esperar hasta el 2022 por los 580 millones que espera ingresar, ya que provienen de la declaración de la renta.

 IVA

Solo a las bebidas azucaradas. No hubo sorpresas, ya que el Gobierno descartó elevar el IVA a la educación y la sanidad privadas. El único cambio es el de las bebidas azucaradas, que se gravarán al tipo general, el 21 %. Pero solo cuando se compren en el supermercado. No hay cambios en bares y restaurantes.

Cuatro meses de plazo para regular los precios del alquiler

Regular el precio máximo del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda ha sido la piedra que estuvo a punto de hacer descarrilar el borrador de los Presupuestos, ya que Unidas Podemos lo puso como condición imprescindible para apoyar las cuentas, mientras que el PSOE prefería aplazar dicha intervención a que el mercado se estabilizase, pasada la pandemia. Sin embargo, in extremis los socios del Gobierno alcanzaron un acuerdo salomónico. Así, deberá aprobarse por el Consejo de Ministros -dentro de la nueva ley de vivienda- en un plazo máximo de tres meses, según explicó este martes el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La norma, que deberá ir luego al Congreso y estar en condiciones de aplicarse en cuatro meses, antes del próximo marzo, incluirá mecanismos que permitan limitar o rebajar los precios en zonas de mercado tensionadas, tanto en los nuevos contratos como en los existentes. «España tendrá la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa», destacó Iglesias.

Menos oferta y pagos en B

El sector inmobiliario ha acogido el anuncio con preocupación, alertando, además, de que la medida reducirá la oferta de viviendas de alquiler y hará crecer los precios y la economía sumergida. Argumentan también que la iniciativa ya se ha demostrado ineficaz en otras ciudades europeas, como París y Berlín, y hay quienes, como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), dudan de su constitucionalidad.

Empresas del sector y portales inmobiliarios coinciden en que el mercado se está autorregulando con motivo de la pandemia y, por ello entienden que este es el peor momento para una intervención pública.

Ante estas reacciones del sector, la ministra de Hacienda pidió tranquilidad y recomendó esperar a ver la letra pequeña de la normativa, insistiendo en que el objetivo era garantizar el acceso a la vivienda.

El impuesto al diésel sube 3,8 céntimos por litro y llenar el depósito será 2,3 euros más caro

Otra de las subidas de impuestos que, de aprobarse los Presupuestos, más notarán los ciudadanos en el bolsillo, es el encarecimiento del combustible, ya que las cuentas incluyen una subida de 3,8 céntimos por litro para el diésel, cuyo gravamen pasará de los actuales 30,7 céntimos por litro a 34,5, encareciéndolo en 4,6 céntimos (IVA incluido). La equiparación con la gasolina sigue sin ser total, ya que esta seguirá tributando 5,5 céntimos más por litro que el diésel.

La ministra de Hacienda quitó importancia al impacto, asegurando que solo serían 2,3 euros más al llenar un depósito de 50 litros. También subrayó que el gasoil profesional y bonificado no sufrirá variación, de forma que la medida -con la que se estima una recaudación de 500 millones de euros- no afectará a los transportistas. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) discrepan, asegurando que la subida impositiva al diésel sí que afectará a un tercio de los transportistas españoles, pequeños autónomos excluidos de la bonificación.

Las socimis se despiden de su exención y pasarán a tributar a un tipo mínimo del 15 %

Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) también sufrirán un castigo fiscal, ya que pasarán de su actual exención completa -cumpliendo una serie de requisitos- a tributar a un tipo mínimo del 15 %, que se aplicará a la parte de beneficios que no distribuyan (por ley deben repartir al menos el 80 % de los generados en España). El Ejecutivo espera unos ingresos de 25 millones por este concepto del impuesto de sociedades para el 2022.

Otra de las modificaciones que incluyen, aunque se tramitarán en la ley antifraude, es la de reforzar el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), los vehículos de inversión escogidos por las grandes fortunas. En concreto, se devolverá a la Agencia Tributaria la competencia para comprobar que estos instrumentos cumplen con los requisitos para constituirse en vehículos de inversión colectiva y no en una herramienta de planificación fiscal de grandes patrimonios familiares.

El gasto social se dispara un 10,3 % y absorbe la mitad del Presupuesto

a. b.

El techo de gasto del Estado será al final ligeramente más bajo que el aprobado en un principio por el Ejecutivo y remitido a la Comisión Europea: se quedará en 194.456 millones, 1.611 millones menos de lo previsto, por un ajuste a la baja en los ingresos previstos, según explicó la ministra de Hacienda. Lo que no varía es que los Presupuestos del 2021 serán los de mayor gasto social de la historia, en buena medida debido a la pandemia.

En concreto, ese capítulo se dispara un 10,3 % respecto a este año, y alcanzará los 239.765 millones de euros, lo que supone la mitad del presupuesto. En su desglose, la parte del león se la llevan las pensiones, que absorben casi un 36 % del gasto total, hasta los 163.297 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2 % en un ejercicio en el que las prestaciones contributivas se revalorizarán un 0,9 % y el doble las no contributivas.

Desempleo récord

Otra partida tradicionalmente abultada es la del desempleo, especialmente en un momento como el actual, en el que la emergencia sanitaria ha provocado una sangría en el mercado laboral. A abonar estas prestaciones se destinará el 5,5 % del presupuesto, o lo que es lo mismo, 25.012 millones, que suponen un incremento porcentual de nada menos que el 20 %.

Completan la tarta de los recursos destinados a gasto social otro tipo de prestaciones económicas (20.623 millones), medidas de fomento del empleo (7.405 millones más), servicios sociales (5.201) e iniciativas para fomentar el acceso a la vivienda (casi 2.500 millones).

El borrador de las cuentas también incluye en el apartado de gastos un aumento de recursos para la sanidad «sin precedentes», dado el contexto de la pandemia. Concretamente, la inversión en sanidad se incrementa en 3.149 millones, un 75,3 % más, contabilizando los fondos europeos. En lo que respecta al Ministerio de Sanidad, su dotación crece un 40 %, que sumando la ayuda comunitaria, escala hasta los 3.421 millones, un 947 % más.

El Gobierno insiste en que el objetivo prioritario es «proteger la salud de los ciudadanos», y destaca que se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y al refuerzo de la atención primaria. También la educación -con aumentos en las partidas para becas y formación profesional-, la dependencia, las infraestructuras o el área de I+D+i canalizan una parte importante de los recursos.

Sánchez cede ante Iglesias y fía los Presupuestos a la mayoría de investidura

Gonzalo Bareño

ERC tiene la llave, pero el indulto a los presos debería llegar antes de fin de año

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias escenifican la unidad en torno a unos Presupuestos que, en realidad, son el fruto de una dura batalla hasta el último segundo. Mientras el jefe del Gobierno era partidario de dejar abiertas las cuestiones más polémicas para no cerrarse puertas en la negociación, el líder de Unidas Podemos ha presionado para dar un sesgo claramente de izquierdas e impedir así cualquier pacto con PP o con Ciudadanos. Iglesias mantuvo el pulso y Sánchez cedió, lo que implica fiar la aprobación de las cuentas públicas a la repetición de la mayoría de investidura junto a las fuerzas independentistas. Una apuesta no exenta de riesgos porque esos apoyos pueden acabar dependiendo de cuestiones ajenas a las económicas.

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