Las cuentas del Gobierno están condicionadas por una larga lista de reformas pendientes

Deberán subsanar más de media docena de deficiencias


redacción / la voz

La reacción a la crisis en el conjunto de la Unión Europea ha sido diametralmente opuesta a la que se adoptó durante los peores capítulos de la Gran Recesión. Se ha aparcado la disciplina fiscal para dar rienda suelta al gasto público, aunque sea a costa de endeudarse. Todo es poco para evitar que la pandemia arrastre a economías como la española. La retirada temporal del corsé fiscal en torno a los objetivos de déficit y de deuda no es, sin embargo, un cheque en blanco. La Comisión Europea ha marcado con trazo grueso, y bien claro, qué tareas pendientes deberán abordar las cuentas españolas del 2021.

sanidad

Más personal y mejor tratado. Bruselas se suma a las demandas de los profesionales de la sanidad pública: España necesita mejorar su sistema de salud. «La pandemia ha revelado problemas estructurales», asegura en sus últimas recomendaciones, en las que critica la deficiente infraestructura hospitalaria y las condiciones de trabajo de los sanitarios: «Existen disparidades regionales en materia de gasto, recursos físicos y personal, y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no siempre es eficiente», denuncia. También urge al Gobierno a invertir a medio plazo en asistencia primaria y sanidad electrónica para evitar que la crisis pase factura al nivel de cobertura y provoce desigualdades de acceso. España gasta un 8,9 % de su PIB en sanidad, la media europea es de casi el 10 %.

empleo

Incentivos a la contratación. Si en algo despunta España en la UE es en el paro. A la ya de por sí «limitada capacidad de los servicios de empleo para ayudar a los trabajadores y a los empresarios» se suma ahora la destrucción de puestos de trabajo en cadena en un mercado laboral tan dual, donde la temporalidad alcanza el 26,2 %. Son precisamente los trabajadores jóvenes con contratos temporales los principales protagonistas de la destrucción de empleo (cerca de un millón) en los meses del confinamiento. Y no será por las veces que ha advertido Bruselas a España: los servicios de empleo públicos son ineficientes y hay que poner coto a los contratos precarios. En la lista de tareas por hacer queda pendiente la introducción de incentivos a la contratación «para fomentar formas de empleo sostenibles, especialmente para los trabajadores jóvenes» y una mayor flexibilización laboral entre los segmentos de trabajadores que llevan más tiempo en activo.

pobreza

Garantizar la eficacia la renta mínima. Otro de los datos sonrojantes que arrojan las estadísticas es el índice de riesgo de pobreza en España. Entre los menores de edad ya casi roza el 30 %, según Eurostat. Y es particularmente preocupante porque es en las edades tempranas en las que se forjan las desigualdades del futuro. De ahí que las medidas como la creación de plazas de guardería o la contratación de profesorado sean vitales. Como también lo es garantizar la eficacia del ingreso mínimo vital (IMV), para que el ciclo de pobreza de los hogares no se perpetúe. «La crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos. En el 2019, España era el Estado miembro cuya asignación familiar media por hijo era la más baja», denuncia la Comisión.

pensiones

Pactar un modelo sostenible. La gran tarea que tiene por delante España es la reforma del sistema de pensiones. Las autoridades europeas detectan que «los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados hacia las personas de más edad» y que la desviación respecto a la reforma del 2013 podría precipitar un aumento significativo del gasto que ahogaría todavía más a las generaciones más jóvenes. Por eso Bruselas insta al Gobierno a racionalizar el gasto en pensiones de jubilación, buscando alternativas en favor de una mayor «solidaridad intergeneracional». Tanto el Banco de España como los actuarios españoles admiten que hay que corregir los desequilibrios. Los jubilados reciben de media un 51 % más de lo que les correspondería por sus carreras de cotización. Las señales no son halagüeñas. El propio Pacto de Toledo acordó ayer vincular las pensiones a la evolución del IPC. Bruselas no lo ve con buenos ojos.

empresas

Modernización. Los deberes competen a todos. También a las empresas. Y su modernización ya no es una opción, es una necesidad. Todas las regiones españolas están por debajo de la media europea en innovación. El gasto público en estas partidas es claramente «insuficiente», igual que la capacidad de sus empresas para innovar por sí solas. Ni el entorno, poco propicio al emprendimiento y a la colaboración entre firmas grandes y pequeñas, ni los recursos ayudan a emprender la transición digital de la economía. Los nuevos Presupuestos deberán volcarse en esta tarea para no perder el tren de la competitividad en la próxima década.

educación

Coto al fracaso escolar. El 17 % de los jóvenes españoles que terminan la secundaria no continúan con sus estudios. El fracaso y abandono escolar siguen siendo un mal endémico aunque el país se va acercando a la meta del 15 % que había fijado Bruselas para el 2020. Persisten algunas carencias que el Ejecutivo de Sánchez anunció que quería resolver como la escasez de plazas públicas en guarderías, el aumento de las plazas de FP en disciplinas demandadas por el mercado laboral y una mayor inversión en programas para atraer a los jóvenes a las ciencias y tecnologías digitales. «Podría contribuir a satisfacer la demanda creciente de cualificaciones técnicas necesarias para las transiciones ecológica y digital que acompañarán a la recuperación.

Los presupuestos recogen una subida de un 1,8 % para el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas

Gabriel Lemos / Ana Balseiro

El incremento supondrá unos cien euros más al año en la prestación ordinaria. Pedro Sánchez deja las cuentas públicas en manos de la mayoría de la investidura

La nómina de los 450.000 españoles que viven de una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez crecerá el año que viene un 1,8 %, el doble que la de los más de 8,86 millones que cotizaron el tiempo suficiente para cobrar una prestación ordinaria, que recibirán un aumento del 0,9 %, en línea con la inflación prevista. Una medida que, defendió el presidente Sánchez, demuestra que «este Gobierno es especialmente sensible con las personas con menos recursos», que podrán no solo mantener el poder adquisitivo sino incrementarlo.

En concreto, en el caso de la pensión no contributiva íntegra, que en este 2020 se sitúa en los 5.538,4 euros anuales, la subida será de cien euros en todo el ejercicio. O, si se prorratea, de siete euros en cada una de las catorce pagas en las que se divide la prestación (que se elevarían a 402,7 euros, frente a los 395,6 euros actuales).

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