La regulación del alquiler, la medida que casi hace descarrilar el borrador de los Presupuestos

La norma incluirá mecanismos que permitan limitar o rebajar los precios en zonas de mercado tensionadas, tanto en los nuevos contratos como en los existentes

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, durante la moción de censura de Vox
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, durante la moción de censura de Vox

Regular el precio máximo del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda ha sido la piedra que estuvo a punto de hacer descarrilar el borrador de los Presupuestos, ya que Unidas Podemos lo puso como condición imprescindible para apoyar las cuentas, mientras que el PSOE prefería aplazar dicha intervención a que el mercado se estabilizase, pasada la pandemia. Sin embargo, in extremis los socios del Gobierno alcanzaron un acuerdo salomónico. Así, deberá aprobarse por el Consejo de Ministros -dentro de la nueva ley de vivienda- en un plazo máximo de tres meses, según explicó este martes el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. 

La norma, que deberá ir luego al Congreso y estar en condiciones de aplicarse en cuatro meses, antes del próximo marzo, incluirá mecanismos que permitan limitar o rebajar los precios en zonas de mercado tensionadas, tanto en los nuevos contratos como en los existentes. «España tendrá la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa», destacó Iglesias. 

Menos oferta y pagos en B

El sector inmobiliario ha acogido el anuncio con preocupación, alertando, además, de que la medida reducirá la oferta de viviendas de alquiler y hará crecer los precios y la economía sumergida. Argumentan también que la iniciativa ya se ha demostrado ineficaz en otras ciudades europeas, como París y Berlín, y hay quienes, como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), dudan de su constitucionalidad.

Empresas del sector y portales inmobiliarios coinciden en que el mercado se está autorregulando con motivo de la pandemia y, por ello entienden que este es el peor momento para una intervención pública.

Ante estas reacciones del sector, la ministra de Hacienda pidió tranquilidad y recomendó esperar a ver la letra pequeña de la normativa, insistiendo en que el objetivo era garantizar el acceso a la vivienda.

Los presupuestos recogen una subida de un 1,8 % para el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas

Gabriel Lemos / Ana Balseiro

El incremento supondrá unos cien euros más al año en la prestación ordinaria. Pedro Sánchez deja las cuentas públicas en manos de la mayoría de la investidura

La nómina de los 450.000 españoles que viven de una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez crecerá el año que viene un 1,8 %, el doble que la de los más de 8,86 millones que cotizaron el tiempo suficiente para cobrar una prestación ordinaria, que recibirán un aumento del 0,9 %, en línea con la inflación prevista. Una medida que, defendió el presidente Sánchez, demuestra que «este Gobierno es especialmente sensible con las personas con menos recursos», que podrán no solo mantener el poder adquisitivo sino incrementarlo.

En concreto, en el caso de la pensión no contributiva íntegra, que en este 2020 se sitúa en los 5.538,4 euros anuales, la subida será de cien euros en todo el ejercicio. O, si se prorratea, de siete euros en cada una de las catorce pagas en las que se divide la prestación (que se elevarían a 402,7 euros, frente a los 395,6 euros actuales).

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