El Pacto de Toledo aprueba las nuevas bases para la reforma de las pensiones

El acuerdo sale adelante con la abstención de Bildu, ERC y solo el voto en contra de Vox


Redacción / La Voz

Tras casi cinco años de trabajo infatigable, la comisión del Pacto de Toledo ha aprobado las nuevas directrices para reformar el sistema de pensiones. Y lo ha hecho en su 25º aniversario y con el apoyo mayoritario de los grupos políticos. PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular, Ciudadanos, Junts Per Catalunya y Coalición Canaria sumaron esta mañana sus votos para sacar adelante la veintena de recomendaciones que elevarán al Pleno del Congreso para garantizar la salud del sistema público de pensiones en las próximas décadas. El acuerdo, que enmienda algunos puntos clave de las anteriores reformas (2011 y 2013), contó solo con el voto en contra de Vox y la abstención de Bildu y ERC. «Esto continúa, es un punto de partida, no de llegada», ha advertido la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio. Y es que cada una de las recomendaciones, que cuentan con el aval político de la mayoría de parlamentarios, deberá traducirse ahora en medidas legislativas. 

¿Qué cambios introduce este nuevo borrador? Los grupos están de acuerdo en alargar la edad de jubilación hasta los 67 si la esperanza de vida sigue aumentando. Se acompasará la edad real con la edad legal de jubilación. Eso sí, para evitar situaciones sangrantes como las que se dieron en la última crisis, cuando un gran número de trabajadores de más de 50 años vieron lastradas sus pensiones porque se quedaron sin trabajo y sin opciones de encontrar un nuevo empleo, los partidos sugieren que se puedan tomar como referencia los 25 mejores años de cotización para calcular la futura pensión. Va a ser difícil, eso sí, retirar los incentivos a la jubilación anticipada, otro de los asuntos espinosos sobre los que se quiere legislar para evitar que los trabajadores salgan antes de tiempo del mercado laboral. 

No todo va a ser alargar la edad de cotización. En el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo ya se ha cristalizado la petición para vincular la evolución de las pensiones al IPC, poniendo fin al techo del 0,25 % de la última reforma (Ejecutivo de Mariano Rajoy). La medida intenta conservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, que se vio mermada en la última crisis en relación a la evolución de los precios. 

¿Cómo se va a poner fin al déficit de la Seguridad Social? Los expertos calculan que el agujero anual asciende a 16.000 millones de euros. Para evitar que los sucesivos gobiernos, como vienen haciendo desde los años 90, echen mano a la hucha de las pensiones -hoy esquilmada- cada vez que se ven en aprietos para sufragar gastos impropios, el Pacto de Toledo acuerda separar las fuentes de financiación. La Seguridad Social solo se hará cargo de las pensiones contributivas. Las no contributivas correrán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Estos cambios, que ya se recogían en recomendaciones anteriores, deberán culminar antes del 2023. 

Otra de las novedades sobre las que se recomienda legislar tiene que ver con la situación de los autónomos. Los partidos están de acuerdo en que «a iguales derechos, iguales obligaciones», así que instan a vincular la cotización de estos profesionales a sus ingresos reales y equiparar sus derechos a los de los trabajadores por cuenta ajena. Eso sí, con el acuerdo de los agentes sociales. 

«Hay 10 millones de personas que estaban esperando hoy atentos a ver qué decidía esta comisión, también hijos y nietos que quieren tener la certidumbre de que en un futuro van a cobrar una pensión. Hoy hemos dado confianza y certidumbre. A partir de hoy nos hemos vuelto a ganar un poco de credibilidad ante la ciudadanía», celebró Valerio, quien puso en valor el trabajo constructivo de la mayoría de los partidos y los agentes sociales, con los que tendrán que pactar los cambios legislativos. «Para que las reformas sean duraderas es importante que reúnan  el consenso político y social. Es la única manera de garantizar la sostenibilidad social, financiera, jurídica y política del sistema público de pensiones», recordó al término de la votación. 

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