El Gobierno impulsará un fondo de pensiones público para las empresas con el que complementar la jubilación

De gestión privada, supondrá mayores beneficios fiscales que los actuales planes individuales


MADRID / LA VOZ

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo tiene previsto aprobar hoy el esperado informe de recomendaciones -tras casi cinco años- para reformar el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad. Entre la veintena de recetas que incluye, figura la de «impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo», a través de «un régimen fiscal y jurídico adecuado», que mejore el actual.

La recomendación coincide con la idea que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya avanzó en septiembre ante el Pacto de Toledo, y que ahora echará a andar con el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que irá hoy al Consejo de Ministros, si las diferencias en el seno del Gobierno no obligan a retrasarlo. En concreto se trata de que la Administración cree un fondo de pensiones de empleo, de carácter abierto, al que se puedan acoger empresas y trabajadores como modo de complementar su pensión pública futura. Hasta ahora, este instrumento de ahorro era patrimonio exclusivo de las grandes compañías.

La idea de extenderlo se materializa también después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -organismo que presidió el propio Escrivá- instara al Gobierno a reformular los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones, que suponen un coste anual para las arcas públicas de hasta 1.650 millones y que permiten una reducción máxima de 8.000 euros en la base imponible. La AIReF alertó de que estos incentivos no cumplían su objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo y que, además, favorecían más a las rentas altas, en lugar de a las más modestas.

Para corregir tal situación, los presupuestos recogerán la referida fórmula de reforzar los planes de pensiones de empleo, en un modelo similar al británico o al vasco. A falta de conocer la letra pequeña, sobre la que el ministerio guarda silencio hasta que se aprueben las cuentas, el objetivo es hacer que el mayor número de trabajadores -especialmente de pymes y autónomos- estén cubiertos por estos planes de ahorro, que contarán con mayores ventajas fiscales que los planes privados, que irán paulatinamente perdiéndolas: se habla de una deducción de 10.000 euros para los de empresa y rebajar la de los privados a 2.000.

Será el Ejecutivo quien cree el nuevo fondo -aunque la gestión será privada, saldrá a concurso público- al que podrán adherirse de forma voluntaria las empresas. También acogerse a él será opcional para los trabajadores. Resta por saber cuánto deberán aportar al mismo empleador y empleado, y si el Estado también lo hará, como ocurre en otros países. El objetivo es abaratar las comisiones y elevar la rentabilidad.

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