Feijoo sobre las ayudas europeas: «No cabe un reparto por cuotas ni a la carta ni con criterios partidistas»
ECONOMÍA
Von der Leyen insiste en que Bruselas solo se desembolsará el dinero para inversiones de calidad
27 oct 2020 . Actualizado a las 00:28 h.Galicia gestionará el 50 % de las ayudas que reciba de la Unión Europea para los planes de recuperación económica. Es el compromiso que ha adquirido el presidente español Pedro Sánchez durante el encuentro que mantuvo esta mañana con los presidentes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Aún sin especificar cuál será la clave de reparto, Sánchez ha dejado claro que habrá cogobernanza. Los Ejecutivos regionales y las autoridades locales seguirán desempeñando un rol clave para absorber el ingente volumen de dinero que tendrá que desembolsar España (72.000 millones de euros) en los próximos tres años.
Eso sí, el desembolso dependerá, como explicó este mediodía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de la «calidad de las inversiones». Eso es lo que le trasladó la alemana a los presidentes autonómicos. Y en eso está de acuerdo el dirigente gallego quien, sin saber qué parte de esos fondos recalará en la comunidad, subrayó la importancia de que las ayudas se repartan de forma transparente y con criterios de competitividad, teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio, prestando especial atención al reto demográfico, la población fijada en el rural, la transición industrial (que está dejando atrás a muchos trabajadores) y la renta per cápita en relación a la media europea. «No cabe un sistema por cuotas ni poblaciones territoriales, ni a la carta ni en base a criterios políticos o partidistas», deslizó Feijoo, quien expuso los planes iniciales de Galicia (108 proyectos para movilizar 9.400 millones de euros) para acceder a las ayudas. Iniciales porque todavía no hay un paraguas nacional en el que encuadrarlos.
El marco regulatorio para el funcionamiento del fondo Next Generation EU todavía no se ha aprobado. Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo siguen atascadas y aún no se conocen los criterios, tanto europeos como españoles, para conseguir abrir el grifo de las ayudas. Esta misma tarde se celebrará una reunión técnica para avanzar en ese terreno. Mientras tanto, la Xunta ha anunciado que seguirá adelante con los proyectos en los que trabaja la comisión interdepartamental y que se ajustan, inicialmente, a los criterios más genéricos acordados en el mes de julio. En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo gallego ha instado a Sánchez a elaborar un plan «no cortoplacista» como el Plan E, con el que se intentó capear la última crisis.
Desembolsos
Bruselas es consciente de los retrasos, pero esta misma mañana la Comisión Europea la ha sugerido a España que eche mano del fondo de rescate (MEDE) mientras espera por las ayudas del Next Generation EU, que podrían demorarse hasta el verano del 2021. Un tiempo del que no dispone el Gobierno central, que se resiste a acudir a ese mecanismo. No solo por tratarse de préstamos, también por la estigmatización que supondría ser de nuevo señalado como un país rescatado.
Feijoo confirmó hoy que Sánchez aprobará mañana el proyecto de presupuestos que prevé un anticipo de las ayudas europeas de casi 30.000 millones de euros. Una maniobra que todavía deberá aprobar Bruselas, muy reacia a este tipo de enjuagues presupuestarios. Sin embargo, las circunstancias son excepcionales. Con el estado de alarma otra vez en vigor y el endurecimiento de las restricciones a una arte sustancia de la economía, toca flexibilizar los plazos y condiciones.
El futuro de Galicia para la próxima década dependerá no solo del reparto de esta ayudas, también de su gestión. Y aquí Feijoo pidió subsidiariedad y gobierno multinivel a la hora de definir criterios y ejecutar fondos. También ha solicitado a Von der Leyen y Sánchez tener en cuenta la situación objetiva de cada territorio y las necesidades de reformas estructurales que arrastra cada una en función de los retos específicos de regiones como Galicia, donde el declive de algunas industrias y el envejecimiento complican los planes de futuro.
Para evitar que la pandemia arrastre a la economía gallega, la Xunta ha sugerido movilizar 9.400 millones de euros para 108 proyectos que necesita la comunidad (ampliables). El 50 % de las ayudas se destinarían a la modernización del tejido productivo, el 29 % a la movilidad y transición ecológica. Hasta 1.370 millones de euros para inversiones sanitarias (cohesión territorial) y unos 614 millones de euros para digitalizar la Administración.
¿«España puede»? No sin reformas ambiciosas y un calendario más ágil
c. p. redacción
El grito escogido por el Gobierno para infundir coraje a los ciudadanos y autoconvencerse de que es posible la recuperación, da una medida de la magnitud de la crisis: «España puede», reza el encabezado del plan remitido a Bruselas. El país se juega la salida de la crisis en estos meses de enorme incertidumbre y ansiedad. Incertidumbre porque no se sabe si España podrá digerir la descomunal tarea que supone absorber en tres años 72.000 millones de euros -a los que hay que sumar un buen pellizco procedentes de los presupuestos europeos- y ansiedad porque se trata de una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa se va apagando la probabilidad de que España se recupere. Por eso el Gobierno ha pedido a las autoridades europeas que agilicen los trámites. El país se adentra en una segunda fase de reclusión, más blanda, pero con efectos económicos devastadores.
Aunque nadie niega, ni en Bruselas ni en España, que los retrasos en los fondos son un grave problema, tampoco convendría olvidar que las 58 páginas del plan de recuperación español son insuficientes. Como bien señaló ayer la Comisión, harán falta «reformas a gran escala» para desembolsar las ayudas. Sánchez solo se limitó ayer a incluir en ese boceto una tímida mención a la reforma de las pensiones y la fiscalidad. No menciona qué cambios va a introducir en el IVA, a quién afectará la subida del IRPF, qué bonificaciones serán suprimidas o qué nuevos impuestos medioambientales entrarán en juego.
Pensiones
En materia de pensiones, la letra suena mejor, o al menos en armonía con lo que demandaba Bruselas: estímulos a la demora de la edad de jubilación, eliminar los incentivos al retiro anticipado o integrar y fomentar la convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como el de los autónomos. Pero camina en sentido opuesto al vincular la subida de las pensiones al IPC. Esa es la intención del Gobierno que, a pesar del agujero fiscal, se ha comprometido a subir un 0,9 % el salario de los funcionarios públicos y de los pensionistas, dos de los colectivos sociales que mejor capearon la última crisis y que cuentan con más apoyo. Salen perdiendo de nuevo -como temía la Comisión-, el colectivo de mujeres y jóvenes. Cuentan con trabajos más precarios y menos acceso a prestaciones.
