El Pacto de Toledo pide usar los mejores 25 años de cotización para la pensión

Tras casi cinco años de debate, cierra el acuerdo base para reformar el sistema


MADRID / LA VOZ

Fumata blanca en el Pacto de Toledo. Casi cinco años después de iniciar las negociaciones que deben servir de base para reformar el sistema público de pensiones, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad futura, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo cerró este viernes un documento con una veintena de recomendaciones que renovarán las rubricadas en un ya lejano 2011. El borrador, acordado por los portavoces de todos los grupos de la comisión en una reunión a puerta cerrada, se votará —ya sí con luz y taquígrafos— el próximo martes. Las principales sugerencias y cambios que recoge el texto, a continuación:

Revalorización

Revisión anual indexada al IPC. El acuerdo que con mayor rapidez van a percibir los pensionistas es la vuelta a la revalorización de sus prestaciones según el IPC, lo que les garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo y supone la revocación definitiva de la reforma del 2013, que fijó en el 0,25 % el índice de subida en función de la marcha de la economía.

De hecho, esta recomendación fue la única en la que se logró consenso en la anterior legislatura —mantenido ahora—, tras copar una parte importantísima de la negociación de la comisión. El Ejecutivo ya tiene previsto subir un 0,9 % las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021, después de elevarlas el 1,6 % en los dos últimos ejercicios.

separación de fuentes

Asumir solo el pago de pensiones contributivas. El documento también es muy claro sobre la necesidad de culminar la separación de fuentes de financiación, de forma que la Seguridad Social asuma «exclusivamente» el pago de las prestaciones contributivas, sin que se carguen a las cotizaciones otros gastos «impropios» que, como las prestaciones por maternidad o las pensiones de viudedad u orfandad, deberían sufragarse con impuestos, con cargo a los PGE.

Para culminar ese proceso, en aras de la sostenibilidad del sistema, marcan un horizonte de tres años. El Ejecutivo ya se ha adelantado, incluyendo en las cuentas del 2021 alrededor de 14.000 millones para sufragar dichos gastos impropios, que la Seguridad Social cifra en torno a 23.000 millones.

Períodos de cotización

Defiende escoger los 25 años con mejores cotizaciones. La comisión aborda las reformas del 2011, por las que se amplió progresivamente de 15 a 25 años el período de cotización para cobrar la pensión (culminará en el 2022) y se retrasó a los 67 la edad de jubilación (efectiva en el 2027). Aunque subrayan que la ampliación del período de cotización «implica un reforzamiento en la contributividad del sistema de pensiones», los diputados abogan por permitir que se escojan los 25 mejores años de cotización para calcular la pensión, algo que resulta especialmente relevante para paliar el impacto negativo de los «períodos de desempleo y precariedad» al final de la vida laboral.

prolongar la vida laboral

Acompasar la edad real y legal de jubilación. El texto pide medidas para «fomentar la permanencia de los trabajadores en activo», con el objetivo de que la edad real de jubilación se acerque a la legal, algo que aún no ocurre. Aunque defiende penalizar las jubilaciones anticipadas, también expresa preocupación por aquellos trabajadores que, con largas carreras de cotización, se ven obligados a jubilarse anticipadamente, sufriendo mermas que pueden llegar al 28 %.

En ese caso, pide al Gobierno que evalúe qué colectivos podrían beneficiarse de las excepciones a la penalización.

ahorro privado

Incentivar los planes de empleo. Respecto a los sistemas complementarios a la pensión pública, defiende «impulsar» los planes de pensiones de empleo, en el marco de la negociación colectiva de las empresas. Pide, también, mejorar su régimen fiscal y jurídico, de modo que «dichos sistemas de ahorro no puedan ser considerados como meros productos financieros».

Fondo de reserva

No puede ser la muleta del desequilibrio estructural. El documento advierte que es necesario, cuando la Seguridad Social recupere el equilibrio de sus cuentas, reponer el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) con el excedente de las cotizaciones. Alerta, además, de que puede usarse —como hasta ahora— para desajustes coyunturales, pero no para enjugar un desequilibrio estructural del sistema, que exige una reforma.

Que los autónomos coticen por ingresos reales, otra meta

El borrador consensuado en el seno del Pacto de Toledo incluye también, en su recomendación cuarta, la integración y convergencia de regímenes para reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Y respecto a estos últimos, defiende «continuar avanzando hacia la plena equiparación de sus derechos y obligaciones con los del régimen general», algo que pasa por que coticen por sus ingresos reales.

En este sentido, pide que se promuevan, «en el marco del diálogo social», las medidas necesarias para ello, un proceso de negociación que ya ha puesto en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las organizaciones del sector, a quienes ha trasladado una primera propuesta de reforma.

Según informó ayer Efe, el PP podría haber vinculado su apoyo al borrador de recomendaciones a que el Ejecutivo se comprometa a pactar en el diálogo social el nuevo sistema de cotización de los autónomos.

Que coticen los robots

La penúltima recomendación pone el foco en la economía digitalizada y en cómo afecta «de forma directa a la organización del trabajo». Aunque no plantea expresamente que se imponga un impuesto a los robots, sí solicita que se estudien «mecanismos innovadores» que complementen la financiación del sistema, más allá de las cotizaciones sociales, en un contexto marcado por las nuevas tecnologías, la irrupción de las plataformas digitales y su impacto en la economía informal, los falsos autónomos o la infracotización. Pide «reforzar» los mecanismos no contributivos para «compensar el riesgo de inestabilidad de carreras profesionales».

El borrador comienza con una recomendación «cero», en la que defiende el modelo de reparto del sistema público de pensiones, rechazando cambiarlo por otro de capitalización.

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