Batalla de proyectos entre comunidades para captar dinero del fondo europeo

Galicia, de momento, opta a 3.300 millones de los 100.000 que suman las peticiones anunciadas por ocho Gobiernos regionales


vigo / la voz

El melón es grande y jugoso: 140.000 millones de fondos europeos para la recuperación a repartir entre los mejores proyectos que se presenten bajo bandera española.

La distribución de las ayudas no seguirá criterios territoriales. El dinero se adjudicará de forma individual a cada propuesta de inversión que resulte convincente en Bruselas. Ya hay proyectos presentados por grandes empresas como Inditex, Iberdrola o Enagás. Pero la falta de concreción sobre cómo y quién tiene que solicitar el acceso a estos recursos, ha impulsado a los Gobiernos autónomos a ponerse al frente diseñando proyectos de inversión de forma conjunta con las empresas, y a abanderar el reclamo de ayudas para sus territorios.

Hay tiempo. El plazo para pedir dinero de los fondos europeos Next Generation finaliza el 30 de abril. Pero en España ya hay más de 1.200 propuestas de inversión, entre las que el Gobierno deberá decidir cuáles selecciona para su posible financiación por Europa. Estas iniciativas concurren al reparto de estos fondos por una suma 93.698 millones de euros.

Ocho son las comunidades que se han adelantado a desvelar sus estrategias. Entre ellas está Galicia que, con 3.300 millones y 8 proyectos (7 públicos y el de Inditex), ocupa el quinto lugar por volumen de ayuda solicitada.

cataluña

31.765 millones. Cataluña lidera la demanda de dinero comunitario, con 31.765 millones de euros a repartir entre 68 iniciativas poco concretas que van desde la renovación urbana y de vivienda (244 millones), un plan de choque contra el desempleo (184,8 millones), el fomento de la investigación y la innovación (130 millones), préstamos participativos para la industria (50 millones) o un plan de apoyo a la automoción (50 millones).

Andalucía

23.000 millones. Impreciso es también el plan con el que el Gobierno Andaluz quiere captar 23.000 millones, y que está basado en criterios de población, PIB y paro. No constan, de momento, proyectos detallados.

Comunidad valenciana

21.134 millones. La Comunidad Valenciana abandera la tercera mayor demanda de fondos: 21.134 millones para 410 iniciativas de inversión, con un peso específico a la hora del reparto para finalizar el Corredor Mediterráneo en el año 2030, plazo fijado por Europa y comprometido por los países por los que discurre el trazado. En los planes entran además cerca de 2.400 millones de euros en obra pura y dura (viviendas rehabilitadas, centros de salud, hospitales, residencias y juzgados). Pero también cantidades importantes en proyectos medioambientales (240 millones para la recuperación del lago de La Albufera) y de movilidad sostenible, con 35 millones para una red de gasolineras eléctricas.

país vasco

11.600 millones. Tras la comunidad valenciana, el País Vasco aspira a lograr 11.600 millones del fondo de reconstrucción europeo. Para optar a las ayudas incluye el AVE vasco y parques eólicos. En la lista de actuaciones destacan los 1.120 millones para la construcción de una gigafactoría de baterías de litio con iones y en la que participarían Mercedes, CIE, Enagás o Petronor. Figura también la reconversión de la antigua y fallida central nuclear de Lemóniz que el Gobierno vasco quiere convertir en una gran piscifactoría. 

Galicia

3.300 millones. Galicia, la quinta comunidad por volumen de fondos solicitados es una de las autonomías que mejor ha detallado los 7 proyectos de inversión previstos (la Administración gallega dice que hay más en cartera), para los que necesita 3.200 millones de dinero de Bruselas: un centro de generación de biogás y una planta de fertilizantes; una planta de hidrógeno verde, una fábrica de fibras textiles sostenibles, producidas a partir de la madera; y el despliegue de instalaciones generadoras de mil megavatios en energías renovables. Para apuntalar el desarrollo de los proyectos principales, el plan pide ayudas para el desarrollo de cadenas logísticas sostenibles para el transporte, un centro de innovación en tecnologías renovables de hidrógeno y un laboratorio digital para profundizar en los sistemas 4.0. A esta suma han de añadirse los 100 millones solicitados por Inditex para una nueva sede ecosostenible.

asturias

1.500 millones. El plan, poco concreto en cuanto a desarrollo de iniciativas, incluye un primer pilar centrado en dar crédito al tejido empresarial, con alrededor de 800 millones (sujetos a que el sector privado presente sus proyectos); el segundo pilar sería para las inversiones estrictamente públicas y ascendería a algo más de 300 millones. El tercer bloque, un fondo abierto tanto a inversiones públicas como a proyectos para empresas, cuyo monto será de 400 millones.

Castilla-La mancha

500 millones. El Gobierno castellanomanchego identifica 150 proyectos. Los más importantes, centrados en energías renovables para producir cerca de 8.500 megavatios anuales más, que llevan aparejados la creación de hasta 8.500 empleos. Pide ayudas también para potenciar las nuevas tecnologías (fibra óptica o despliegue de 5G); implementación de inteligencia artificial para la prestación de servicios públicos, y renovación de viviendas vía reforma para mejorar su eficiencia energética.

España solo ha gastado el 26% de los fondos estructurales 2014-2020

España tiene la posibilidad de acceder al mayor volumen de fondos europeos presupuestado en la historia de la Unión, pero los expertos alertan de un gran riesgo: que no sea capaz de gastar tal cantidad de dinero. No sería la primera vez, en partidas de fondos europeos, España suele quedarse a la cola en ejecución. Un claro ejemplo es el balance que ha hecho Bruselas del presupuesto destinado por países con cargo a los fondos estructurales (2014-2020). España fue el tercer país con mayor suma adjudicada, 29.000 millones. Sin embargo, solo ha ejecutado 7.700 millones, es decir, el 26 %. Portugal, por ejemplo, con 15.000 millones recibidos, ha ejecutado 8.900, más del 60 %.

El Gobierno renuncia por ahora a los 70.000 millones que llegaría vía créditos

j. m. c.

La maratoniana cumbre de la Unión Europea que acordó en julio el reparto de los fondos para la recuperación tras el coronavirus dejaba a España con 140.000 millones de euros, una cantidad que supondrá una importante inyección de dinero para le reactivación del país. Sin embargo, el Ejecutivo va a centrarse por ahora en conseguir la mitad de esa cuantía, unos 70.000 millones. La otra mitad podrá esperar a que el siguiente Gobierno, sea del color que sea, los gestione. Esta especie de renuncia temporal no es baladí: el primer tramo serán ayudas directas de la UE a España; el segundo, en forma de préstamos, con sus correspondientes requisitos y condicionalidades que, por ahora, el Ejecutivo no tendrá que cumplir. Una patata caliente sobre la que, por el momento, no tendrá que tomar ninguna decisión, salvo que necesite parte de ese dinero en los tres próximos años.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asumido ese al ser partidaria de dejar una parte de las ayudas -la de los créditos- para el siguiente Gobierno. Por ahora, Economía solo quiere transferencias de dinero a fondo perdido. «El Gobierno no descarta en absoluto los créditos, pero tenemos un plan para seis años», indicó este lunes en una entrevista en RNE.

Dos plazos distintos

Calviño recordaba que el las transferencias se pueden solicitar hasta el 2023, y que para los créditos hay un plazo que va más allá, hasta el 2026. El Ejecutivo de Pedro Sánchez concluye teóricamente su legislatura en el 2023 y ha confeccionado «un plan en dos fases» que coincide con ese calendario. «La prioridad es ejecutar las inversiones que se pueden financiar con esas transferencias», apuntó Calviño. Si hiciera falta, solicitarían los préstamos, pero en la medida en que no tengan que depender de esa línea, descartan utilizarla.

Los préstamos implican condicionalidad para el Gobierno de turno. La Unión Europea decidió poner en marcha dos vías para que el dinero llegara a los Estados miembros. Y en el caso de los créditos, Bruselas vigilará de cerca determinadas medidas de gasto así como políticas económicas, en muchos casos ligadas al mercado laboral o las pensiones. Algo que, en el caso de las ayudas, no será tan restrictivo. Además, los créditos computan para cuantificar la deuda pública.

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