Francisco Conde asegura que «nadie pide una intervención por la fuerza» y califica el ERE «nulo de pleno derecho»
19 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Una vez más, la ministra de Industria, Comercio y Turismo se mostró categórica sobre el conflicto de Alcoa. Reyes Maroto aseguró ayer que el Gobierno «llegará donde tenga que llegar» para mantener la capacidad productiva de la fábrica que la multinacional tiene en San Cibrao. Las palabras de la titular de la cartera de Industria parecen sostener que el Ejecutivo no descarta todavía la expropiación de la planta: «En el caso de la expropiación tenemos que ver la parte jurídica y la idoneidad con la Comisión Europea y por lo tanto trabajamos en esa alternativa u otras», aseguró en una entrevista publicada ayer por El Periódico.
Dice Maroto que la hoja de ruta del Gobierno es muy clara «porque es una planta estratégica» y que esta semana han requerido a la dirección para que justifique las ayudas públicas recibidas. Y una vez más, la ministra insistió en esta dirección, alegando que, si no cumple con los requisitos, la empresa tendrá que devolver los apoyos económicos recibidos estos años.
ERE nulo «de pleno derecho»
Maroto no fue la única que ayer se manifestó al respecto de la guerra abierta que mantienen las administraciones y los trabajadores por una parte y la multinacional por otra. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró ayer que «nadie pide una intervención por la fuerza» de la factoría de Alcoa, sino que el objetivo es explorar los mecanismos legales que fuercen a la multinacional estadounidense a permitir «que se mantenga» la actividad en el complejo mariñano.
Muy crítico se mostró con el ERE y no dudó en señalar que existen indicios para considerar «nulo de pleno derecho» el despido colectivo planteado por la compañía. «Alcoa pretende despedir a 534 trabajadores, que es el 85 % que marca la normativa para garantizar la recepción de fondos de CO2. Parece un cálculo normativo y no la realidad que tiene la planta», señaló. También añadió que, en caso de darse esta circunstancia, además de tener que «devolver» dichas subvenciones, sería «un elemento más» para considerar el despido planteado como «nulo de pleno derecho». Conde también puso en valor el frente común que mantienen las Administraciones estatal y autonómica junto con los trabajadores para forzar a que Alcoa «rectifique y se avenga a un acuerdo».