Las pensiones de los gallegos subirán una media de 8 euros el año que viene

El Gobierno planea un alza del 0,9 %, pero no descarta incrementarlas más


madrid / colpisa

Las pensiones subirán de nuevo un 0,9 % el año que viene. Así al menos lo prevé el Gobierno y así se lo ha comunicado a Bruselas en el Plan Presupuestario que le envió este jueves. No obstante, el Ejecutivo no descarta que este incremento pueda modificarse a posteriori una vez conocidas las recomendaciones del Pacto de Toledo y tras las negociaciones que llevará a cabo con sindicatos y patronal, ya que no quiere que se entienda como una decisión unilateral en un tema tan sensible como este. 

Se trata del mismo incremento que se aprobó este año y responde a la previsión de inflación que tiene el Ejecutivo para el 2021. Así, en el cuadro macroeconómico remitido a la Comisión Europea se estima un alza del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, del 0,9 %. De esta forma, el Gobierno cumple con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, algo a lo que insta también el Pacto de Toledo en el texto que está a punto de cerrar sobre la futura reforma del sistema.

El objetivo del Ejecutivo es poder derogar definitivamente el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) implantado tras la reforma del PP y aprobar antes de que termine el año una nueva fórmula de actualización automática vinculada al IPC, para terminar con la incertidumbre que cada año pesa sobre los nueve millones de pensionistas por no saber cuánto van a cobrar al siguiente.

Faltaría por establecer cómo sería esta fórmula; una de las opciones que se barajan es la inflación media de los últimos doce meses, pero podría ser otra similar, siempre que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores.

Paga extra

Además, es más que probable que una vez más se incluya en la nueva norma el compromiso de que, en caso de que el IPC sea superior a ese 0,9 %, los pensionistas recibirán antes del 1 de abril una paga con la diferencia, tal y como sucedió en el 2019, cuando recibieron un extra de unos 11 euros de media. No sucederá este ejercicio, ya que a consecuencia de la pandemia la inflación lleva ya seis meses consecutivos en negativo y los analistas prevén que así continúe hasta final de año, cuando podría terminar con una tasa del -0,2 %.

De ser así, esto significa que a lo largo del 2020 los pensionistas habrán ganado más de un punto de poder de compra. Nada se dice de las pensiones mínimas, por lo que todo apunta a que por segundo año consecutivo las prestaciones más bajas tendrá la misma subida que el resto: un 0,9 %. Durante el 2018 y el 2019 el acuerdo alcanzado entre el anterior Ejecutivo del PP y el PNV permitió que se elevaran un 3 %, casi el doble de lo que lo hacían con carácter general, puesto que en esos dos años se revalorizaron un 1,6%.

En el caso de los gallegos, ese 0,9 % se traducirá en un incremento de unos ocho euros al mes. La prestación media en Galicia era al cierre de septiembre de 863,02 euros. En el caso de las de jubilación, serán casi 9, ya que la media está en 928,27 al mes.

Esta subida se traducirá, claro está, en un mayor gasto para las arcas de la Seguridad Social, que terminará el año con un déficit del 2 %, según las estimaciones del Gobierno, que prevé por ello hacer una transferencia al sistema de 18.396 millones de euros.

Más de 140.000 millones

Supondrá así un coste de más de 1.400 millones, en línea con los 1.406 millones de incremento que tuvo esta misma alza del 0,9 % este año. Concretamente, en las cuentas del 2020 se preveía una subida de casi 1.300 millones para pagar las prestaciones contributivas, 144 millones más para las de las clases pasivas (que cuentan con más de 635.000 funcionarios como beneficiarios), 23 millones extra para sufragar las no contributivas y otros 10 millones más para las de familiares con hijo a cargo, cantidades que serán semejantes aunque ligeramente superiores. Por ello, se marcará un nuevo récord en el gasto en pensiones contributivas, hasta superar ya ampliamente los 140.000 millones anuales.

El Plan Presupuestario del Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones en el 2021 y de 2.323 millones en el 2022, gracias a nuevos impuestos verdes, a los envases de plástico de un solo uso, el incremento del IVA del 21 % a las bebidas azucaradas (ahora del 10 %) y las tasa Google y Tobin, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año.

El Gobierno aplicará un alza fiscal de 7.000 millones el año que viene

Elevará el IVA de las bebidas azucaradas al 21 % y gravará los plásticos

El Gobierno cree que será capaz de incrementar el año que viene la recaudación en 33.447 millones de euros con respecto al desplome de este ejercicio. Así lo recoge en el Plan Presupuestario enviado a última hora de este jueves a la Comisión Europea. De acuerdo con ese documento, Hacienda confía en que la propia inercia de la economía, de la que espera un repunte el próximo ejercicio; y una inyección procedentes de nuevos impuestos actúen como palancas para conseguir esos ingresos. Porque el Ejecutivo asegura que mantiene «el compromiso de avanzar a partir del próximo año en una senda descendente del déficit», que alcanzará el 11,3% este año.

Esa política fiscal remitida a Bruselas le está sirviendo al departamento dirigido por María Jesús Montero para elaborar los Presupuestos del Estado, cuyo proyecto será presentado previsiblemente a finales de mes.

En el documento, el Gobierno desvela que habrá cambios en los impuestos directos, entre los que se encuentran el IRPF, patrimonio o sociedades, al apuntar medidas que «permiten reforzar la progresividad del sistema». Constata, aunque no aclara, la idea del Ejecutivo de coalición de incrementar los tramos más altos del IRPF y de aplicar una tributación más elevada a quienes tienen un mayor patrimonio o sobre los beneficios de determinadas empresas. Po esa vía prevé ingresar 550 millones en el 2021 y 2.000 millones en el 2022.

También se elevará «la imposición indirecta», sin definir qué impuestos y en qué medida. Aunque los que aportan mayor capacidad de recaudación son los especiales (tabaco, alcohol) o el impuesto sobre el valor añadido

IVA del 21 % para los refrescos

De hecho, como novedad, Hacienda pretende subir el IVA de las bebidas edulcoradas y azucaradas del 10 % actual al 21% para «favorecer hábitos más saludables».

Pero además, el próximo año «se impulsará la fiscalidad medioambiental». Dentro de este concepto, en el último proyecto de Presupuestos, que finalmente no fue tramitado a principios del año pasado y que derivó en el adelanto electoral, se incluía la subida del diésel para equiparar su precio con el de la gasolina. En este contexto, se enmarca la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública. También se aplicará el impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) y el impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin), con los que pretende ingresar 1.800 millones.

El Ejecutivo también confía en recaudar más por los efectos de la nueva ley contra el fraude fiscal. Tanto como 828 millones al año.

El otro pilar en el que se sostiene esa confianza viene marcado por la evolución de la economía. Al haber más actividad, la recaudación debería crecer. Hacienda apunta a la «estimación de un fuerte repunte del PIB», que el Gobierno confía que supere el 7,2 % frente a la caída del 11,2% de este

El plan del Gobierno se sustenta en una inédita ampliación del techo de gasto, del 53,7 %, hasta los 196.097 millones de euros, una vez incorporados los 27.436 millones de euros que aspira a ingresar de las ayudas comunitarias (y que adelantará a partir de enero vía deuda), y el abono de transferencias excepcionales por 13.486 millones para las regiones y de otros 18.396 millones para la Seguridad Social.

Permiso de paternidad

El documento también recoge algunas medidas como el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas. Y pone cifras al impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno a lo largo de este año para amortiguar el golpe de la pandemia en la economía (ERTE, ingreso mínimo vital, líneas de liquidez para las empresas...). Más de 210.000 millones.

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