La AIReF avisa: bonificar el empleo solo funciona mientras dura el incentivo

En esta crisis propone estímulos a la contratación indefinida de jóvenes


MADRID / LA VOZ

Los incentivos a la contratación —bonificaciones o reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social— en los que España gasta casi 3.000 millones de euros anuales (suponen el 40 % de las políticas activas de empleo), tienen una eficacia «modesta» y, sobre todo, temporal, ya que aunque favorecen que personas con baja empleabilidad consigan trabajo, no funcionan para que lo mantengan después de que desaparezca la bonificación.

Esta es una de las conclusiones del estudio presentado este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los incentivos a la contratación y al empleo autónomo aplicados entre el 2012 y el 2018, cuyo coste en ese último año superó los 2.000 millones. En concreto, analiza los incentivos para menores de 30 años y mayores de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores, transformación de contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana para autónomos, las bonificaciones y reducciones para emprendedores y los incentivos a personas con discapacidad.

El informe, que cierra la segunda fase del programa de revisión del gasto público realizado por el organismo, valora la «eficacia potencial» de los incentivos para impulsar la contratación, especialmente en períodos de crisis como el actual y para colectivos específicos. Sin embargo, advierte de que, además de que los efectos positivos se concentran sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto y con poco tiempo en el desempleo, desaparecen al extinguirse la bonificación. Pone como ejemplo lo ocurrido en la última crisis, cuando la reducción a la mitad de los incentivos elevó un 8 % la caída del empleo entre julio del 2012 y diciembre del 2014.

Precisamente porque España es uno de los países europeos que más dinero destina a estos incentivos, la AIReF aboga por rediseñarlos, reduciendo su número, dirigiéndolos específicamente a colectivos con baja empleabilidad y concentrándolos en etapas de crisis, como la actual, donde su efecto es mayor.

No suplen a reformas de calado

La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, advirtió de que es un «error» que se usen estos incentivos para sustituir las reformas estructurales que precisa el país para acabar con la temporalidad y las elevadas tasas de paro. Argumentó también que, si están bien diseñados, estos estímulos a la contratación «pueden ser eficaces en momentos puntuales» y para colectivos concretos —puso como ejemplo a los jóvenes, duramente golpeados por la nueva crisis—, aunque para ello es necesario un marco estable, indicadores claros y mejorar la coordinación entre administraciones.

Herrero incidió especialmente en la necesidad de «simplificar» los incentivos y vincularlos a programas de formación, que deben dirigirse a trabajadores sin límite de edad, durante toda su vida laboral —siguiendo el ejemplo europeo— y no únicamente a los jóvenes.

Defiende que los autónomos coticen por ingresos reales y mantener mientras la tarifa plana

El mismo día que Gobierno y organizaciones de autónomos iniciaron los contactos para reformar el sistema de cotización y hacerlo en función de los ingresos reales, la presidenta de la AIReF defendió dicha fórmula. En concreto, el estudio analiza la eficacia de la tarifa plana aplicada al colectivo, que supone reducir a 60 euros la cuota a la Seguridad Social durante al menos el primer año de actividad. Este incentivo supuso un gasto de 646,5 millones de euros en el 2018. Casi un tercio del gasto total lo absorbieron los autónomos, solo por detrás de las personas con discapacidad, con el 41 %).

La tarifa plana sí demostró ser útil para impulsar el emprendimiento —dice la AIReF—, especialmente en sus comienzos, ya que la aplicada a jóvenes en el 2012 elevó un 17 % la probabilidad de que se diesen de alta como autónomos. También mejoró la supervivencia de estos cotizantes, reduciendo un 10 % la probabilidad de que se diesen de baja, protección que, sin embargo, pierde fuerza al finalizar la aplicación de la medida. Respecto de la tarifa plana para jóvenes, estima que el análisis coste-beneficio se situó entre los 34,2 y los 41,5 millones frente a los 142 del coste bruto. El organismo también defiende mantener la tarifa plana para autónomos hasta que no se implante la cotización por ingresos reales.

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