Los trabajadores podrían alegar perjuicios irreparables para demandar medidas cautelares si acuden a los tribunales
12 oct 2020 . Actualizado a las 14:10 h.«Polo noso futuro», rezaba una de las pancartas que desplegaron ayer los jóvenes estudiantes de A Mariña en la manifestación convocada para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Alcoa. Tras el despido de los 524 trabajadores de los que quiere prescindir la multinacional vendrá el apagado -en estado de hibernación- de las cubas y, en definitiva, la muerte de la principal fuente de sustento de la comarca. Por eso fueron ayer lo más pequeños los que protagonizaron una marcha que añade más presión, si cabe, al Gobierno para que intervenga la planta en las próximas horas y evite así el inicio de una guerra judicial que podría alargarse de forma agónica. Si en las próximas horas el Ejecutivo central no da señales de vida, a los trabajadores no les quedará otro remedio que impugnar el ERE antes de que finalice el martes y rezar para que la Justicia aplique medidas cautelares. Es la única alternativa a la vista para evitar el apagado de las cubas.
Mientras se dirime el futuro de Alcoa en una semana crucial para la plantilla, las Administraciones exploran vías para forzar a la multinacional a vender la fábrica. Y no hay más estrategia que la de hacerle la vida imposible: desde amenazar con bloquear la salida a puerto hasta reclamarle la limpieza de la balsa de lodos de San Cibrao o exigirle la devolución de las ayudas públicas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, se comprometió a reclamar los incentivos concedidos a la empresa si no cumplía con sus compromisos de mantenimiento del empleo y la actividad. ¿Para qué? Para erosionar las cuentas de la compañía. El margen de maniobra es limitado. Según el plan presentado por Alcoa, la compañía mantendrá exactamente al 15 % de la plantilla (99 trabajadores) que exigía el programa de compensaciones por CO2, que ascienden a 38 millones de euros. En estas circunstancias, la ministra se vería obligada a recurrir a otro tipo de reclamación: las ayudas a la interruptibilidad, que rozan los 1.000 millones de euros en la última década bajo un esquema cuestionado por Bruselas. Explorar esta vía supondría reconocer que se concedieron Ayudas de Estado ilegales a las electrointensivas.
Nacionalización blanda
Se multiplican las voces que recomiendan al Gobierno intervenir la planta. Ahora bien, ¿de qué forma? ¿Bajo qué amparo legal? El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, recordó ayer que el Ministerio de Industria planteó la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «tome el control» de la planta de San Cibrao «para poder cederlo luego» a la compañía Liberty, interesada en adquirir la factoría de aluminio. Esa toma sería posible si Alcoa aceptase -y ya se negó una vez- a vender la planta. De lo contrario, sería una expropiación. Si la SEPI acepta las condiciones de Alcoa y luego vende la planta a la principal interesada, Liberty, por menos de lo que le costó, el Estado estaría socializando pérdidas con este proceso de nacionalización temporal. Una maniobra que recuerda al rescate de Bankia. Entonces se consideró que las pérdidas asociadas a su saneamiento eran menos lesivas que el rescate de los depósitos al completo. El contexto de Alcoa es distinto. No se pueden contabilizar las pérdidas más allá de valorar el impacto socio-económico que puede tener el cierre en una comarca que depende al 80 % de la actividad de la fábrica y no está claro que el Gobierno, como hizo entonces, considere estratégica su intervención.
A ese coste habría que sumar la pérdida de inversiones. El grupo propietario de Liberty está explorando alternativas a Galicia para sus programa de instalación de energía renovable eólica. La firma británica insiste en que, cuando más tiempo pase, más aumentan los costes de mantenimiento de la planta, que ascienden por año a entre 30 y 40 millones de euros. En cuanto a la reactivación, considera el coste manejable.
El argumento clave para conseguir las cautelares: evitar un daño industrial irreparable
A. balseiro
Cuenta atrás para impugnar judicialmente la decisión de Alcoa de despedir a su plantilla. Aunque los trabajadores redoblan su llamada de auxilio para que Gobierno central y Xunta intervengan ya para salvar la factoría, el comité de empresa también vela las armas de una inminente batalla legal contra el ERE. Los servicios jurídicos de CC.OO., UGT y CIG, sindicatos que forman el comité, ultiman el recurso que presentarán en los próximos días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Sostienen que el despido colectivo es nulo, entre otras razones, por la mala fe demostrada por la multinacional durante el fallido proceso de negociación de una salida para la factoría, algo que también la autoridad laboral constató en el informe remitido a Alcoa sobre el proceso y que incluso el presidente de la Xunta verbalizó, al tacharlo de «fraudulento». Por ello, convencidos de que la justicia les dará la razón y tumbará el ERE, la estrategia legal de los representantes de los trabajadores va más allá, ya que solicitarán la adopción de medidas cautelares, es decir, que se impida a la empresa iniciar los despidos y apagar las cubas.
Dadas las peculiares características de esta industria, hibernar los tanques de electrolisis supondría, en la práctica, la destrucción del activo industrial y haría imposible la venta que se persigue, pues el coste de su reactivación sería inasumible.
Impedir una muerte irreversible
Ese es el clavo al que se agarran los trabajadores. La sala de lo social del TSXG deberá pronunciarse con urgencia sobre si permite a Alcoa seguir con su plan de cierre, bajo el argumento de que la fábrica acumula años de pérdidas y no es viable. Los sindicatos consideran que se dan las condiciones para que la solicitud de cautelares prospere, insistiendo en que, de no adoptarse, y si en el futuro declararan nulo el ERE, la muerte de la factoría ya sería «irreversible».
«Para que prosperen las cautelares deben cumplirse dos requisitos: que la solicitud tenga apariencia de buen derecho, es decir, que no sea una locura o jurídicamente dudoso; y que su no adopción cause un perjuicio de difícil o imposible reparación», explica Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, subrayando que el caso de Alcoa tendría encaje en el segundo supuesto, por el daño industrial del apagado de las cubas.
Otros laboralistas, como Vento Abogados & Asesores, advierten, sin embargo, que los tribunales son «sumamente restrictivos» con este tipo de medidas. La última palabra, si antes no llega la ansiada respuesta política, será de los magistrados.