El teletrabajo en la administración oscila entre el 73 % de Ciencia y el 3 % de Defensa

Uno de cada cuatro empleados públicos utilizan esta modalidad laboral


La Voz | Redacción

Si algo ha acelerado la pandemia es la eclosión del trabajo a distancia. ¿Cómo está su implantación entre los empleados públicos? El uso de esta modalidad, recién regulada, en la Administración General del Estado (AGE) oscila del 3 % del Ministerio de Defensa al 73 % del de Ciencia e Innovación, lo que ha llevado a los sindicatos a denunciar «desigualdad» y «falta de criterio homogéneo», según recoge Efe.

La aplicación del teletrabajo en la AGE, establecida con preferencia para colectivos vulnerables (con patologías o personas a cargo), afecta a uno de cada cuatro empleados públicos, un total de 44.292 personas de las 178.617 que trabajan para la administración central, sin incluir personal de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Enormes diferencias de implantación

Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, referentes a septiembre, hay diferencias muy evidentes en la implantación del teletrabajo por Ministerios.

Así, el departamento que dirige Pedro Duque es el que más empleados tiene a distancia y con mayor peso sobre el total, ya que cuenta con 11.641 trabajadores ejerciendo su labor a distancia, un 73 % de los casi 16.000 empleados del ministerio.

La misma tasa la alcanza también el Ministerio de Universidades, aunque con un menor número, pues 269 teletrabajan, de un total de 367.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa cuenta con 497 empleados teletrabajando sobre un total de 16.398 (3 %), de forma que es el departamento con menor implantación del trabajo a distancia, seguido del Ministerio del Interior, donde un 3,2 % de los 32.679 empleados trabaja de forma no presencial (1.054 personas).

La mitad, por ser colectivo vulnerable o tener personas a cargo

Del total de teletrabajadores que tiene la administración central, la mitad lo son por estar en un grupo vulnerable al covid (10.069), por menores de 14 años a cargo (8.812) o mayores o dependientes (1.221), mientras que 24.190 lo practican porque es una mejor opción por su función o por el departamento en el que se encuentra.

Aunque ya existía en la administración, la implantación más generalizada del teletrabajo se vio acelerada en marzo ante la crisis sanitaria que lo configuró como preferente, aunque con carácter temporal.

Al llegar la nueva normalidad, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó en junio pasado una resolución que decía que los empleados públicos debían comenzar a incorporarse de manera presencial de forma «gradual y asimétrica», realizando un máximo de un día a la semana a distancia, aunque también establecía que el teletrabajo debía ser la opción prioritaria para colectivos vulnerables por patologías sanitarias o por tener menores de 14 años, mayores, dependientes o discapacitados a su cargo, que podrían teletrabajar hasta cuatro días a la semana.

Esta resolución está vigente, a la espera de que la nueva ley del teletrabajo de las Administraciones Públicas sea desarrollada y aplicada en cada organismo, comunidad autónoma o ayuntamiento, para lo que cuentan con un plazo de seis meses.

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