El plan abordará reformas aplazadas y exigidas por Bruselas para recibir el dinero
08 oct 2020 . Actualizado a las 09:12 h.Tres años. Es el tiempo que se ha dado el Gobierno español para movilizar los primeros 72.000 millones de euros —de los 140.000— procedentes del fondo europeo anticrisis Next Generation EU. Hay prisa por empezar a desembolsar las ayudas, que habrá que consumir en seis años. De ellas dependenderá la velocidad de salida de la crisis y la solidez del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que hoy presentó el presidente, Pedro Sánchez. Ante el previsible retraso en el envío de los fondos desde la UE, el Ejecutivo español ha decidido incluir en los Presupuestos Generales del Estado un adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a esas ayudas, que solo se podrá inyectar si consiguen reunir el apoyo parlamentario suficiente para sacarlos adelante. «Tenemos que ponerlo en marcha cuanto antes [...] Este es el desafío de nuestra generación», advirtió Sánchez.
crecimiento
Hasta 800.000 puestos de trabajo. Según cálculos del Gobierno, este primer tramo de ayudas podría generar hasta 800.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos tres años y aumentar en un 2,5 % del PIB el crecimiento anual. Si todo va bien y el plan da sus frutos, la economía española podría avanzar un 9,8 % en el 2021, recuperando buena parte del terreno perdido. No obstante, hay muchos obstáculos por el camino para poder hacerlo en tiempo y forma: dificultades burocráticas en la gestión de las Administraciones, un marco fiscal que ha quedado obsoleto con la crisis y que pone en cuestión la capacidad recaudatoria del Estado y una clase empresarial y trabajadora que tendrá que actualizar sus competencias digitales.
transición digital
El 33 % de las ayudas. Serán 23.760 millones de euros los que se inyectarán para la transformación digital y capilar de la economía. Aquí se encuadra el proyecto de macrodigitalización para el sector agroalimentario, la salud, el turismo, la energía y el comercio. «Es urgente apoyar la modernización del tejido empresarial», deslizó el presidente. En el país de las micropymes son las empresas más pequeñas las que atraviesan una situación más acuciante. Apenas tienen margen para invertir en su transformación, por eso se prevén ayudas para 2,5 millones de ellas. A la Comisión no le deja de asombrar que el país con mejor infraestructura digital cuente con niveles de digitalización tan ínfimos. También se quiere potenciar en el rural como solución a la despoblación.
transición ecológica
El 37 % de las ayudas. Hasta 26.640 millones de euros regarán proyectos vinculados a la «España verde» para la regenración del entorno natural. La medida estrella será el «despliegue masivo» del parque de generación renovable. El Gobierno aspira a poner en circulación 250.000 vehículos eléctricos para el 2023 y cinco millones en el 2030. ¿Cómo? Instalando 100.000 puntos de recarga eléctrica en estos tres años. La rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética será otra prioridad, además de la inversión en techos solares, hidrógeno renovable, biogás, reutilización de textiles o movilidad urbana. Un sobre de 2.000 millones de euros queda reservado para la gestión integral de la costa.
Cohesión social
Educación y salud. Una de las recomendaciones —ahora exigencia— que venía extendiendo Bruselas de forma periódica tenía que ver con la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad, pobreza y fracaso escolar en España. Por eso el plan reserva un 18 % del total de los fondos a la educación y formación continua, con el objetivo de crear 65.000 nuevas plazas de infantil de 0 a 3 años y 200.000 nuevas plazas de FP, adecuando la oferta a las necesidades del mercado. ¿Qué hay de la ciencia, la innovación y el refuerzo del sistema nacional de salud? La intención es que absorban el 17 % de las ayudas, que también incluirán la asistencia a personas dependientes.
¿Será capaz la Administración de digerir el flujo de ayudas?
«No podemos permitirnos que la burocracia obstaculice la recuperación», admitió Sánchez antes de apuntar con el dedo a las Administraciones públicas. El Gobierno quiere reciclar a 120.000 funcionarios públicos con programas de adaptación digital y emprender una reforma profunda de las leyes de la Administración General del Estado para eliminar «todos los cuellos de botella» en la gestión de los fondos. Empezando por la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público —que Bruselas lleva años reclamando— y la Ley General de subvenciones.
Hasta ahora, España había experimentado graves problemas para poder ejecutar los fondos estructurales de la UE. Tanto es así, que la Comisión Europea la sitúa a la cola del bloque con un nivel de desembolso del 34 % del dinero asignado para el período 2014-2020. El primero en la lista, Finlandia, alcanza el 74 %.
El Consejo Europeo insiste en cortar el grifo de las ayudas si no se cumplen las reglas fiscales
Las heridas abiertas que ha dejado la pandemia en las economías del euro -especialmente la española- han obligado a la Unión Europea a abrir la manguera del gasto público como nunca antes se había visto. Para evitar daños estructurales en los tejidos productivos, la disciplina fiscal se ha aparcado hasta el 2022, como mínimo. Pero, ¿hasta cuándo durará la tregua?
Esta misma semana, la presidencia alemana de turno de la UE propuso incluir en el reglamento del fondo de recuperación europeo una cláusula que introduce criterios de condicionalidad que podrían obstaculizar el acceso a las ayudas. El artículo 6 del mismo permitiría a los socios suspender el desembolso del dinero a cualquier país que no respete el marco fiscal y la senda de ajuste del déficit (3 % del PIB) y la deuda (60 % del PIB) marcada en el Pacto de Estabilidad. Aunque España trata de convencer a Berlín y sus socios de suavizar los términos, la batalla está servida. En el mes de julio, y por exigencia de Estados como Dinamarca, Austria o los Países Bajos, se acordó que los países que recibieran ayudas tendrían que justificarlas primero y cumplir después con las recomendaciones de Bruselas en torno a las reformas estructurales, como las pensiones o la reforma fiscal, y las reglas presupuestarias para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Si el reglamento se pacta en los actuales términos, España podría verse obligada en el 2022 a iniciar una nueva senda de ajustes. Todo dependerá de la fecha en la que Bruselas levante el pie del freno de la disciplina presupuestaria.
Calendario
Antes de llegar a ese escenario, el Gobierno tendrá que cumplir escrupulosamente con el calendario. Antes del 15 de octubre deberá enviar a la Comisión Europea las líneas maestras del plan que ha presentado, acompañado del Plan Nacional de Reformas, al margen de los Presupuestos. Los equipos de la Comisión dispondrán de ocho semanas para analizarlos con lupa y dar un veredicto. Mientas tanto, el próximo día 26 de octubre, Sánchez y los presidentes autonómicos tendrán la oportunidad de reunirse con la presidenta de la institución europea, Ursula von der Leyen, para debatir -entre otras cuestiones- el modelo de cogobernanza que se seguirá en la gestión de las ayudas europeas, evitando duplicidades y batallas políticas.