Xunta y Gobierno declaran la guerra a Alcoa y avisan de que esto no ha acabado

Albergaban la Xunta y el Gobierno central la esperanza -minúscula, eso sí- de que Alcoa recapacitara y reconsiderara su negativa en redondo a vender la planta de aluminio de San Cibrao. La habían conminado a ello después de que la multinacional diera definitivamente el domingo por rotas las negociaciones para la venta, una hora antes incluso de que expirase el plazo para cerrar un acuerdo en la medianoche de este lunes. Pero no hubo marcha atrás. Alcoa comunicó este lunes oficialmente al Gobierno, a la Xunta y a los trabajadores el fracaso del proceso. Lo hizo en la reunión telemática que tuvieron a primera hora de la mañana, en la que se analizaron los pormenores de ese fiasco.

A cuerno quemado han sentado la actitud y las explicaciones de la multinacional estadounidense en la Administración. Ambos señalan a Alcoa como la única responsable del fiasco y la acusan de empujar «a los trabajadores a un conflicto que no es necesario», porque, aseguran, «había soluciones» para alcanzar un acuerdo de compraventa. «Galicia y la comarca de A Mariña de Lugo no se merecen este trato por parte de la empresa», le echó en cara el vicepresidente y conselleiro de Industria, Francisco Conde.

«Este no es el final del camino»

Y no solo eso. Avisa el Gobierno de que, en todo caso, este «no es el final del camino» y añade que «se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas», en palabras del secretario general de Industria, Raúl Blanco. Medidas que analizarán en los próximos días y destinadas a «que no se pare la planta en ningún caso».

Alcoa se defendió de las acusaciones asegurando haber negociado «de buena fe» durante todo del proceso, con una oferta «equilibrada» y «varias concesiones», y achacando el fracaso a las condiciones «poco razonables» que puso Liberty sobre la mesa.

El no a la oferta de la SEPI

Respecto a la propuesta del Gobierno de que fuese la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que comprara la planta para revendérsela luego a Liberty, Alcoa alega que la rechazó porque incluía aspectos «que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería» en caso de venta. «No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado», zanjaba la empresa norteamericana.

Argumentos estos que no convencen al Ejecutivo, que, por boca de Blanco, acusó este lunes a la empresa de tener una estrategia para mantener el monopolio comercial del aluminio primario, trayendo el metal desde terceros países.

Ni que decir tiene que desde el comité de empresa también le llovieron las críticas a la multinacional. Su presidente, José Antonio Zan, insistió, además, en que ha llegado el momento de que las «Administraciones cumplan con lo que están diciendo e intervengan ya la compañía».

Los representantes de los trabajadores tenían este lunes una cita crucial con Alcoa. La idea, sobre el papel al menos, pactar contra reloj una solución menos traumática para la plantilla que el cierre: un ERTE. Y hacerlo en un solo día. Porque, en teoría, sin acuerdo, Alcoa ejecutará el temido ERE de extinción y cerrará la planta.

Tampoco pudo ser. Otra negociación que acabó en fracaso.

Antes del decisivo encuentro Zan insistió en que no pasarían por el aro de los despidos. «Todas las partes conocen nuestra postura. No vamos a aceptar ningún ERE ni que se paren las cubas. Defenderemos que se mantenga el 100 % de la producción y los puestos de trabajo». Tampoco un expediente de regulación temporal de empleo porque «sería un despido en diferido». «Un ERTE en la planta de aluminio significa lo mismo que el ERE porque es parar las cubas y, si las paras, matas la planta», zanjó.

Los trabajadores querían que la dirección de la compañía renunciase a cualquiera de las dos fórmulas y se diera un plazo de «quince, veinte días o un mes», y se sentara otra vez en la mesa de negociación. Esta vez para vender la planta a la SEPI. Tampoco dio Alcoa su brazo a torcer.

La multinacional pondrá ahora en marcha la maquinaria del ERE. Y los trabajadores se agarran al hilo de esperanza de las «medidas menos amistosas» de las que habla el Ministerio de Industria.

No solo es Alcoa, son las empresas auxiliares y las contratistas externas

m. s.

En A Mariña se confía aún en los efectos de la presión que puedan ejercer el Gobierno central y la Xunta de Galicia sobre Alcoa; en esa suerte de intervención, de una u otra manera. Ayer se palpaba entre los representantes políticos, en los propios alcaldes mariñanos, una mínima esperanza. Y, especialmente entre los propios trabajadores; es su manera de insuflarse ánimo y fuerza unos a otros.

«Las Administraciones no pueden permitir que una multinacional las ponga de rodillas», repetía ayer José Antonio Zan, presidente del comité. «Desde luego nosotros no vamos a permitir que se apaguen las cubas de ninguna manera, no queremos que A Mariña vuelva a los años setenta».

Los trabajadores no quieren ni oír hablar de ERTE ni de ERE ni de plan social, del que quedarían además apartados los empleados de las empresas auxiliares en caso de que la planta de aluminio cerrase. Estamos hablando de unos 450 trabajadores que realizan el mantenimiento de esa fábrica en empresas externas. Y no solo firmas de la costa lucense, de toda Galicia. Todo es incertidumbre. Se sabe además que el embalse de lodos rojos de la refinería de alúmina está al límite de su capacidad, en menos de 5 años estará desbordado. Alcoa ha advertido a la Xunta y ha solicitado permiso para su ampliación o para construir uno nuevo, hay tiempo, pero de momento nadie ha tomado ninguna decisión. La fábrica de Alcoa se desangra, con pérdidas y con cubas que se están dejando morir semana a semana; es como una máquina con respiración asistida; desde Pittsburgh están decididos a desenchufarla, pero resta saber si lo van a permitir las Administraciones desde España, o si se optará por esa transfusión necesaria.