Las moratorias hipotecarias, en manos de la banca a partir de ahora

j. m. c. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

ÓSCAR CELA

El Ejecutivo estudia prorrogar medidas como el bono social o las relativas al corte de suministros básicos

27 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Las familias que pasen por estrecheces económicas en el duro otoño que está por llegar tendrán que negociar con sus bancos si quieren aplazar algunas cuotas de sus hipotecas para hacer frente a la crisis. A partir del próximo 1 de octubre, estos hogares ya no contarán con la protección de la moratoria legal impulsada por el Gobierno en pleno estado de alarma, y cuyo plazo legal está a punto de expirar.

Seguirá habiendo aplazamientos para evitar los impagos, pero la decisión final quedará en manos de cada entidad financiera y de sus criterios, requisitos o exigencias con su cliente. El Ejecutivo no se plantea prorrogar el decreto que permitía estos aplazamientos de las cuotas por tres meses, una herramienta que ya tuvo que ser ampliada desde julio hasta septiembre por los rebrotes del coronavirus y las frágiles expectativas económicas. Ahora, con la segunda ola de la pandemia en marcha, será una de las medidas del escudo social que decaerán, según apuntan fuentes gubernamentales.

En estos seis meses de crisis, se habían concedido unas 226.000 moratorias hipotecarias a familias en apuros bajo las premisas de la norma del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. Más otras 392.000 relativas a todo tipo de préstamos, como los de consumo. En total, unas 618.000. Por su parte, la banca, que también optó desde abril por aplicar sus propias medidas para facilitar el pago de los créditos en paralelo al decreto del Ministerio de Economía, ha aprobado otras 666.000.

Aunque las moratorias quedarán previsiblemente excluidas de las medidas de protección, no ocurrirá lo mismo con el resto de las medidas del «escudo social» que impulsó el Ejecutivo en plena pandemia. El Consejo de Ministros tiene previsto ampliar el plazo para impedir los cortes de suministros básicos (luz, agua, gas) de familias vulnerables, así como la extensión del bono social (la ayuda que rebaja una parte de la factura eléctrica), la prohibición de los desahucios o las medidas para mitigar el coste del alquiler.