El Gobierno propone prorrogar todos los ERTE en vigor, pero sin exenciones

Reserva las bonificaciones para los sectores más afectados por la crisis

G. l.
redacción / la voz

El tiempo se acaba, y todavía no hay acuerdo para prorrogar el colchón de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Sobre la mesa, la última propuesta del Gobierno, que suena más o menos bien a oídos de los sindicatos, pero no tanto a los de la patronal. Y eso porque insiste el Gobierno, con el particular empeño en ello de su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en limitar las ventajas de los actuales ERTE por fuerza mayor a los sectores más golpeados por la pandemia. Esto es, el turismo y la aviación, fundamentalmente. Aunque bien es cierto que podrían ampliarse a las empresas que, aun no estando dentro de estos sectores protegidos, puedan demostrar que forman parte de la cadena de valor.

De hecho, en el documento que el pasado jueves trasladó el Ejecutivo a los agentes sociales se habla de que los ERTE por fuerza mayor que estén en vigor en el momento en el que se apruebe la ampliación podrán prorrogarse «automáticamente hasta el 31 de enero del 2021», aunque, eso sí «sin ningún tipo de exoneración». Libera a los empresarios del yugo de los sueldos pero nada más.

La bonificaciones, para aquellas empresas que peor lo están pasando. A saber: del 85 % para las compañías con menos de 50 trabajadores en plantilla; y del 75 % para las que tengan 50 o más. Y tanto para los empleados que sigan en ERTE, como para los que se reincorporen a la empresa a partir del 1 de octubre.

A las compañías que no estén encuadradas en los sectores que el Gobierno considera más vulnerables, pero que puedan demostrar que el grueso de su negocio procede de esas actividades también se les aplicarán esas bonificaciones. Claro que no será fácil demostrarlo.

Para empezar, habrán de dejar constancia de que la mitad de su facturación del año pasado procedió directamente de empresas de los sectores vulnerables; o, en su defecto, que su actividad real depende indirectamente de ellas.

Será la autoridad laboral competente (en el caso de Galicia, la Xunta) quien otorgue esa declaración de «empresa dependiente o integrante de la cadena de valor». Y tendría que hacerlo antes del 19 de octubre. Se antoja un plazo de lo más apurado, a la vista de lo sucedido con la tramitación de la primera oleada de ERTE.

También ha afinado el Ejecutivo su oferta para los llamados ERTE de rebrote. Podrán acogerse a ellos todas las firmas que se vean obligadas a paralizar por completo su actividad en alguno de sus centros de trabajo, a raíz de las nuevas medidas o restricciones que se impongan para frenar la pandemia a partir de 1 de octubre. Ya vengan de la mano de las autoridades españolas o de extranjeras. En estos casos, las exoneraciones serán del 85 % para las compañías de menos de 50 trabajadores, y del 75 % para las que igualen o superen esa cifra. Las disfrutarán mientras esté en vigor esta nueva prórroga. Es decir, hasta el 31 de enero del año que viene. Pero, ahora bien, solo para los incluidos en el ERTE.

Se podrán acoger a ellos también los negocios «que vean limitado el desarrollo normal de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas medias de reducción de aforo y limitaciones horarias decretadas por las autoridades españolas correspondientes, a partir del 1 de septiembre». En su caso, las exoneraciones para los que cuentan con menos de 50 empleados serán del 85 % en octubre, del 70 % en noviembre, del 55 % en diciembre y del 40 % en enero (75, 60, 45 y 30 % para las de 50 o más trabajadores). Para contabilizarlos, se tomará como referencia la plantilla a 29 de febrero de este año.

Tanto en un caso como en otro, las bonificaciones solo se aplicarán a los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo.

Los autónomos negocian nuevas ayudas para los más castigados por la crisis

G. Lemos

Las prestaciones se prorrogarán hasta el 31 de enero, como los ERTE

En silencio, mientras el tira y afloja para la prórroga de los ERTE centra el foco mediático, el Ministerio de Seguridad Social y las principales organizaciones de autónomos (UPTA, ATA y UATAE) ultiman la negociación de nuevas ayudas para un colectivo, el de los trabajadores por cuenta propia, que también está sufriendo en sus carnes los rigores de la crisis económica derivada por la pandemia.

Tras una reunión presencial a finales de la semana pasada, las distintas partes se han intercambiado en los últimos días documentos para articular un nuevo mecanismo de ayudas que dé cobertura a los negocios más castigados por la crisis. Tanto aquellos que no han podido reabrir tras el fin del confinamiento porque las restricciones impuestas lo impiden o hacen inviable la actividad, como aquellos que sufren una caída sustancial de su facturación.

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