Absueltos la mujer y dos hijos de Fernández de Sousa de blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda

La Voz

ECONOMÍA

Óscar Vázquez

Habían sido acusados por ocultar 2,6 millones en cuentas de Andorra

26 sep 2020 . Actualizado a las 00:50 h.

La sentencia por el juicio del caso Pescanova todavía tendrá que esperar. Pero la pieza separada del caso en la que Rosario Andrade Detrell, esposa del expresidente de la multinacional pesquera, Manuel Fernández de Sousa, y dos de los hijos del matrimonio, Pablo Javier e Ignacio José Fernández Andrade, estaban acusados de sendos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, ya tiene fallo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los acaba de absolver a los tres.

Pedía la Fiscalía una condena de tres años de cárcel por blanqueo para cada uno de los acusados. Alternativamente, el Ministerio Público solicitaba también tres años de prisión para ellos por un delito contra la Hacienda pública. Por este último, la Abogacía del Estado solicitaba cuatro años de cárcel para Andrade y tres para cada uno de sus hijos.

Los hechos probados de la sentencia consideran acreditado que los tres acusados abrieron sendas cuentas corrientes en la entidad bancaria andorrana Andbank que no fueron declaradas ante el fisco, como obliga el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

En ellas se depositaron 2.671.450 euros. La mayor parte, más de 2,5 millones de euros, mediante ingresos en efectivo, mientras que otros 150.000 fueron transferidos desde una sociedad radicada en Panamá.

Esas cuentas, reza el fallo, «permanecieron ocultas a la Hacienda pública y la jurisdicción española hasta que las autoridades de Andorra comunicaron su existencia al Juzgado Central de Instrucción 5» en contestación a una comisión rogatoria. La sentencia recoge que se desconoce con exactitud el origen del dinero que fue a parar a las cuentas en los años 2009, 2010 y 2012, pero apunta que «lo que sí aparece acreditado es que tales fondos no proceden de las cuentas de la sociedad Pescanova o de alguna de sus filiales».

Aunque no se conoce la procedencia de los fondos, admiten los magistrados que a lo largo del procedimiento se ha podido desentrañar que las actividades relacionadas con la hípica desarrolladas por los acusados en los años previos a la realización de los ingresos les reportaron pingües beneficios.

El lucrativo negocio hípico

Durante aproximadamente 20 años, Rosario Andrade se dedicó a la cría y reproducción de caballos, lo que le proporcionaba «cuantiosos» ingresos, en sumas que, sin embargo, no han sido precisadas; en tanto que sus hijos Pablo e Ignacio se entregaron a la doma de caballos y a las competiciones ecuestres. Entre 1992 y el 2006. También ganaron lo suyo, pero tampoco se sabe cuánto.

Los fondos ingresados en Andorra, señala la sentencia, «no procedían de previas actividades delictivas, siendo coherente, lógica y verosímil la unánime versión de los acusados acerca de que dicho efectivo ingresado en las cuentas andorranas procedía del negocio ecuestre que desarrollaban. De ahí que, por falta de prueba sólida y contundente, haya que absolverlos del delito de blanqueo de capitales».

Con todo, a juicio de los magistrados, no ha quedado acreditado que los acusados, por los ingresos inicialmente no declarados efectuados en las cuentas del Andbank, hayan perpetrado infracción tributaria alguna con consecuencias penales.

Tampoco han considerado los jueces, examinadas todas las pruebas, que debía prosperar la acusación del Ministerio Fiscal relativa al delito de blanqueo de capitales.

A la espera de sentencia, siete años después de la quiebra 

Siete años después del derrumbe de Pescanova, con una deuda oculta de 3.600 millones de euros -la mayor quiebra empresarial no inmobiliaria de la historia de España- y tras ocho largos meses, el macrojuicio contra la antigua cúpula de la multinacional pesquera quedó visto para sentencia a finales del pasado mes de julio. Manuel Fernández de Sousa, expresidente de la compañía y principal acusado, se enfrenta a 28 años de cárcel por la presunta comisión de un rosario de delitos: desde estafa a falseamiento de cuentas e información económica y financiera, pasando por falsedad documental, blanqueo e insolvencia punible.