El Gobierno quiere trasvasar las pensiones no contributivas a la renta mínima
ECONOMÍA
Escrivá avanza un acuerdo inminente para subir las prestaciones con el IPC
23 sep 2020 . Actualizado a las 19:23 h.El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció este miércoles que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que se debaten las reformas de las pensiones, está «a punto» de cerrar un acuerdo que servirá para «despejar la incertidumbre» sobre el futuro del sistema, tanto en los actuales beneficiarios como en los cotizantes que esperan acceder a él en un tiempo no muy lejano. Un pacto que, avanzó, pasará por actualizar las pensiones anualmente de acuerdo al IPC, desterrando de forma definitiva la reforma del año 2013, cuando el Gobierno de Rajoy estableció un nuevo índice de revalorización, vinculado a la salud financiera de la Seguridad Social, que durante años limitó la subida de las prestaciones al 0,25 % anual.
Aunque la norma general pasará por reindexar las pensiones a la inflación (algo que, en la práctica, podría tener un escaso efecto este año, ya que se espera que el IPC cierre el ejercicio en tasas cercanas al 0 %), el ministro abrió la puerta a establecer un trato más favorable para las prestaciones mínimas, que ya en el pasado se revalorizaron por encima de la media. Un mecanismo de «redistribución» que Escrivá, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, abogó por potenciar argumentando que «los pensionistas de rentas más bajas tienden a vivir menos», por lo que ve «justificado introducir elementos de progresividad en el sistema de Seguridad Social».
El ministro anunció también cambios para las pensiones no contributivas, asegurando que su intención pasa por integrar estas prestaciones dentro del esquema del ingreso mínimo vital (IMV). Una medida que no tendría implicación en la cuantía de la pensión (pues el importe de la no contributiva coincide con el de la renta mínima: 5.538,4 euros anuales) pero sí en los requisitos para su reconocimiento, puesto que Escrivá deslizó que se busca «definir mejor estas pensiones y un plantemiento más justo a la hora de abordar situaciones de vulnerabilidad», para lo que se analizaría «no el punto de vista del individuo, sino el del hogar en el que se encuentra». Traducido, que se endurecerían los requisitos de acceso y se vincularían a la renta de todos los miembros de la unidad familiar.
Complementos autonómicos
En su respuesta a la pregunta de un diputado de EH Bildu, el ministro aprovechó para recordar a las comunidades (que tienen transferida la gestión de estas pensiones no contributivas, que se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado) que la normativa actual les permite incrementar en hasta un 30 % la cuantía de las prestaciones. En ese sentido, recordó que los recursos que libera el Estado al aprobar un ingreso mínimo que reduce las nóminas de la risga y otras rentas de inserción autonómicas pueden ser aprovechados para elevar el importe de las pensiones no contributivas.
Sobre el atasco en la tramitación del ingreso mínimo, Escrivá defendió que ya hay 90.000 familias que tienen reconocida la nueva prestación y justificó los retrasos por el aluvión de expedientes presentados, más de 840.000. En ese sentido, comparó la situación con la de Galicia, que en el primer año de implantación de la risga solo recibió 3.000 solicitudes. Y recordó que, 25 años después, la Administración autonómica «tarda de media cuatro meses en resolver un expediente».
En cualquier caso, los sindicatos de la función pública (CC.OO., UGT y CSIF) anunciaron ayer que mantendrán en los próximos días una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, para abordar el «colapso» en la gestión del IMV, que amenaza con atascar otros trámites, como las solicitudes de pensiones.
