Considera ilegal y anticompetitivo el esquema de bonificaciones fiscales
23 sep 2020 . Actualizado a las 20:18 h.Cinco años. Es lo que ha tardado el Tribunal General de la Unión Europea en rectificar la sentencia que dictó en diciembre del 2015 eximiendo a España de recuperar las ayudas del tax lease. El dinero tendrá que ser reembolsado si no se interponen nuevos recursos.
Eso es lo que se desprende de la sentencia que hizo pública esta mañana la institución y en la que le da la razón a la Comisión Europea: el esquema de bonificaciones fiscales para inversores y astilleros que estuvo en vigor desde el 2002 distorsionó la competencia.
La historia se remonta al 17 de julio del 2013, cuando el por entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, anunció, envuelto en una enorme polémica, que las empresas e inversores que habían participado en las agrupaciones de interés económico (AIE) para conseguir rebajas fiscales a través de la construcción de buques en territorio español debían restituir al Estado los beneficios obtenidos de forma ilegal entre los años 2007 -fecha en la que Bruselas declaró públicamente incompatible una medida francesa similar- y 2011. La decisión llevó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a declararlo persona non grata.
Los afectados recurrieron la decisión ante la Justicia europea. El Tribunal General les dio inicialmente la razón en el 2015, pero tras un recurso de Bruselas, en el 2018 el Tribunal de Justicia de la UE devolvió el caso a las manos del Tribunal General, que ayer se vio obligado a rectificar y reconocer que se les ofreció un trato fiscal «más favorable que el deparado a otros sujetos».
¿En qué se tradujo ese trato ventajoso? Los inversores disfrutaron de amortizaciones anticipadas de tres a cinco años desde el comienzo de la construcción de los barcos y de precios entre un 20 y un 30 % más baratos. Esas condiciones permitieron atraer hasta 273 contrataciones de buques a los astilleros españoles, en detrimento, según la Justicia europea, de rivales como los holandeses, instigadores de la ofensiva contra el tax lease.
Los magistrados aseguran que la Administración española concedió ventajas aplicando «criterios vagos» e injustificables. Por eso consideran que la Comisión Europea no erró el tiro al delclarar que el sistema de bonificaciones fiscales era anticompetitivo y «selectivo en su conjunto». En otras palabras: se trata de una ayuda de Estado ilegal que Hacienda deberá recuperar.
Navieras, exentas
¿Tendrán que devolver el dinero las navieras? No. Aunque se beneficiaron de forma indirecta de este esquema ilegal de ayudas, la carga del reembolso recaerá sobre los hombros de los inversores que fueron «quienes tuvieron el disfrute efectivo de la ayuda», explica el Tribunal, recogiendo el argumentario de la Comisión.
Los afectados alegan que la Comisión vulneró el principio de «confianza legítima» al no persuadirles de la ilegalidad, pero los magistrados no lo estiman así: «no demostraron haber recibido garantías concretas e incondicionales de la Comisión sobre la legalidad del tax lease».
126 millones en juego
Empresas y entidades financieras se beneficiaron de las exenciones
¿A quién le tendrá que reclamar el Estado el dinero? Hay multitud de bancos y empresas que participaron en este esquema para obtener desgravaciones fiscales en sus inversiones entre los años 2007 y 2011. Entidades financieras como el Santander, Bankia, Sabadell, el ya extinto Popular -hoy en manos del Santander-, y la actual Abanca participaron en el negocio de la construcción de buques en los astilleros españoles atraídos por las ventajas que les ofrecían los ministerios de Industria y Hacienda. También empresas como Inditex, Ikea o El Corte Inglés entraron en lidia.
El tax lease les permitía rebajar sustancialmente el precio en la compra de buques made in Spain. ¿Cómo? A través de un laberinto de mecanismos societarios y ventajas fiscales que cubrían la diferencia entre el coste de construcción y lo que el armador estuviera dispuesto a pagar. Cada ayuda se aprobaba de forma individual y bajo criterios que el Tribunal General considera ahora arbitrarios.
El volumen de las ayudas que estas firmas tendrán que retornar asciende a 126 millones de euros, según tasó en su momento el Ministerio de Hacienda, comandado entonces por Cristóbal Montoro. No obstante, la decisión puede recurrirse en el plazo de dos meses.