La solicitudes de la renta mínima que no se resuelvan en 6 meses serán anuladas

A quienes la pidieron a mediados de junio solo les quedan 3 meses para obtenerla


Redacción / La Voz

Seis meses. Ni un día más. Es el plazo que ha fijado el Gobierno para tramitar las solicitudes de la renta mínima y desatascar el cuello de botella que se ha formado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a costa del ingreso mínimo vital (IMV). Eso sí, el tiempo empieza a correr desde el día en que se registra la petición, así que los ciudadanos que solicitaron la ayuda a mediados del mes de junio solo dispondrán de tres meses adicionales para esperar una respuesta de la Administración. Pasado ese plazo, y sin nuevas prórrogas a la vista, el silencio administrativo daría carpetazo a sus esperanzas.

La medida, aprobada este martes de urgencia en el Consejo de Ministros, concede un balón de oxígeno a funcionarios y hogares. Unos reclaman refuerzos y plazos más realistas. Otros, agilidad, respuestas y, sobre todo, ayuda financiera. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que invertirán más esfuerzos para acelerar las gestiones «garantizando la tramitación de todas las recibidas hasta la actualidad», pero nada se sabe todavía de los 1.000 efectivos que iban a incorporar a las oficinas de la Seguridad Social para aliviar la carga de trabajo de los funcionarios.

Retroactividad

¿Qué hay de las mensualidades que los hogares no han cobrado todavía? En esa situación se encuentran alrededor de 800.000 solicitantes, quienes todavía no han obtenido respuesta oficial. Si el INSS finalmente les reconoce el derecho a la renta mínima antes del 31 de diciembre, tendrán derecho a cobrar todos los pagos atrasados desde el 1 de junio de una sola tacada. No obstante, quienes a principios del desconfinamiento no reuniesen los criterios para beneficiarse del IMV, pero sí lo hiciesen con posterioridad, podrán recibir las cuantías desde el mes siguiente a cumplir con los umbrales fijados. Además se ha eliminado el requisito de estar inscrito en el SEPE como demandante de empleo para poder acceder a la prestación.

Cruce masivo de datos

Otra de las maniobras con las que el Ejecutivo espera desatascar el tapón de expedientes es con el cruce masivo de datos de los solicitantes con los que obran en el padrón. De esta forma, esperan acabar con el infierno burocrático al que se han visto empujados los ciudadanos, ahogados en trámites y papeleos. «Con esto se evitará que tengan que solicitar estos documentos a los municipios», asegura el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Coordinación autonómica

Uno de los problemas más acuciantes es levantar el bloqueo que están sufriendo los solicitantes de la renta mínima que perciben otras ayudas autonómicas como la RISGA. El Ejecutivo de Sánchez lanzó el balón al tejado de los Gobiernos regionales: «El INSS podrá reconocer a estas personas hasta el 31 de diciembre si las comunidades autónomas certifican la constitución de la unidad de convivencia y tiene en su poder la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la prestación».

Galicia reclama la gestión

El Ejecutivo gallego insiste: viendo el bloqueo absoluto del INSS, lo mejor es la descentralización de la gestión del IMV para evitar duplicidades, solapamientos con otras prestaciones y nuevos cuellos de botella en la Seguridad Social. Desde la consellería de Política Social se muestran críticos con los resultados de la renta mínima en Galicia: solo 4.277 gallegos de los 40.000 que podrían recibir el IMV disfrutan de la ayuda. «O reducido número de beneficiarios evidencian a mala xestión que está a realizar o Goberno central desta prestación», aseguran.

Colas virtuales

De todos esos hogares españoles que llegaron a solicitar la renta mínima (900.000), poco más de 80.000 han recibido respuesta afirmativa (76.000 de forma automática porque ya percibían ayudas familiares a cargo de la Seguridad Social), según las últimas cifras del Ministerio.

Eso reduce a 4.000 los expedientes que se han tramitado en los últimos tres meses. El aluvión de demandas, la falta de personal, la excesiva burocracia y la falta de coordinación con las autonomías está detrás de todo este caos administrativo que impide a los gallegos en situación de precariedad y pobreza acceder a una ayuda necesaria y urgente. El ingreso mínimo vital se le ha concedido a 4.277 personas en Galicia. De todos esos beneficiarios, solo 498 consiguieron llevar a buen puerto sus trámites con el Insituto Nacional de la Seguridad Social.

Una viguesa a la que le han denegado el ingreso mínimo vital dos veces: «Si no soy vulnerable con 430 euros, que se pongan en mi piel»

a. martínez

Raquel, de 44 años, se quedó sin empleo por culpa de la pandemia. Con una hija universitaria y pagando 300 de alquiler, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha vuelto a negar la renta mínima

Con una pensión de 430 euros, una hija universitaria y pagando 300 de alquiler, a Raquel le acaban de denegar por segunda vez el ingreso mínimo vital. Ya se lo rechazaron en agosto porque, según afirma, su hija no estaba inscrita en el Inem. Salvado ese requisito, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se la ha vuelto a negar porque no consideran que se encuentre en una situación vulnerable.

«Me parece una injusticia. Si esto no es una situación de vulnerabilidad, que se pongan en mi piel a ver cómo hacen», afirma esta viguesa de 44 años, que se quedó sin empleo por culpa de la pandemia. La renta mínima le iba a proporcionar un ligero desahogo para afrontar todos los gastos que le esperan con la vuelta a clase de su hija. Su situación ahora sigue igual de complicada, lo que reconoce que le genera un gran malestar físico y psicológico.

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