La Justicia europea avala las restricciones al uso de vivienda vacacional

No todo vale bajo el paraguas de la economía digital. Las autoridades quieren poner orden en la selva en la que se ha convertido el mercado del alquiler en las grandes urbes europeas, promovido por empresas de oferta de alojamiento turístico como Airbnb. No es una tarea sencilla. A la presión de los operadores se suma también la resistencia de los propietarios, que buscan fórmulas alternativas de amasar dinero en poco tiempo sin asumir los compromisos de un contrato de arrendamiento de larga duración. Las consecuencias son conocidas: escasez de inmuebles en alquiler residencial, precios desorbitados y proliferación de infraviviendas. 

Y precisamente eso es lo que quiso atajar el Gobierno francés cuando actualizó el Código de la Construcción y de la Vivienda. El reglamento exige a cualquier propietario interesado en alquilar su propiedad que pida una autorización previa que debe ser emitida por el alcalde del municipio donde esté ubicada. El Código permite la conversión de la vivienda de uso vacacional a uso residencial si se certifica que «de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo (se alquila) a clientes de paso que no fijan en él su domicilio». 

Eso fue lo que le pasó a Cali Apartments SCI y HX. Ambas propietarias ofrecieron por Internet sendos estudios para alquilar en París sin haber solicitado autorización previa al Ayuntamiento. Según pudieron certificar las autoridades locales, esos inmuebles se arrendaron de forma continuada a turistas sin haber dado parte a las autoridades. Esta situación derivó en sanciones, que fueron recurridas en varias instancias hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que esta mañana ha avalado el mecanismo de control aplicado por las autoridades francesas y ha declarado «proporcionales» las restricciones públicas impuestas para controlar los abusos en el mercado del alquiler. 

Según reza la sentencia, el «régimen de autorización» del que disponen los municipios franceses de más de 200.000 habitantes y hasta tres departamentos limítrofes con París, está justificado por una razón imperiosa de interés general y porque no existe cualquier otra medida menos restrictiva para alcanzar su objetivo: controlar la disponibilidad de vivienda digna a precios asequibles. «Es un mecanismo de lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, con el objetivo de dar respuesta al deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y al aumento de las tensiones en los mercados inmobiliarios», explica en su resolución. 

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