El Gobierno busca una prórroga para deshacerse de la herencia de Bankia

Bruselas acordó su desinversión si las condiciones de mercado lo permitían


redacción / la voz

¿Cuándo recuperará el Estado español el dinero que se desembolsó en el rescate a Bankia? Lo realista sería decir «nunca». Al menos no en su totalidad. El propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) calcula que de los 22.000 millones de euros que se inyectaron para recapitalizar la entidad, solo son recuperables 9.560 millones, en el mejor de los casos.

Para maximizar el retorno de la «inversión» que hizo el Estado para mantener a flote el banco, el Gobierno tendrá que esperar a una ventana de oportunidad para deshacerse a buen precio de la herencia que todavía conserva de Bankia (el 16 % de las acciones del nuevo banco producto de la fusión con CaixaBank). No será nada sencillo.

Las autoridades europeas habían recomendado al FROB salir de la entidad a los cinco años de su rescate en el 2012. Llegó el 2017 y el Gobierno aprobó una prórroga de dos años a pesar de las prisas de Bruselas y Fráncfort. «La privatización no se puede eternizar», clamaba el propio Goirigolzarri en el 2018, confiando en que el Banco Central Europeo (BCE) cambiaría su política monetaria y subiría tipos. No contaba con la hemorragia económica que ocasionaría la pandemia en todo el mundo.

En el 2019 el Ejecutivo aprobó una segunda prórroga que fija en el 31 de diciembre del 2021 el plazo para salir de la entidad y recuperar todo el dinero posible. Eso no pasará. El Estado se verá obligado a extender una tercera prórroga o arriesgarse a vender a precio de saldo su participación en la entidad. «Lo que no se puede hacer es malvender o regalar. Deberán esperar a un momento mejor. Si es necesario, concederán una prórroga sin ningún problema. Han concedido tres prórrogas. No pasa nada con eso», asegura el representante de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en España, Ángel Bergés.

Autorización

Pero, ¿quién tiene que autorizar esa tregua? Se refiere a la Comisión Europea, quien negoció con el Ejecutivo español los términos del rescate en el 2012. El pliego de condiciones obligaba al Estado por un lado a «reducir al mínimo la carga sobre los contribuyentes». No solo en términos de liquidación -protegiendo los depósitos-, también en las operaciones de desinversión. Sin embargo, tal y como reconoció el presidente del Frob, Jaime Ponce en el 2017, la normativa de resolución bancaria exige que las ayudas públicas destinadas a la estabilización de una entidad deben retirarse «cuando el mercado lo permita».

Se trata de una referencia temporal muy ambigua, lo suficiente como para que el presidente del nuevo banco, José Ignacio Goirigolzarri, interprete que será el Gobierno el que decida sobre una nueva extensión del calendario: «Quiero dejar claro que el compromiso no es con el BCE o Bruselas, es la Ley española la que traslada dos veces la fecha y para hacerlo es decisión del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía», señaló esta semana. Sería Nadia Calviño la responsable de articularla.

Aunque no necesite su firma, en otras circunstancias Bruselas podría poner objeciones, como hace con el cumplimiento de sus recomendaciones. No parece que vaya a ser el caso. El escenario de crisis económica y depreciación bursátil que han sufrido los bancos en los últimos meses abocan a otra prórroga a la espera de tiempos mejores: «No hay un calendario trazado [...] La idea es privatizar, pero no parece el mejor momento», admitió Goirigolzarri.

El debate político en torno a la edad de jubilación se cuela en los planes de la nueva entidad

 

 

La gran incógnita que queda por despejar en los planes del nuevo banco es qué va a pasar con los cerca de 8.000 empleados de los que van a prescindir para reducir costes y duplicidades. La cifra coincide con los trabajadores de más de 52 años.

Los sindicatos se inclinan por recurrir a las clásicas prejubilaciones o bajas incentivadas. Ambas salidas son mucho menos conflictivas que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). No obstante, estas vías chocan de frente con los planes del Ejecutivo de desincentivar el retiro prolongado y la necesidad de introducir mecanismos para alargar la edad efectiva de jubilación, vinculándola a la esperanza de vida. El debate está servido porque ni siquiera el socio de coalición, Podemos, está de acuerdo con estos planes auspiciados por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Fórmulas alternativas

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, y el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, defienden el diseño de fórmulas más «creativas» e innovadoras que permitan dar una salida laboral a los trabajadores, como podría ser la externalización de servicios, apunta Efe.

Hasta el momento, el ERE de Bankia en el 2013, que se tradujo en la salida de 4.500 empleados -la mayoría prejubilados-, ha sido el más importante en la historia del sector bancario español, recuerdan los sindicatos. Si los planes no fallan, el de CaixaBank batirá el récord.

El Estado no se plantea vender a corto plazo su 16% de la nueva CaixaBank

La Voz
El presidente de Bankia y el consejero delegado de CaixaBank presentan el acuerdo de fusión Los consejos de ambas entidades bendijeron ayer la integración, con la que se crea el mayor banco de España

La fusión ahorrará 770 millones de euros en costes a partir del 2023

El canje de la fusión entre Bankia y CaixaBank, el secreto mejor guardado de la operación, ya está sobre la mesa: 0,6485 acciones de CaixaBank por cada título de Bankia, lo que representa una prima del 20 % sobre la cotización que tenía el banco nacionalizado a comienzos de mes, antes de que saltaran a la luz las conversaciones para la integración. La ecuación supone valorar Bankia en 4.300 millones de euros (1,41 euros por acción).

En estos términos, los accionistas de CaixaBank controlarán el 74,2 % del nuevo banco; y los de Bankia, el 25,8% restante. Así las cosas, el Estado, a través del FROB, tendrá una participación en el mayor banco del país del 16,1 %, y la Fundación Bancaria La Caixa, a través de Criteria, alrededor del 30 %. El resto del capital estará en bolsa (un 37 % en manos de inversores institucionales y otro 17 % en poder de pequeños accionistas).

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