Los contactos entre la vicepresidenta Calviño y Fainé fueron cruciales para cerrar el acuerdo
20 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Poco antes de las vacaciones de agosto, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, lanzó el primer globo sonda sobre un posible futuro compartido de Bankia ante la acuciante crisis del coronavirus: «Es posible que todo este contexto genere un caldo de cultivo favorable a un proceso de consolidación adicional [...] Somos favorables a las fusiones si tienen sentido». No recibió ninguna respuesta. Tres días después, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, descartaba esa vía, salvo que surja alguna «oportunidad». La coletilla le sirvió a Gortázar para justificar, apenas 34 días después, el anuncio oficial del inicio de las negociaciones entre CaixaBank y Bankia para fusionarse.
A esa treintena de días se le sumaron otras dos semanas, hasta que el pasado martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, cerraron los últimos flecos de la absorción. Aunque oficialmente las conversaciones no comenzaron hasta el 3 de septiembre, en realidad fue durante el mes de agosto, con media España en la playa, cuando gestaron lo que sería el mayor banco en España.
«Para casarse en tiempos difíciles es importante elegir a la pareja correcta», admitía Gortázar esta semana. Y fue Isidro Fainé quien se dirigió a la ministra Calviño para proponerle la gran operación. La ministra encontraba así una luz al final de un túnel que se había convertido en una patata caliente para los sucesivos Gobiernos. También para el de coalición, con Unidas Podemos reclamando la conversión de Bankia en un banco público. Negociaciones, cruce de documentos y puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Prácticamente nadie en el Gobierno lo sabía, salvo el presidente Pedro Sánchez y el círculo de allegados.
Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar el papel destacado que ha jugado el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante el proceso de negociación.
La operación estaba tan encarrilada que el 25 de agosto se reunieron los consejos de administración de los dos bancos. La fusión estaba más cerca a falta de algunos detalles. El 3 de septiembre, a medianoche, la CNMV recibía el documento en el que se oficializaba la fusión. Desde entonces, los equipos liderados por Gortázar y Goirigolzarri siguieron trabajando para limar discrepancias. Obligaron a intervenir no solo a Calviño sino al mismo vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. El Estado quería una participación de no menos del 15 %. Y había que conjugar ese deseo con el suelo del 30 % que exigía la Fundación la Caixa. Para cuadrar el círculo, De Guindos permitió que CriteriaCaixa -brazo inversor de la Fundación- elevara al 41 % su propiedad en CaixaBank de inmediato, para después situarse en el 30 %. Otro punto conflictivo desatascado.
Los encuentros de Calviño y Fainé, en Madrid, durante esta semana han culminado el proceso. Economía se asegura «la mejor de las opciones posibles» para el futuro de Bankia. CaixaBank consigue extender su posición de liderazgo en toda España y, de paso, aliviar la presión del independentismo político con esta integración netamente financiera.
El Gobierno busca una prórroga para deshacerse de la herencia de Bankia
¿Cuándo recuperará el Estado español el dinero que se desembolsó en el rescate a Bankia? Lo realista sería decir «nunca». Al menos no en su totalidad. El propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) calcula que de los 22.000 millones de euros que se inyectaron para recapitalizar la entidad, solo son recuperables 9.560 millones, en el mejor de los casos.
Para maximizar el retorno de la «inversión» que hizo el Estado para mantener a flote el banco, el Gobierno tendrá que esperar a una ventana de oportunidad para deshacerse a buen precio de la herencia que todavía conserva de Bankia (el 16 % de las acciones del nuevo banco producto de la fusión con CaixaBank). No será nada sencillo.