Celsa, con 140 empleos en Galicia, a un paso de acogerse al fondo de rescate

La multinacional analiza la viabilidad del plan del Gobierno para obtener liquidez


Carballo / La Voz

La pandemia provocada por el covid-19 está causando verdaderos estragos en todo el tejido productivo. A todos los niveles. A los problemas derivados por la caída en picado de las ventas hay que sumar el de la falta de liquidez con el que afrontar los pagos más inmediatos.

Es el caso de Celsa. Con base de operaciones en Barcelona, la compañía tiene repartidas factorías por todo el mundo. En España, además de en Cataluña, cuenta con plantas de producción en Cantabria, el País Vasco, Asturias y Galicia. En esta comunidad la empresa tiene un centro de trabajo: se ubica entre Cabovilaño y Lendo, junto al polígono industrial de A Laracha, y da empleo a 140 trabajadores.

Estas tensiones de tesorería han obligado al consejo de administración de Celsa a poner sobre la mesa la posibilidad de acogerse al fondo de rescate promovido por el Gobierno y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Desde la multinacional apuntaron que se «analizan en la actualidad, y de forma detenida, las condiciones dadas a conocer por el consejo gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, y se estudia si procede acogerse a la ayuda pública temporal que ofrece el Gobierno a las compañías que, como consecuencia de la pandemia, necesiten financiación adicional de forma transitoria». Y añadieron: «Hasta el momento no se ha solicitado, ninguna ayuda a dicho fondo. La empresa está únicamente en fase de recabar información sobre las ayudas. Celsa está en la fase de petición de información sobre las condiciones y el objetivo es analizar si se piden, o no, estas ayudas en el futuro. Por tanto, no se ha tomado una decisión al respecto».

Pero además de la caída de la actividad durante el confinamiento y la merma continuada en los precios y los márgenes comerciales como consecuencia de la dura competencia que la siderúrgica mantiene con otros productores, sobre Celsa pende otra espada de Damocles en forma de suministro energético con el que poder desarrollar su actividad con total normalidad. Como otras grandes multinacionales del sector siderúrgico, la compañía es electrointensiva, lo que eleva sus costes de producción y, por tanto, agudiza estas tensiones en la tesorería, justo ahora, con el futuro incierto provocado por la pandemia.

De hecho, empresa y sindicatos aprobaron hace unos meses un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor para el centro de A Laracha que concluirá, según apuntaron fuentes del comité de empresa, el 31 de mayo del próximo año. Hasta el momento, según señalaron desde la representación sindical, la empresa ha activado el ERTE en dos ocasiones. La primera vez, del 25 de abril al 5 de mayo por problemas en el suministro de palanquilla (materia prima empleada en la producción de acero); y la segunda, en agosto.

Por suerte, tanto en septiembre como en octubre hay carga de trabajo y los representantes de los trabajadores creen que no será necesario reactivar de nuevo el ERTE en lo que resta del 2020.

La factoría larachesa produce cada año medio millón de toneladas de acero para abastecer los sectores de la construcción y la automoción. El 75 % de la producción va destinado a la exportación.

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