Competencia investiga a varias funerarias por fusionarse sin permiso

La CNMC trata de aclarar si se han producido operaciones de concentración de empresas del sector funerario sin contar con la autorización del regulador


Redacción / La Voz

Competencia ha puesto la lupa en el sector de los seguros de decesos y los servicios funerarios. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha vuelto a la carga y se encuentra inmersa en una investigación que trata de aclarar si se han producido algunas operaciones de concentración de empresas de este sector sin contar con la preceptiva autorización de los despachos del regulador.

Los registros de oficinas arrancaron el pasado 8 de septiembre y se alargaron hasta el día 10. Durante esos tres días, agentes de la CNMC se personaron en las instalaciones de varias compañías del sector en busca de pruebas que pudieran demostrar alguna práctica contraria a las leyes básicas de competencia. Según un comunicado publicado ayer por la CNMC, las compañías que han sido escudriñadas en los últimos días podrían haber vulnerado varios artículos de la Ley de Defensa de la Competencia. Y lo habrían hecho con infracciones que van desde las graves hasta las muy graves. Las suspicacias del regulador no se quedan solo ahí. Porque sospechan que los implicados se habrían coordinado previamente para suministrar al regulador información incompleta, incorrecta, engañosa e incluso falsa y así escapar del control de correcta competencia.

La visita a las sedes de las empresas investigadas supusieron la reactivación de la rama inspectora de la CNMC, que tampoco escapó a los efectos del coronavirus y tuvo que paralizar sus actividades como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia.

Infracciones muy graves

Las empresas se enfrentan a sanciones realmente importantes. Y es que, tal y como recuerda la CNMC, los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Tal es la importancia de la infracción, que las multas pueden ascender hasta el 10 % del volumen de negocio total de las firmas infractoras.

Eso sí, aclaran desde el organismo que los registros llevados a cabo la semana pasada suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas. Sin embargo, estas no prejuzgan el resultado de las pesquisas ni la culpabilidad de las empresas involucradas. «Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador», resumen desde el organismo.

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