El Gobierno da el primer paso para derogar parte de la reforma laboral

Enmendará la ley para devolver protagonismo a la negociación colectiva


Comienza la cuenta atrás para la derogación —parcial, eso sí— de la reforma laboral que implantó el Partido Popular en el 2012. El primer paso lo dio hoy el Consejo de Ministros al introducir en sus prioridades legislativas para lo que queda de año tres proyectos de ley con los que tratará de acabar con algunos «males endémicos» del mercado laboral, como subrayó al término de la reunión la vicepresidenta primera el Gobierno, Carmen Calvo.

A pesar de las discrepancias internas en torno al momento y el grado de ambición de la contrarreforma, el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a cristalizar algunas de las promesas del programa con el que llegó a la Moncloa. Entre ellas, la de conceder más protagonismo a la negociación colectiva. «Garantizar la centralidad de la negociación colectiva y recuperar los derechos laborales arrebatados fue desde el primer momento un compromiso de Gobierno», aseguró ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En virtud de lo acordado, el equipo económico de Sánchez tendrá que consensuar con patronales y sindicatos la recuperación de la ultraactividad, por la que un convenio se podía prorrogar sine die hasta acordar uno nuevo. Al menos hasta la reforma laboral del 2012, herencia de Mariano Rajoy, que introdujo plazos, de tal forma que un convenio denunciando ya no podía seguir vigente más allá del primer año de prórroga. Al expirar la fecha, sus efectos dejan de aplicarse, dejando las decisiones en materia laboral en manos de la empresa, interesada en postergar cualquier acuerdo en caso de necesitar acometer ajustes de envergadura. Los esfuerzos por recuperar el peso de los convenios sectoriales por encima de los de empresa exigirán también el visto bueno de la patronal.

Escenario más complejo

No será sencillo. Los empresarios no están dispuestos a ceder parte del poder que les confirió la reforma laboral. «Somos un Gobierno que se faja muy bien en el diálogo social, tanto con el campo empresarial como con el campo sindical y ahí estaremos constantemente», confía Calvo. Pero las cosas han cambiado mucho desde la última vez que se reunieron. Las conversaciones con la CEOE, CC.OO. y UGT serán más complejas en el escenario pospandemia.

La patronal ya ha manifestado la necesidad de contar con un marco más flexible que les ayude a ajustar plantillas y salarios para capear el temporal y evitar condenar a las empresas más asfixiadas a la quiebra. Incluso dentro del propio Gobierno ha habido voces críticas con la contrarreforma, como la de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien calificó el debate sobre su derogación de «absurdo y contraproducente». Calviño tuvo que intervenir en el mes de junio para evitar que sus socios de coalición revirtiesen las reformas emprendidas tras la crisis y cumplir con la hoja de ruta trazada junto a las autoridades europeas. A pesar de las tensiones políticas, nadie oculta los graves problemas de precariedad y desigualdad que persisten en el mercado de trabajo.

El Ejecutivo quiere soldar las grietas regulatorias por donde se cuelan nuevas modalidades de trabajo como el de los repartidores de plataformas digitales o el teletrabajo. «La reconstrucción de nuestro país exige dar pasos firmes en la protección y el impulso del empleo estable y de calidad», subrayó Díaz, después de anunciar que alumbrarán sendos proyectos de ley. La bautizada como «Ley rider» está siendo mucho más polémica ya que hay miembros en el Gobierno que quieren crear la figura del «autónomo digital» y quienes optan por reconocer su laboralidad.

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