Los empresarios exigen que la prórroga de los ERTE se abra a todos los sectores

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSE PARDO

Fedea plantea levantar la prohibición de despido para los negocios que lo necesiten para sobrevivir

07 sep 2020 . Actualizado a las 14:33 h.

Sin discriminaciones. Ni por sectores ni por volumen. La prórroga de los ERTE que hoy se sigue negociando a nivel técnico debería abrirse a todas las empresas que lo necesiten. Es la demanda que lanzó esta mañana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: «Esta herramienta debe ponerse encima de la mesa en las empresas con un problema de demanda, con un problema real. Es muy difícil dividir por sectores, porque todo está entrelazado. Cuando hablamos de turismo no hay que referirse solo a aerolíneas o agencias, también a otros como fábricas de pirotecnia, mantenimiento de aire acondicionado de hoteles, el sector de la alimentación y las bebidas...», deslizó en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press. 

La intención del Gobierno es la de no ir más allá de los ERTE de rebrote y sufragar solo los costes laborales de las empresas que se vean obligadas a cerrar por el decreto de nuevos confinamientos. También ceñir la ayuda en función de cómo afecten las restricciones a ciertas actividades sensibles que hoy la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, extendió a la «cadena de valor del turismo» como el transporte aéreo, marítimo, fluvial, las agencias de viajes, el ocio y las actividades culturales: «Somos conscientes de que están sufriendo mucho», admitió. 

Baja remunerada

Donde parece haber consenso es en la necesidad de no poner fecha límite a los ERTE. Aunque Garamendi reiteró en varias ocasiones el deseo de los empresarios de prolongarlos hasta junio del 2021, lo cierto es que la patronal prefiere dejar la puerta abierta a las negociaciones que también están girando en torno a la baja remunerada para los padres con hijos en cuarentena. Los empresarios urgen al Gobierno a presentar una propuesta final de carácter temporal: «Mucho cuidado con regular cosas que luego se quedan en el tiempo», deslizó Garamendi antes de lanzar un mensaje a Sánchez: la baja no puede ser cargada sobre los hombros de las empresas. «Tendrá que poner el Estado un dinero adicional», puntualizó. Tanto para los padres de niños contagiados como para la incapacidad temporal indirecta.

Ajustes de plantilla

Al margen de la extensión de los ERTE, las asociaciones de autónomos reclamaron esta mañana al Gobierno que también extienda la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores por cuenta propia. Sus estimaciones apuntan que unos 200.000 autónomos podrían abandonar su trabajo en el 2020. Por eso también reclaman nuevos «ajustes fiscales» para que este colectivo, al que el próximo día 20 se le acaba el plazo para hacer frente a las obligaciones fiscales ordinarias de los aplazamientos durante la pandemia, pueda recibir un nuevo balón de oxígeno. De lo contrario, «tendremos problemas de solvencia económica a partir del día 20 de septiembre», aseguraran.

Son muchos los expertos que ya venían anunciando un «otoño caliente», acompañado de despidos y quiebras empresariales a medida que el Estado vaya retirando la respiración asistida al tejido productivo. Ante la imposibilidad de reanudar la actividad con normalidad o de facturar en niveles óptimos para mantener a sus plantillas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha sugerido hoy que se levante la prohibición de despedir durante los seis meses posteriores a la firma de un ERTE en una empresa. Su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, considera que lo más urgente es flexibilizar el rígido marco español para evitar la destrucción de tejido empresarial y aliviar la carga sobre las compañías. Fedea plantea la posibilidad de formar y recolocar de nuevo a los trabajadores despedidos de las empresas modernizando los servicios públicos de empleo. Hasta ahora los empresarios se enfrentaban a penalizaciones muy duras, con la devolución de todas las cotizaciones exoneradas, en caso de infringir la regulación de los ERTE y despedir trabajadores. 

En cuanto al marco fiscal, Fedea considera que el Ejecutivo debería empezar a preparar un plan de ajuste para el año 2022. Hasta entonces, sostienen que no es momento de subir impuestos. Sí habría que ir preparando el camino para una «revisión profunda» del sistema tributario, ampliando las bases, reduciendo los beneficios fiscales y rediseñando los tipos reducidos del IVA