Economía tendrá la última palabra en la fusión entre Bankia y Caixabank

El vicepresidente catalán urge al Estado a salir cuanto antes del nuevo banco


Redacción

Se darán toda la prisa que quieran en pactar los términos de la fusión, pero la última palabra en la integración que persiguen Bankia y Caixabank la tiene Nadia Calviño. Mejor dicho, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Así lo sostienen fuentes financieras consultadas por Europa Press, que apuntan también que la bendición, de llegar, se daría después de escuchar al Banco Central Europeo (BCE), al que el Gobierno español pedirá un informe sobre la operación diseñada para fundir el banco participado en casi un 62 % por el Estado con la entidad catalana, que aún no ha acabado de digerir su última adquisición, el portugués BPI.

El papel que el BCE debe tener en una fusión lo marca la normativa del país o países en los que tengan su sede las entidades afectadas, ya que este tipo de operaciones no se regulan en el Derecho europeo, sino en el nacional. Y la legislación española hace recaer la última palabra en una operación de estas características sobre el Ministerio de Asuntos Económicos. En cualquier caso, el papel del BCE podrá cobrar una relevancia mayor en función de la estructura de la operación. En cuanto al contenido de ese informe, no parece que el regulador comunitario vaya a constituir un obstáculo a la fusión, toda vez que el consejo de supervisión de la institución anunció en julio pasado su intención de facilitar la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras. Así, entre otras medidas, no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión.

Salida del Estado

Todavía están por amarrar los mimbres de la operación que se presenta como la avanzadilla de una segunda oleada de fusiones y adquisiciones en el sistema financiero, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, ya está mostrando al FROB el camino de salida de la entidad resultante, por temor a injerencias políticas. En una entrevista concedida a Efe, el dirigente catalán señaló que «debería haber un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado», que culminase con una salida lo más rápida posible, «para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas». Aragonés cree que «no es normal ni usual que el Estado tenga una participación tan significativa, del 14 %, en una entidad tan significativa». Tanto, que podría dar origen al mayor banco de España.

No comparten la visión del vicepresidente catalán los Comunes. Al contrario, opinan que el Estado debe continuar en el accionariado de la entidad resultante. «El Estado inyectó 24.000 millones en Bankia; tiene que hacer valer su posición de segundo accionista para que el nuevo grupo ejerza funciones de banca pública», apuntó el eurodiputado Ernest Urtasun.

El anuncio de la posible fusión entre las dos entidades, una vinculada tradicionalmente a Madrid y otra a Cataluña -por más que una y otra tengan su sede en Valencia- ha reavivado las rencillas territoriales y levantado ampollas sobre una eventual pérdida de peso del sistema financiero catalán. El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, aseguró este fin de semana que la fusión de Bankia con Caixabank, de llevarse a cabo, «será un paso más para concentrar el poder en Madrid y alejarse de los orígenes catalanes para siempre». A su juicio, «es cuestión de tiempo que la Caixa sea plenamente españolizada para siempre» y lamenta que las cajas catalanas hayan sido absorbidas por bancos ajenos a Cataluña. «La España vaciada también en el sector bancario», ironizó.

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