Se cumple un decenio de la reforma laboral que abarató el despido

La efeméride se produce en un mercado laboral marcado por la pandemia y con el compromiso del Ejecutivo de revisar el marco laboral español


madrid

La reforma laboral del 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que conllevó abaratar los costes de despido en España, cumple diez años la próxima semana, en un mercado marcado por la pandemia del covid-19 y con el compromiso del actual Ejecutivo de revisar el marco laboral español.

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo se aprobó en el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre del 2010 con varios puntos especialmente controvertidos y se tuvo que enfrentar a finales de aquel mes, el día 29, a una huelga general.

Sin lograr el acuerdo con patronal y sindicatos, esa reforma laboral fue un intento por parte del Gobierno de ayudar a atajar la crisis económica y financiera que ya azotaba a la economía española.

El primero de esos puntos incluyó que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no solo cuando las compañías tuvieran pérdidas, sino también cuando previeran tenerlas, o incluso ante una persistente caída de ingresos.

También generalizó el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.

Además, estableció mayor control sobre los desempleados, que desde entonces pueden ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilitó el despido por faltas al trabajo y rebajó al 2,5 % el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

Vuelta de tuerca

Dos años después, en la reforma que impulsó el PP en 2012, se endurecieron muchos de esos aspectos. Con el real decreto ley «de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», el Gobierno de Mariano Rajoy generalizó la indemnización de 20 días por despido, creó un nuevo contrato indefinido para las pequeñas y medianas empresas, limitó la prórroga de los convenios y cifró en 9 meses la caída de ventas o ingresos que justifican el despido objetivo, entre otros muchos aspectos.

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