Fedea alerta de que la pandemia ha disparado el paro de larga duración en 208.000 personas

La institución ve «seriamente amenazada» la recuperación del sector turístico y la hostelería por los rebrotes


Madrid / La Voz

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta del impacto que la pandemia está teniendo en el mercado laboral y, especialmente, en los parados de larga duración (los que llevan más de doce meses sin empleo), que desde febrero se han incrementado en 208.000 personas, lo que supone casi un 17 % más.

En su quinto boletín de seguimiento de la crisis provocada por el coronavirus, el organismo subraya que, a pesar de la evolución «tan positiva» del empleo en julio, la mejoría ha tenido un «impacto desigual» en los parados, dependiendo precisamente de la duración del desempleo. En concreto, destaca que mientras que el paro de corta duración ha caído notablemente (entre junio y julio retrocedió en 133.000 personas), el de larga duración ha seguido incrementándose desde febrero, sumando más de 200.000 nuevos desempleados. «De esta forma, al igual que en anteriores crisis económicas, vuelve a reproducirse uno de los problemas socialmente más costosos y más difíciles de resolver», advierte.

También detalla que las actividades más afectadas por la crisis del covid-19 y que se ven «seriamente amenazadas» por los rebrotes que se están registrando en el país en las últimas semanas se concentran en el sector turístico y en ciertas ramas de servicios, como la hostelería -restauración y alojamiento-, las actividades deportivas y de entretenimiento, que en julio habían perdido entre uno y dos tercios de su ocupación normal. Sin embargo, el organismo también considera que la actividad «parece haber tocado ya fondo» y haber dado paso a un «incipiente proceso de recuperación», cuyo arranque sitúa en mayo para la construcción y en junio para el resto de sectores.

En el boletín, que recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, Fedea apunta que en el segundo trimestre se observa una «clara recuperación», con una mejora de diez puntos en el índice de actividad global basado en el PIB. Los sectores más afectados por el impacto inicial mejoran sensiblemente, destacando la construcción, cuyo índice de producción relativa se dobla entre los dos períodos. No obstante, los niveles de actividad de algunos sectores continúan siendo «extremadamente bajos», destacando comercio, transporte y hostelería, que apenas superan el 50 % de su nivel normal de actividad. Advierte de que la amenaza para la recuperación en dichos sectores, por los rebrotes y las restricciones impuestas a los viajes a España por algunos países emisores de turistas, es especialmente intensa en los territorios con mayor peso del sector turístico, como Canarias y Baleares.

También explica que, aunque los ingresos tributarios siguen empeorando debido al retardo existente entre actividad y recaudación, el gasto en prestaciones por desempleo y contingencias similares ha comenzado a reducirse significativamente, y el consumo y la contratación han empezado a reanimarse tras el fin del confinamiento. 

Reclama el «buen uso» de los fondos europeos

En relación con las medidas puesta en marcha para contener la crisis, Fedea recuerda que «la principal novedad» desde la publicación de su anterior boletín proviene de Bruselas, tras la aprobación del fondo europeo de recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, entre préstamos y ayudas no retornables, de los que se calcula que a España le corresponderán unos 140.000. Al respecto, insiste en la necesidad de diseñar los mecanismos precisos para la puesta en marcha de los planes de recuperación que aseguren «el buen uso» de dichos fondos y la «rigurosa selección» de los proyectos a financiar, algo que considera ha de ser una de las «prioridades» de las próximas semanas o meses.

Revisar la normativa concursal

Otras dos cuestiones «prioritarias» para Fedea a muy corto plazo son la preparación del próximo curso escolar y la adaptación del marco legal y el sistema judicial para lidiar con la «esperable avalancha de quiebras y reestructuraciones empresariales» que se producirá en los próximos meses.

A un mes del inicio de un curso que estará marcado por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, opina que «no está claro que se estén tomando las medidas necesarias para asegurar que los centros escolares contarán con los medios humanos y tecnológicos necesarios para cumplir su función en circunstancias que pueden ser muy complicadas».

Ve similar la situación en relación con los mecanismos existentes para lidiar con las dificultades financieras a las que se enfrentarán muchas empresas en los próximos meses, incluyendo previsiblemente a numerosos beneficiarios de los préstamos garantizados del ICO. Por ello considera que el Estado debería revisar la normativa concursal en vigor y la regulación de las garantías del ICO para adaptarlas a la situación actual y dotar a los procesos de reestructuración y liquidación empresarial de la mayor agilidad y flexibilidad posibles.

Entre otras cosas, ve necesario evitar que las entidades se vean empujadas a ejecutar la garantía del ICO de forma prematura ante el miedo a perderla en caso de una reestructuración del préstamo, ya que lo que facilitaría la operativa sería la consolidación de las deudas con todas las administraciones (Seguridad Social, Hacienda y garantías del ICO) en una masa única negociable como parte del proceso de reestructuración, con un único representante y la renuncia general a los privilegios habituales de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos.

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