Alcoa da por roto el diálogo y decidirá en dos semanas si cierra San Cibrao

Su última oferta: cambiar un ERE por un ERTE si fracasa la venta a Liberty


redacción / la voz

Alcoa da por rotas las negociaciones con los sindicatos sobre el despido colectivo de 534 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao (Cervo). «Ha sido inviable una solución acordada a la crítica situación que sufre la planta, con pérdidas semanales superiores al millón de euros», explica la empresa. Representantes de la multinacional y de los trabajadores estaban citados este jueves en Lugo para dar por finalizado el período de consultas con la firma del acta de la última reunión. Pero los de Alcoa aseguran que no pudieron entrar porque «un importante grupo de personas con monos de trabajo y distintivos de la planta de San Cibrao han impedido su acceso con intimidación y violencia». Fuentes sindicales se desvincularon de los incidentes, que calificaron de un hecho aislado. En todo caso han solicitado una nueva reunión para zanjar un trámite formal del ERE que rechazan.

Superado el período oficial de consultas, la empresa cuenta con quince días para decidir si ejecuta o no el despido colectivo. Para los sindicatos, la cuenta atrás no ha comenzado, ya que el acta que queda pendiente no se ha firmado porque ha sido imposible, no porque se hayan negado a ello. La empresa sí da por iniciado ese tiempo de descuento.

La multinacional lamentó la falta de acuerdo y la cerrazón sindical, más cuando estaba dispuesta a negociar la venta de la planta con Liberty House durante seis semanas, sin parar durante ese tiempo las cubas donde se fabrica el aluminio —condición ineludible para los sindicatos—. Exactamente del 10 de agosto al 20 de septiembre.

En el supuesto de que esas conversaciones no llegaran a buen puerto, Alcoa iniciaría la hibernación de las cubas, un proceso que llevaría cuatro meses, y aplicaría un ERTE hasta el 31 de julio del 2022. Según la empresa, durante ese período se analizaría la viabilidad de la producción de aluminio primario. «Si se produjera un cambio de circunstancias que permitiera dicha viabilidad, Alcoa procedería al rearranque de las cubas. En caso contrario, se iniciaría tres meses antes de la finalización del ERTE la negociación de un despido colectivo», señala el grupo estadounidense.

En realidad, esta propuesta se aproxima bastante a la defendida por los sindicatos. Pero con un matiz: Alcoa quiere que los trabajadores firmen ya esa oferta completa, es decir, un ERTE durante dos años vinculado al éxito de las negociaciones con Liberty. La parte social prefiere ampliar el período de consultas durante seis semanas más, durante las cuales se producirían esas conversaciones entre ambas empresas. Si fracasan, entonces sí aceptarían negociar las condiciones para un ERTE, pero no antes.

Desplante a la ministra de Industria

Alcoa no se deja presionar. Es el mensaje que parece querer transmitir el presidente del grupo en España, Álvaro Dorado, al negarse a participar el miércoles en la reunión telemática convocada por el Ministerio de Industria para forzar una alternativa al cierre de la fábrica de aluminio de San Cibrao y, por tanto, a los 534 despidos que ha puesto sobre la mesa la multinacional. Gobierno y Xunta quieren obligar a la compañía a que al menos acepte negociar una venta de las instalaciones con el grupo británico Liberty, que ha mostrado su interés.

Alcoa excusó su asistencia explicando que todavía no había finalizado las conversaciones con los sindicatos para negociar el ERE. El desaire de la empresa sentó como un jarro de fría entre los que sí se sentaron delante del ordenador para la reunión telemática. Entre ellos, la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, a la que se sumó después el secretario general, Raúl Blanco; y el conselleiro de Industria, Francisco Conde. También participaron representantes de Liberty y de los sindicatos. Pese a que faltaba el actor principal del drama, la cita continuó igual, y acabó con un tímido comunicado conjunto de apoyo al comité de empresa de San Cibrao e insistiendo en que la solución era la venta de las instalaciones.

Tanto el Gobierno como la Xunta ven con buenos ojos la propuesta de Liberty, un grupo de proyección internacional que se dedica, entre otros, al negocio del aluminio.

Fuentes próximas a la reunión calificaron el plantón de Alcoa como «un desprecio gordo» a las instituciones españolas y a los representantes sindicales. Aunque atribuyen el gesto a una muestra más del pulso que está sosteniendo Alcoa con las Administraciones. Pero no contaba con que los sindicatos y el Gobierno central le buscasen al posible comprador.

Cien millones a cambio de quedarse con A Coruña y Avilés

En el intercambio de escritos entre Alcoa y la Xunta —a cuenta de las advertencias de la autoridad laboral autonómica sobre la posible invalidación del ERE si la empresa se niega a explorar la vía negociadora con un comprador interesado en salvar la fábrica y los empleos—, el presidente de la multinacional del aluminio en España, Álvaro Dorado, lanza un aviso sobre el candidato, Liberty. Ese cuyo proyecto con tanto ahínco defienden tanto la Xunta como el Gobierno central y los sindicatos. Asegura por escrito a la Consellería de Economía, Emprego e Industria que «Syndex [consultora contratada a instancias del comité de empresa europeo de Alcoa y cuyo informe ha sido invocado también por la representación legal de los trabajadores] ya había advertido que la práctica habitual de Alliance GFG (Liberty House) es adquirir activos con dificultades y, en la mayor parte de los casos, recibiendo un importe por los mismos». Esto es, no pagando por los mismos, sino cobrando del vendedor.

La compañía pone de manifiesto un aspecto del aspirante a quedarse con la fábrica de aluminio de San Cibrao que caracterizó también al fondo de inversión Parter, seleccionado por la propia Alcoa para venderle las plantas de A Coruña y Avilés, que revendió a los pocos meses. Ese grupo firmó la compra de las instalaciones con el compromiso de mantenerlas activas y con toda la plantilla al menos durante dos años —que incumplió—. No tuvo que pagar nada por ellas. Al revés. Alcoa le garantizó una inyección económica de 100 millones durante esos dos años para el sostenimiento de las fábricas.

Las plantas están ahora en manos del grupo industrial Riesgo, que disfruta de esas condiciones económicas.

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