Las empresas rescatadas por el Estado no podrán abonar dividendos ni pagar bonus a sus consejeros

El Consejo de Ministros aprueba la letra pequeña del mecanismo dotado con 10.000 millones para salvar a empresas estratégicas, como Iberia o Globalia


Madrid | Colpisa

El Gobierno aprobó este martes la letra pequeña del fondo de rescate para que empresas estratégicas españolas que estén en graves problemas económicos a raíz del coronavirus puedan optar a un plan dotado con 10.000 millones y se salven de la quiebra. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que cualquier empresa considerada estratégica puede optar a las ayudas si su solvencia se ha visto deteriorada. Para ello, la propia compañía tendrá que solicitarlo por escrito y justificar que sin esta ayuda cesaría su actividad o tendría dificultades para mantenerse.

Desde que se aprobó la creación de este fondo el pasado 3 de julio, se ha especulado con la posibilidad de que Iberia recurriera a él, así como el grupo Globalia, dueño de Air Europa, después de trascender que negociaba con el Gobierno una ayuda económica. Esa financiación daría un respiro a Globalia, también propietario de Halcón Viajes y los hoteles Be Live, cuyo presidente, Juan José Hidalgo, advirtió hace unas semanas de que sin ayudas, el sector iba «a durar un telediario».

Algunas de las condiciones que ha puesto el Ejecutivo a las empresas que se acojan a este mecanismo son que sus principales centros de trabajo estén en España, estar al corriente de sus obligaciones tributarias, no haber entrado en situación de crisis antes del 2020 y no estar condenada por delitos económicos.

Además, las empresas tendrán que detallar que el cese de su actividad tendría un gran impacto en la economía del país y el empleo, así como ofrecer un plan de viabilidad con su previsión sobre cuándo devolverá la ayuda pública al Estado. Entre las restricciones a las que deberán ajustarse cabe destacar que no podrán llevar a cabo una política comercial agresiva ni asumir excesivos riesgos. Tampoco podrán distribuir dividendos, ni los miembros del consejo de administración podrán cobrar primas o retribución variable.

El mecanismo de apoyo se articula bien mediante la concesión préstamos participativos, de deuda convertible o de participaciones sociales. El importe mínimo será de 25 millones por beneficiario, mientras que para el importe máximo no podrá superar el patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre 2019.

El Consejo Gestor del fondo se pondrá en marcha antes de 30 días, lo que refleja «el compromiso del Gobierno para proteger el tejido productivo», señaló la ministra.

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