El Estado entra en la carrera mundial por influir con sus propias empresas

Con el fondo de rescate sigue la estela de otras potencias para condicionar las decisiones de firmas que son estratégicas


madrid / colpisa

Cuando Pablo Iglesias recordaba en un tuit el artículo 128 de la Constitución («Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general») las alarmas se encendieron en el Ibex-35. Se refería a la posibilidad de que el Estado tomase posiciones en empresas privadas, aunque lo hizo para aludir a una intervención más severa de la que ahora se hará.

Porque el coronavirus ha trastocado también los grandes principios económicos del mercado. Y las potencias, incluida España, ahora deshacen parte del camino recorrido entre los ochenta y noventa con las privatizaciones. El fondo de rescate activado por el Gobierno con 10.000 millones no servirá, no tanto para intervenir la economía de mercado, pero sí para salvar a compañías estratégicas en apuros. Estratégicas porque España se ha percatado de lo que otras economías llevan meses haciendo con algunos de sus iconos empresariales.

La participación pública en el accionariado de empresas privadas se ha acelerado con esta crisis. «Ante un descalabro, la UE ha pedido que los países fortalezcan sus inversiones para no perder sus activos estratégicos», recuerda Ángel Saz, profesor del departamento de dirección general y estrategia de Esade. El último paso lo ha dado esta semana la Comisión, al autorizar a Alemania el fondo para que ayude a sus empresas.

La línea habilitada por España, con 10.000 millones, supone «un paso más en el reequilibrio Estado-mercado», apunta Saz. Esos contrapesos son los que siguen confluyendo en el seno del Ejecutivo. De un lado, los ministros de Unidas Podemos, con llamadas a la nacionalización de determinados sectores. De otro, los del PSOE, más pragmáticos y cuyo peso se ha dejado notar en la gestación del fondo de rescate público. Esta iniciativa «no debe interpretarse como una nacionalización», explica Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE. «El objetivo no es una toma de control con ánimo de permanencia, sino mantener la solvencia y salirse una vez se refloten», aclara.

Esta carrera de participación pública no es nueva. Episodios como la presidencia de EE. UU. de manos de Donald Trump, con medidas proteccionistas; la estrategia de China para participar en el mercado con su capitalismo estatal; o la salida del Reino Unido de la UE son circunstancias bajo las que los Estados han puesto su granito de dinero en el sector privado. Lo que a partir de ahora realice España será una selección de las empresas con problemas y a las que hay que salvar casi por imperativo legal. Si en la anterior crisis ese rescate fue dirigido a parte de la banca (tiene el 60 % de Bankia), ahora todas las miradas se centran en las aerolíneas. Iberia, a través del conglomerado IAG (donde también participa British Airways y, por tanto, Reino Unido) podría ser la primera.

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