Para cerciorarse de que todas estas exigencias se están cumpliendo, el Gobierno ha habilitado a los inspectores de Trabajo y a los subinspectores la vigilancia de estas nuevas reglas. En caso de detectar una compañía que no cumple con estas obligaciones, los funcionarios podrán imponer una sanción que irá desde los 2.046 euros y podrá escalar hasta los 40.985.
