Multas de hasta 40.000 euros para las empresas que no cumplan las medidas de prevención de la nueva normalidad

Las compañías deben garantizar medidas de limpieza, desinfección y ventilación y que los empleados cumplen con la distancia de seguridad


La vuelta al trabajo y a la nueva normalidad debe de hacerse con toda la seguridad posible. Y el Gobierno quiere asegurarse de que todas las normas de los centros de trabajo se cumplen a rajatabla. No en vano, aquel que no lo haga se enfrenta a sanciones que pueden rozar los 41.000 euros. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles, los funcionarios de la Inspección de Trabajo, los de la Seguridad Social así como aquellos pertenecientes a los organismos competentes de cada comunidad autónoma estarán habilitados -de manera temporal- para vigilar que las compañías están adoptando las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del covid-19. Aquellas que no lo hagan serán castigados con multas que irán desde los 2.046 hasta los 40.985 euros. 

Según el texto del decreto de nueva normalidad, las empresas están obligadas a adoptar medidas de limpieza y desinfección y ventilación. Además, los empleados deben tener a mano gel hidroalcohólico y agua y jabón para poder higienizarse las manos en todo momento. También se deben de reordenar los puestos de trabajo y las zonas comunes para garantizar que los empleados pueden mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. 

El BOE también hace hincapié en la importancia de evitar la coincidencia masiva de personas y en la necesidad de proporcionar a los empleados equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. También inciden en la importancia de potenciar el teletrabajo siempre que sea posible y en la adopción de medidas para la «reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo».

Para cerciorarse de que todas estas exigencias se están cumpliendo, el Gobierno ha habilitado a los inspectores de Trabajo y a los subinspectores la vigilancia de estas nuevas reglas. En caso de detectar una compañía que no cumple con estas obligaciones, los funcionarios podrán imponer una sanción que irá desde los 2.046 euros y podrá escalar hasta los 40.985.

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