Sin embargo, tanto los sindicatos como el presidente del Gobierno defendieron la necesidad de abordar una reforma fiscal que Sánchez tildó de inevitable y que, expusieron, no debe centrarse solo en aumentar la recaudación sino también en repartir más equilibradamente las cargas tributarias. Ademas, los representantes de los trabajadores advirtieron al Ejecutivo que, tras unos acuerdos que obligaron a asumir muchas cesiones y que asumieron por responsabilidad de Estado, una vez entrados en una fase de normalización esas negociaciones no serán tan fáciles y puede llegar el momento en el que el Gobierno tenga que legislar sin un acuerdo previo de los agentes sociales, como a punto estuvo de ocurrir en la última prórroga de los ERTE.
Renovación de los ERTE
Precisamente, el futuro de los ERTE es uno de los puntos clave del acuerdo firmado este viernes por el Ejecutivo y los agentes sociales. En él, empresarios y sindicatos se comprometen a impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis del covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Esto es, primando los recortes de jornada sobre las suspensiones de contrato. Para ello, y de cara al fin de la actual prórroga de los ERTE el 30 de septiembre, los agentes sociales y el Ejecutivo se emplazan a diseñar un nuevo modelo de ERTE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) que sea ya permanente para que en el futuro puedan recurrir a él todas las compañías que atraviesen un momento de dificultad, a semejanza del modelo de países como Alemania. Un nuevo tipo de ERTE que, exponen, debe tener un «marco adecuado de contribución compartida». Es decir, con menos aportación del Estado y un mayor desembolso por parte de las propias empresas y del trabajador en forma de pérdida de salario.
