Los empresarios piden a Sánchez que no suba impuestos y este replica que la reforma fiscal es inevitable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los de los sindicatos CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, rubricaron este viernes en la Moncloa el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo. Un documento que, como reconocieron los firmantes, no tiene especial relevancia por su contenido, que es un decálogo de buenas intenciones y emplazamientos a futuros acuerdos, sino por el mensaje que lanza hacia el exterior, ante las negociaciones clave que se desarrollarán en Bruselas las próximas semanas para configurar el plan de reconstrucción comunitario y decidir el reparto del fondo, del que España aspira a obtener cerca de 150.000 millones. Quieren trasladar los agentes sociales una imagen de acuerdo y concertación para que los socios de la UE vean voluntad de avanzar en la transformación de la economía y vencer así la resistencia de los llamados países frugales (Suecia, Dinamarca, los Países Bajos o Austria) a dar dinero a fondo perdido al sur.

En el acto, los representantes de patronales y sindicatos defendieron los acuerdos alcanzados en las últimas semanas para diseñar y prorrogar los ERTE, pero avanzaron que, superada la fase crítica de la pandemia, entramos en una nueva fase en la que se debe abordar la reactivación de la economía y, especialmente, la de los sectores tractores de la misma, como la automoción o el turismo.

En el caso de las patronales, tanto Cuerva como Garamendi aprovecharon sus discursos para replicar al anuncio hecho la víspera por el presidente Sánchez sobre una posible subida de impuestos en los próximos meses. El representante de las pymes le trasladó al presidente que esa medida sería «un error», ya que aunque la subida se plantee solo para las grandes empresas, acabaría repercutiendo al resto del tejido económico, lo que podría llevar a que se lastre el crecimiento y la inversión en España. En la misma línea se pronunció Garamendi, que dijo que no es momento para hablar de subir impuestos y que habría que centrar los esfuerzos en combatir la economía sumergida, una bolsa de fraude en la que se pueden encontrar esos recursos que necesita el Estado para hacer frente a las políticas de protección social desplegadas en los últimos meses y que también supone «dumpin en vena» contra las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, tanto los sindicatos como el presidente del Gobierno defendieron la necesidad de abordar una reforma fiscal que Sánchez tildó de inevitable y que, expusieron, no debe centrarse solo en aumentar la recaudación sino también en repartir más equilibradamente las cargas tributarias. Ademas, los representantes de los trabajadores advirtieron al Ejecutivo que, tras unos acuerdos que obligaron a asumir muchas cesiones y que asumieron por responsabilidad de Estado, una vez entrados en una fase de normalización esas negociaciones no serán tan fáciles y puede llegar el momento en el que el Gobierno tenga que legislar sin un acuerdo previo de los agentes sociales, como a punto estuvo de ocurrir en la última prórroga de los ERTE.

Renovación de los ERTE

Precisamente, el futuro de los ERTE es uno de los puntos clave del acuerdo firmado este viernes por el Ejecutivo y los agentes sociales. En él, empresarios y sindicatos se comprometen a impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis del covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Esto es, primando los recortes de jornada sobre las suspensiones de contrato. Para ello, y de cara al fin de la actual prórroga de los ERTE el 30 de septiembre, los agentes sociales y el Ejecutivo se emplazan a diseñar un nuevo modelo de ERTE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) que sea ya permanente para que en el futuro puedan recurrir a él todas las compañías que atraviesen un momento de dificultad, a semejanza del modelo de países como Alemania. Un nuevo tipo de ERTE que, exponen, debe tener un «marco adecuado de contribución compartida». Es decir, con menos aportación del Estado y un mayor desembolso por parte de las propias empresas y del trabajador en forma de pérdida de salario.