El Estado avalará a las empresas electrointensivas para que contraten electricidad renovable más barata

El fondo será «clave para rebajar la factura energética», según la ministra Maroto


La Voz

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), que estará dotado con 600 millones. Se trata de avales públicos para que las industrias con un elevado consumo de electricidad firmen contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPA) procedente de tecnologías renovables.

Según la ministra de Industria, Reyes Maroto, se trata de una «medida clave para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética alcanzando un precio estable, y a hacerla más competitiva; a la vez, da seguridad y certidumbre para impulsar las inversiones en las plantas».

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó, tras el Consejo de Ministros: «Queremos generar seguridad a las empresas garantizando unos contratos que son realmente rentables y promover un acceso a una energía limpia con un precio competitivo que les permita ser atractivas», añadió.

Para que las industrias puedan obtener esas garantías para PPA, deberán contratar al menos por cinco años un 10 % de su consumo anual. El ministerio estima en más de seiscientos el número de potenciales beneficiarios, y que el 80 % de los consumidores electrointensivos podrían firmar contratos de este tipo por diez años.

La administración de la tesorería del fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros, mientras que actuará como agente gestor la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE).

María Jesús Montero avanzó que el FERGEI es el primer paso de las medidas de apoyo al sector electrointensivo —personificado principalmente en la aluminera Alcoa— que continuará, añadió, en las próximas semanas, con la aprobación del estatuto específico para el sector.

Este documento —prometido hace año y medio— contendrá otros mecanismos para abaratar la factura eléctrica de este tipo de industrias. Como bonificaciones en los cargos del recibo con los que se pagan las primas a las renovables y a las plantas de cogeneración, y compensaciones por los costes indirectos de las emisiones del CO2.

Los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria acordaron enviar alegaciones al estatuto para que incluya otras medidas, como exenciones en los peajes de transporte.

La portavoz del Ejecutivo resaltó que, en la actualidad, el precio de la electricidad en España no debería ser un problema para esas industrias, dado el fuerte abaratamiento experimentado por la luz en los últimos meses por la crisis sanitaria y el desplome de la demanda.

AEGE: «El fondo no servirá para reducir el precio a corto plazo»

La creación en sí de este fondo es insuficiente para el sector. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, considera que esta medida «no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con nuestros principales competidores», aunque «puede ayudar a algunas empresas, pero el problema mayor siguen siendo los precios que nos ofertan a un horizonte tan largo». Explica que, en la actualidad, el coste que ofrecen estos contratos a largo plazo es casi el mismo que el de mercado.

Alcoa, el principal consumidor de energía eléctrica de España, considera que los PPA son la fórmula ideal, pero que el mecanismo de avales no se podrá poner en marcha de forma inmediata, y que los primeros contratos no podrán suscribirse antes de dos años. Una vez aprobado en Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley del Fondo de Reserva de Garantías para Entidades Electrointensivas deberá seguir el correspondiente procedimiento parlamentario y ser aprobado por la Comisión Europea antes de entrar en vigor.

El sector sigue demandando completar el fondo con otras medidas de apoyo inmediato como las compensaciones por el CO2, en su cuantía máxima, de 275 millones; y convocar una subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre.

Conde: un mecanismo que no fraguará antes de tres años

En parte por el precio de la energía, en parte por la situación del mercado internacional del aluminio, la multinacional Alcoa pretende cerrar la última fábrica de metal de España, situada en San Cibrao (Cervo), y despedir a 534 trabajadores, de una plantilla total de 1.100. En una reunión reciente, el Ministerio de Industria le presentó a la empresa un plan industrial alternativo al cierre, basado en la suscripción de contratos PPA. El grupo lo rechazó y continúa con el ERE porque su aplicación no es inmediata y la planta acumula tres años de pérdidas.

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, presente en ese encuentro, se ofreció a apoyar el diseño de esos contratos bilaterales, pero «no lo vamos a poder hacer en menos de tres años», afirmó. Y, hasta entonces, ¿qué? «Alcoa no va a esperar», advirtió Conde. El conselleiro pidió una especie de «precio eléctrico puente» mientras no madura el mecanismo de los PPA.

La Xunta presentará una enmienda al real decreto de subastas de energías renovables —aprobado el martes por el Consejo de Ministros y a consulta pública desde este viernes— para que se incluyan pujas específicas para el sector electrointensivo. Entiende que esos contratos bilaterales pueden ser la solución para reducir precios eléctricos, pero no de forma inmediata.

Qué son los PPA: acuerdos bilaterales para la compra y venta de electricidad a precios estables

Power Purchase Agreement (PPA), o acuerdo de compra de energía. Es una modalidad de contrato de suministro eléctrico, suscrito directamente entre un productor y un consumidor. Ambos ganan estabilidad. El primero se garantiza un cliente fiel durante varios años (entre cinco y diez, incluso más); y el segundo, un precio fijo durante ese tiempo. Pero median unas garantías por si por el camino ocurriera algo y se incumpliesen los compromisos. Para eso servirían los avales estatales para las electrointensivas. Pero el sector avanza que la oferta actual de PPA que hay en el mercado no merece todavía la pena, pues el precio es similar al que consiguen en el mercado. Con un contrato de ese tipo en la mano como aval, el productor puede acudir a un banco para obtener financiación para ejecutar su proyecto. Iberdrola, por ejemplo, está apostando de forma importante por esta modalidad. La empresa explica que los PPA «abren muchas oportunidades para el desarrollo de proyectos renovables», pues «aportan estabilidad a las inversiones y se han convertido en una herramienta óptima para la gestión del suministro eléctrico de grandes consumidores, comprometidos con un consumo limpio y sostenible». El grupo gestiona 2.500 megavatios con PPA. En España tiene acuerdos con Euskaltel, Vodafone, Orange y Nike, entre otros.

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