El Gobierno quiere extender la prohibición de despedir a las empresas que hagan ERTE por causas económicas
ECONOMÍA
El compromiso de mantenimiento del empleo se mantendría hasta final de año
24 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno quiere extender el compromiso de mantenimiento del empleo a las empresas que realicen un expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es una de las novedades de la última propuesta remitida ayer por Trabajo a los agentes sociales para tratar de cerrar esta semana un acuerdo para la prórroga de los ERTE a partir del 1 de julio.
Hasta ahora, esa prohibición de despedir a los trabajadores afectados por la regulación de empleo durante seis meses solo afectaba a las empresas que hubiesen tramitado el expediente por fuerza mayor, porque eran las únicas que tenían sus cotizaciones sociales bonificadas. Pero ante el fin del estado de alarma y la reactivación de la economía, el Gobierno acepta bonificar con rebajas en las cuotas a la Seguridad Social a las compañías que decidan hacer ajustes parciales o de reducción de jornada. Pero a cambio les impone esa limitación de prescindir de los trabajadores afectados durante seis meses, que empezarían a contar desde la fecha de entrada en vigor del decreto.
Además, la propuesta de Trabajo también extiende a las empresas con un ERTE por causas económicas la prohibición de repartir los dividendos si antes no devuelve el dinero que se ahorró por la exoneración de las cotizaciones. Esa limitación no será de aplicación a las empresas que tengan menos de 50 trabajadores.
Además, se imponen otras restricciones a las firmas en ERTE, ya sea de fuerza mayor o por causas económicas, que tendrán vetada la realización de horas extras, la externalización de actividad y la contratación, ya sea de forma directa o a través de una ETT. De hecho, el borrador precisa que solo podrán incorporar nuevos trabajadores si los que ya tienen no pueden por «razones objetivas o justificadas» realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o la actividad que se externaliza y siempre tras informar al comité de empresa.
Rebajas entre el 30 y el 65 %
A cambio de eliminar las bonificaciones de las cuotas en los ERTE por fuerza mayor total (aquellos en los que todos los trabajadores tienen el contrato suspendido), el Ejecutivo ofrece un modelo único para el resto de los expedientes, con una mejora de las exenciones, que se mantendrían fijas durante los tres meses de vigencia del acuerdo (julio, agosto y septiembre). En propuestas anteriores, el Gobierno apostaba por una reducción gradual de los incentivos, como la que ya se aplicó en la primera fase de la desescalada, en mayo y junio
Más concretamente, las empresas de más de 50 trabajadores tendrían una exoneración del 30 % para los empleados que siguen en el paro y del 45 % para los que regresan a la actividad. Para las más pequeñas, estos porcentajes se ampliarían al 40 % para los que están con el empleo suspendido y llegarían al 65 % para aquellos que vuelven al trabajo.
Los negocios que no reabran en julio se quedarán sin ayudas
El gran escollo que señalan tanto sindicatos como patronal para llegar a un acuerdo es que en esta prórroga el Gobierno deja fuera a las empresas que en julio no hayan reanudado su actividad, ya que elimina los ERTE de fuerza mayor total. Es decir, si el 1 de julio un negocio no ha activado a ninguno de los trabajadores con el contrato suspendido no podrá acceder a los beneficios de esta nueva norma. Ni aunque se mantenga cerrado a consecuencia de las restricciones de movilidad y aforo, como así le sucede, por ejemplo, a un parque infantil de bolas. En esos casos, el empresario, salvo cambio de última hora, deberá pagar el 100 % de las cotizaciones, aunque se seguiría ahorrando el salario del empleado.