La ministra impulsa la explosión eólica y fotovoltaica para movilizar 90.000 millones
23 jun 2020 . Actualizado a las 23:07 h.Compuestas y sin novio. Así se han quedado las industrias con un elevado consumo de energía (electrointensivas), que tendrán que seguir esperando a que el Gobierno tome las medidas que les prometió para proporcionarles un marco retributivo estable que les garantice un precio eléctrico competitivo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmó el lunes que el Consejo de Ministros del martes iba a aprobar un primer mecanismo: un fondo de 600 millones en avales del Estado para que esas empresas pudiesen suscribir contratos de compra y venta de energía a largo plazo (PPA) directamente con centrales de generación renovable, a fin de obtener electricidad a un precio estable y más ventajoso durante varios años.
Finalmente, no ha sido así, y el sector —que en Galicia emplea a unas cinco mil personas— tendrá que seguir aguardando. Esto ocurre en un momento en que está a punto de quedarse sin los únicos incentivos que están en vigor: los que les proporcionó la subasta de interrumpibilidad de diciembre pasado para el primer semestre del año. El 1 de julio se quedan sin apoyos.
De todos modos, la patronal del sector considera que la aprobación de esos avales no resolverá de forma inmediata los problemas de falta de competitividad y aún aguardan medidas de emergencia como la convocatoria de una subasta de interrumpibilidad para acabar el año, y otros mecanismos prometidos en el estatuto del consumidor electrointensivo.
En lugar de los avales públicos, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para impulsar la instalación masiva de renovables. Aunque no lo parezca, podría interpretarse como un primer paso para la autorización posterior del fondo, pues los PPA están vinculados a la ejecución de nuevos proyectos de generación. Aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada de explicar la batería de medidas, no mencionó en absoluto ni el fondo de avales ni la palabra electrointensivas.
Freno a las especulaciones
El Ejecutivo tiende una alfombra roja a los promotores de nuevas instalaciones renovables. ¿Cómo? Agilizando trámites y con incentivos. Así, tal y como esperaban los sectores eólico y fotovoltaico, Ribera convocará nuevas subastas para adjudicar potencia renovable a cambio de apoyos a la energía generada en lugar de a la inversión, como las anteriores pujas.
La ministra destacó que, de esta manera, el país avanzará hacia el objetivo de que todo el parque de producción eléctrica sea renovable en el 2050 al mismo tiempo que apuesta por las tecnologías limpias como motor de desarrollo económico y de creación de empleo. Según Transición Ecológica, el plan movilizará 90.000 millones de inversión y generará entre 107.000 y 135.000 puestos hasta el 2030. El objetivo es instalar 60.000 megavatios renovables (fotovoltaica y eólica suman en la actualidad unos 30.000).
Al mismo tiempo que se facilitará la explosión de nuevas centrales, Transición Ecológica meterá mano al fin a la regulación de los permisos de conexión, de modo que caducarán aquellos que no se ejecuten. De esta manera, se pondrá coto definitivamente a los movimientos especulativos con esas licencias, pues sus titulares los utilizaban como moneda de cambio y pedían cifras astronómicas a los promotores que sí los necesitaban para evacuar la energía.
Ribera resaltó que esta «nueva revolución industrial asociada a la energía» precipitará un abaratamiento de la factura de la luz para los consumidores, pues las renovables «son ya la fuente más barata». La ministra destacó, además, el efecto multiplicador de las inversiones en renovables.
Transición Ecológica se apiada de la cogeneración y revisa al alza su retribución
El Gobierno utilizará el superávit del sistema eléctrico (cerca de mil millones) para tapar los agujeros que provocará la pandemia. La crisis provocó un hundimiento de la demanda de electricidad de un 20 % —que se ha recuperado, pero sigue con un descenso del 10 %, según la ministra—, con la consiguiente caída de ingresos; y también del precio de la electricidad en el mercado. Además, el Gobierno obligó a las empresas a aplazar cobros de facturas a los consumidores. Por todo esto, el año acabará con déficit, aunque el Ejecutivo aún no sabe con cuánto.
El sistema eléctrico generó un superávit entre el 2014 y el 2018 de 1.687,5 millones, aunque se utilizaron ya 649,8 millones para sufragar diferentes sentencias judiciales.
Además, el Gobierno actualizará la retribución a la operación de las industrias con plantas de cogeneración, cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esta medida beneficiará también a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas.
Ribera accede también a una petición unánime de las grandes eléctricas para eliminar el límite a la inversión en las redes de transporte y distribución, ambas actividades reguladas y retribuidas con dinero público. Las empresas reclamaban superar el 0,13 % del PIB nacional.
