Maroto: «Alcoa no ha invertido dinero en la fábrica de aluminio de San Cibrao»

La ministra de Industria carga contra la multinacional por amenazar con el cierre de la última fábrica de aluminio y la invita a que deje paso a otros inversores

E. Parra. POOL

La Voz

En la fábrica de aluminio de San Cibrao, propiedad de Alcoa, «no hay un problema de precio de la electricidad, sino de sobrecapacidad [productiva] y de falta de inversiones. Alcoa no ha invertido dinero en la planta». Así respondió la ministra de Industria, Reyes Maroto, a una pregunta sobre la crisis desatada por la multinacional estadounidense al comunicar, a finales de mayo, que planeaba cerrar la planta y despedir a 534 trabajadores. La empresa argumenta que la factoría acumula tres años de pérdidas (de 175 millones) por un problema de mercado -el precio del aluminio está por los suelos por la fuerte competencia del producto chino- y también de costes elevados a causa del precio de la electricidad, más alto en España que en otros países.

Maroto atribuye también esa situación de crisis a la propia gestión de la compañía, que decidió no invertir en las instalaciones durante los últimos años. 

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, destacó hace una semana que la empresa recibió casi 700 millones de euros de incentivos públicos desde el 2011 y que «desde el 2009 no ha presentado al Gobierno de España petición alguna de apoyo para planes de inversión o a la innovación industrial».

Así las cosas, la ministra instó a Alcoa a aclarar definitivamente si sigue adelante o no con el cierre de la planta y con los despidos -decisión que el Gobierno rechaza, aclaró Maroto-. Si es que sí, «le pedimos que nos deje trabajar», que deje paso a otro proyecto de inversión que garantice las «capacidades productivas» de la fábrica y la plantilla.

Le pedimos [a Alcoa] que nos deje trabajar, que deje paso a otro proyecto de inversión

El Ejecutivo central apuesta por encaminar el problema de Alcoa en San Cibrao hacia la venta de las instalaciones a otro grupo inversor, como ya se optó hace un año para salvar de un cierre inmediato a las plantas de A Coruña y Avilés, también de Alcoa. Ambas fábricas siguen activas y con sus más de 600 operarios en plantilla, de momento. 

Pero para tomar esa senda de la venta es imprescindible que la dueña de los activos la acepte y no parece dispuesta a ello. Así lo aseguraron fuentes oficiales del grupo hace unos días, quienes explicaron que esa posibilidad no es factible «ya que la producción de aluminio primario no es sostenible».

La empresa continúa con los trámites, de momento, informales, para llevar a cabo ese proceso de despido colectivo y cierre de la última planta de aluminio primario del país.

Alcoa aparte, el sector de las industrias con un elevado consumo de electricidad, como Ferroatlántica, Megasa o Celsa, están pendientes de que el Gobierno apruebe un marco retributivo estable y predecible sobre los incentivos que percibirán para garantizar la competitividad de las empresas.

Impulso al estatuto del consumidor electrointensivo

Maroto anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la próxima semana se dará un paso decisivo para sacar adelante una de las patas que conformarán el denominado estatuto del consumidor electrointensivo. Una de las medidas que incluirá será facilitar que las industrias suscriban contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo (PPA) con plantas de generación renovable. El Gobierno actuará como avalista de esos acuerdos a través de un fondo de garantía.

La ministra de Industria destacó que tras la aprobación de ese fondo de garantía se dará curso al estatuto. Este documento incluirá otras dos grandes medidas: las empresas recibirán compensaciones por los costes indirectos de los derechos de emisión de dióxido de carbono -la partida máxima anual se acerca a los 300 millones y van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado- y estarán exentas de pagar el 85 % de los cargos de la factura eléctrica destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares.

Alcoa no ve factible la venta y mantiene el cierre de la última fábrica de aluminio gallega

M. Sande

El Gobierno insta a la empresa «a que presente un plan industrial o deje paso a otras» en San Cibrao

La esperada reunión de la mesa multilateral que tuvo lugar este martes entre el Ministerio de Industria, la Xunta, Alcoa y los sindicatos no despejó prácticamente ninguna duda. La situación parece estar demasiado enquistada; las posiciones no se han movido tras este encuentro. El cierre de la única fábrica de aluminio de España, la de Alcoa en San Cibrao (Cervo) parece inevitable, al menos no se le ha puesto freno.

La decepción fue el denominador común, las «malas sensaciones», como apuntaban algunos representantes de los trabajadores. Había mucha ilusión puesta en esta reunión por parte de quienes ven sus puestos de trabajo en peligro: 534 empleos están en el aire y otros 300 en las empresas auxiliares.

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