Pablo Isla defiende la reforma laboral y pide que no se suban impuestos

Botín propone un plan de avales públicos para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda


La Voz

Pablo Isla, presidente de Inditex, inauguró esta mañana la cumbre empresarial convocada por la CEOE para contribuir al debate sobre la estrategias para «la reconstrucción económica y social» del país tras la crisis provocada por el covid-19, en palabras del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que defendió que «es la iniciativa privada la que tiene que volver a poner en marcha nuestro país y liderar nuestro futuro». 

Un papel, el de las empresas, que también defendió Isla, reivindicando el sentido de la responsabilidad demostrado por el tejido productivo durante la crisis, tanto en términos de mantenimiento del empleo como, en el caso por ejemplo de su compañía, contribuyendo a aliviar la situación sanitaria importando suministros médicos desde China o fabricando y donando material como batas sanitarias.

Sobre el futuro de la economía española, el presidente de Inditex no fue optimista en el diagnóstico. No solo porque la crisis sea de una magnitud enorme, como constatan los organismos internacionales, sino porque, cree, en España «nos encontramos en una situación peor que otros, por nuestros niveles de déficit y desempleo previos a la crisis y por la estructura de nuestra economía y tejido productivo». Un punto de partida peor que va a exigir, advierte, «mucha disciplina, audacia, madurez, un comportamiento de mucha responsabilidad, porque no hay soluciones mágicas ni fáciles». Por ello, llamó a Gobierno, partidos políticos, sindicatos y patronal a buscar los consensos más amplios posibles.

Trazo, eso sí, líneas rojas del empresariado ante esos acuerdos. Especialmente en lo que concierne a la derogación de la reforma laboral defendida por el Ejecutivo o posibles subidas de impuestos para enjugar un déficit que va a dispararse por la protección social desplegada durante el confinamiento. Entiende Isla que en esa búsqueda de soluciones para salir de la crisis «hay que huir de dogmatismos e ideas preconcebidas» e hizo una llamada a mantener la actual legislación laboral: «Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionado, no hay que revertir las reformas eficaces. La economía española necesita ser más flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la competitividad y la creación de empleo». Sobre la fiscalidad, cree que el aumento de la recaudación debe buscarse por la vía de un mayor crecimiento y no subiendo tipos.

Más allá de esos debates a medio y largo plazo, lo más urgente, apuntó, es «no descafeinar antes de tiempo las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial, como los ERTE y los avales públicos», una llamada al Gobierno, ahora que negocia con los agentes sociales, para que no limite en exceso las prórrogas de los ajustes de plantilla y permita a las empresas que usen esas herramientas como medida para adaptarse a la nueva situación económica.

Tras Isla, le tocó el turno al presidente de Mercadona. Juan Roig resaltó que, superada la crisis sanitaria, comienza otra «muy dura económicamente», por lo que, dijo, «habrá que estar preparados» y reclamó seguridad jurídica y que «se faciliten y empujen» las inversiones. Entre ellas, los 1.700 millones que su empresa destinará este mismo año a continuar con la «brutal transformación que estábamos desarrollando antes de la llegada del covid-19».

Botín pide ayudas a los jóvenes para comprar vivienda 

El primer foro de la cumbre empresarial para la reconstrucción lo protagonizaron los principales banqueros del país. Así, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, destacó en su intervención que el reto en este momento es tratar de minimizar la intensidad y la duración de la recesión, «sin generar un nuevo deterioro en la distribución de la renta y las oportunidades, y manteniendo el máximo empleo que podamos». De cara a la etapa de la reconstrucción, Botín reclamó un plan de reformas para adaptar la gobernanza económica a la nueva realidad que ha aflorado en esta crisis, con un marco legal que favorezca la digitalización o el teletrabajo.

Además, reclamó un plan de choque para la creación de empleo. Y lo centró en dos sectores. En primer lugar, el turismo, con el argumento de que una buena campaña turística este verano será fundamental para la recuperación en España, no solo por el peso de este sector en el PIB y el empleo, sino porque ayudará a mejorar las expectativas y el clima de confianza del consumidor de cara al otoño, ayudando a espolear el consumo y a acelerar el rebote. 

Puso también sobre la mesa la oportunidad para lanzar un plan de ayuda a la compra de vivienda para jóvenes. Recordó la presidenta del Santander que los menores de 35 años fueron las grandes víctimas de la anterior crisis, y que aún hoy sufren con gran intensidad el desempleo «o tienen contratos temporales, de gran precariedad y bajos salarios», lo que les ha impedido comenzar una vida autónoma. Por eso, dado que la imposibilidad de aportar la entrada de un piso es la barrera que en la mayoría de casos frena la compra de vivienda, propone salvarla con un plan de avales públicos que permitirían, según sus cálculos, que medio millón de familias pudiesen comprar su primera casa y podría generar o sostener 1,7 millones de empleos en otro sector clave de la economía española, como es la construcción.

Si Botín no dudó en afirmar que esta es la crisis más grave de cuantas ha vivido en su vida profesional, el presidente del BBVA, Carlos Torres, remarcó la urgencia de reactivar la economía «para evitar un daño irreversible». Ambos coincidieron en la necesidad de adecuar la fiscalidad para conseguir un sistema más eficiente y adaptado a la economía actual y, sobre todo, para profundizar el saneamiento de las cuentas públicas, toda vez que, como remarcó Torres, las previsiones apuntan a que España alcanzará un déficit del 12 % este año, mientras la deuda pública escalará hasta el 115 % del PIB.

Torres, que aplaudió la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y el consenso político generado en torno a esta medida, reclamó la extensión y flexibilización de los ERTE para ayudar a mantener el empleo e impedir en la medida de lo posible la destrucción de empresas y reclamó una respuesta única en el marco de la Unión Europea, «evitando que surjan diferencias en función de la capacidad fiscal que cada país».

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