Faltan tres semanas para que se agoten los fondos adjudicados en diciembre y nada se sabe de la nueva subasta para acabar el año
09 jun 2020 . Actualizado a las 09:20 h.Alcoa fabricaba aluminio primario en las instalaciones de A Coruña y Avilés hasta que en febrero del 2019 decidió apagar las cubas de electrolisis donde se elaboraba el metal. Ahora solo queda operativa en toda España la planta de San Cibrao (Cervo), sobre la que se cierne una amenaza de cierre. El problema que comparten las tres es el precio de la energía, que para una industria electrointensiva representa el 40 % de sus costes operativos. En parte, la crisis del aluminio viene de ahí.
Desde hace siete años, este sector obtiene incentivos para reducir esos gastos en una subasta competitiva, que ha repartido desde entonces más de 3.000 millones.
A cambio de ese dinero (que abonan los consumidores en el recibo de la luz), las empresas prestan un servicio al sistema eléctrico, conocido como interrumpibilidad. Las compañías se prestan a reducir consumo si es necesario para garantizar la seguridad de suministro, o por razones económicas (si los precios del mercado eléctrico suben de un tope, por ejemplo). De momento, esas subastas son la principal vía de apoyo para enfriar costes y competir con el resto de los países europeos, entre tanto no se aprueba un estatuto especial para el sector con otro tipo de incentivos, y mientras no se dote de más presupuesto a la partida para la compensación por los efectos indirectos de los derechos de emisión de CO2.
Sin embargo, las industrias están en peligro de quedarse sin una cosa y las otras. El día 30 acaba el último período de incentivos. Se subastaron en diciembre para los primeros seis meses del año. Quedan tres semanas para convocar otra puja, que la patronal del sector considera imprescindible para la pervivencia de las empresas, mientras no existan los otros mecanismos de apoyo. Pero nada se sabe aún de la nueva convocatoria.
El Ministerio para la Transición Ecológica es el responsable de regular la convocatoria y Red Eléctrica de España (REE) la organiza en función de esas condiciones. Ni uno ni otro departamento han arrojado luz sobre este asunto. Los plazos se agotan, pero todavía queda tiempo para la convocatoria.
Entre tanto, la directiva de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) se reunió este lunes con el conselleiro de Industria, Francisco Conde, precisamente para reclamar, casi con desesperación, un marco retributivo estable para el sector. Esa patronal representa a empresas como Alcoa, pero también a otras como Ferroatlántica. La Xunta estima que en total dependen de ese ramo unos cinco mil empleos en Galicia.
