El Gobierno se abre a ceder la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades el año que viene

El PP no votará en contra pero se debate entre apoyar la aprobación de la ayuda o abstenerse


Redacción / La Voz

El Gobierno abre la puerta a ceder la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades. Pero avisa de que, a diferencia de lo que ocurre con el País Vasco y Navarra, a los que se les concede la competencia ya en el arranque de la nueva prestación, el resto de las autonomías tendrán que esperar al año que viene para poder empezar a negociar la transferencia. «El Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital», anuncia una de las disposiciones del decreto publicado ayer en el BOE, que sin embargo recoge la posibilidad de que antes de ese momento se articulen mecanismos de cooperación mediante los cuales comunidades como Galicia puedan empezar a colaborar en la tramitación de los expedientes.

«Lo que hemos priorizado, y más aún con la crisis del coronavirus, es ser lo más eficaces posibles en llegar lo más rápido al mayor número de hogares y, desgraciadamente, las comunidades autónomas no han demostrado, muchas de ellas, en los años que llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces a la hora de llegar a los hogares de este tipo», justificó el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Respondía así a las insistentes demandas de los Gobiernos autónomos, también los presididos por el PSOE, como el valenciano o el aragonés, para que les cedan la competencia argumentando que tienen experiencia en la gestión de sus rentas sociales. Una experiencia que, según Escrivá, evidencia un menor éxito en la inclusión de los beneficiarios de las ayudas si se comparan las cifras con las del País Vasco y Navarra, que tienen unos programas más generosos.

El PP no votará en contra

El Partido Popular anunció ayer, por boca de la vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra, que su partido va a pedir que el decreto del ingreso mínimo vital se tramite como proyecto de ley para poder proponer cambios al texto. En todo caso, anunció que los populares no votarán en contra de la medida, dejando abierta la puerta del sí o de la abstención, matizando unas declaraciones previas del diputado lucense Jaime de Olano, que por la mañana había asegurado que el PP iba a respaldar la medida.

Un apoyo que el Gobierno no necesitaría para convalidar el decreto, tras los acuerdos alcanzados con ERC y el PNV, y que contrasta con el no anunciado desde Vox, que ha vuelto a cambiar de posición sobre el ingreso mínimo, que empezó rechazando, luego apoyó y ahora critica de nuevo. Según el eurodiputado y portavoz de la formación, Jorge Buxadé, la ayuda «cronifica y vulnerabiliza» a la población porque es permanente y no temporal para quienes se hayan empobrecido por la crisis del covid-19, y porque «alimenta la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España».

Un «efecto llamada» a la inmigración ilegal que desmintió el ministro Escrivá, que destacó que la ley impide que la Seguridad Social conceda prestaciones a los inmigrantes en situación administrativa irregular. De hecho, el decreto que regula el ingreso mínimo exige a los extranjeros probar su residencia legal en España durante al menos un año para poder acceder a la ayuda, salvo en el caso de las víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.

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