Los beneficiarios gallegos del ingreso mínimo no podrán cobrar a la vez la risga

La fijación de una renta garantizada a nivel estatal permitirá, defiende el Gobierno, garantizar un mínimo de ingresos en todo el país, frente a un escenario como el actual, en el que el nivel de protección a los hogares en riesgo de exclusión está muy condicionado por la comunidad en la que se viva, con diecisiete programas autonómicos cuyos importes mínimos oscilan entre los 400 euros de Madrid y los casi 650 del País Vasco. Sin embargo, esas diferencias no desaparecerán del todo, puesto que las comunidades podrán seguir ejerciendo sus competencias para complementar el nuevo ingreso mínimo.

Así lo destacó ayer el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que explicó que «nuestra prestación es un mínimo estatal» y que, a partir de él, cada Gobierno autónomo tendrá libertad para decidir qué quiere hacer con los fondos que hasta ahora dedicaban a sus rentas de inclusión. Pueden optar, dijo, por «reconducir recursos a otras políticas» o bien por complementar el ingreso mínimo vital con una prestación adicional.

Hasta que las comunidades redefinan sus programas, ambas rentas mínimas, la estatal y las autonómicas, podrían cobrarse a la vez. De hecho, el importe de las ayudas de inclusión ya concedidas no se tendrá en cuenta a la hora de determinar el nivel de ingresos con los que cuentan los solicitantes del nuevo ingreso mínimo vital.

Eso puede provocar, admiten desde el Ejecutivo, que se produzca una duplicidad de las ayudas en una primera fase de despliegue de la nueva prestación. Algo que, sin embargo, la ley no permite en Galicia. Y es que, como explican desde la Consellería de Política Social, la ley de inclusión gallega, que regula la risga, determina que esta es incompatible con cualquier prestación de cuantía igual o superior a las pensiones no contributivas, como es el caso del IMV. Por lo que sus actuales perceptores la perderían en caso de acceder a la ayuda estatal.

Habrá que esperar, dicen, a que pasen las elecciones y se constituya un nuevo Parlamento para que se pueda modificar la norma y redefinir la risga para hacerla complementaria del ingreso mínimo estatal.

Actualmente, la Xunta destina a la risga un presupuesto anual de 65 millones de euros y abona cerca de diez mil prestaciones cada mes. El Gobierno estima que, de media, el nuevo IMV multiplicará por cuatro la cifra de beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas, por lo que en el caso de Galicia los potenciales beneficiarios podrían rondar los 40.000, aunque no precisaron el dato. Por tamaño de los municipios, los menos poblados concentrarían más beneficiarios que las ciudades y villas.

No se cederá la gestión

Frente a las presiones de los diferentes Gobiernos autónomos, entre ellos el gallego, reclamando que se ceda a las comunidades la gestión del IMV como ya se ha anunciado que se hará con el País Vasco y Navarra, el ministro Escrivá -que explicó que ha mantenido dos reuniones bilaterales con la conselleira Fabiola García- defendió que en el caso de las comunidades forales esa delegación era obligada porque, al tener sus propias Haciendas, eran ellas las que debían controlar los requisitos de ingresos y patrimonio fijados para el acceso a la ayuda. Para el resto de comunidades de régimen común, entre ellas Galicia, ese control se establecería a través de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, por lo que enfrió la posibilidad de cualquier traspaso de la gestión a las autonomías hasta por lo menos el año que viene, argumentando que ahora la prioridad es poner en marcha de forma ágil el proceso de solicitud para llegar a cuanto más gente mejor. Una vez alcanzado ese objetivo, dijo, «iremos viendo en cada uno de los casos cómo llegamos a acuerdos de gestión de la colaboración».

Por su parte, el presidente de la Xunta, que dijo desconocer el alcance del ingreso mínimo vital, insistió en el mensaje de que las comunidades deben asumir su gestión «porque es lo que hicimos desde el principio» con las rentas de inclusión. «Espero que lo que se decidió para el País Vasco se decida para el resto de comunidades», zanjó.